A dos años del 28JUL, el tablero político de Venezuela comienza una nueva etapa ¿COMETIENDO LOS MISMOS ERRORES?
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Aunque Venezuela continúa sumida en el duelo por las más de 5.500 muertes que dejó el terremoto del 24 de junio, buena parte de los venezolanos ya arrastraba una especie de luto desde hace dos años. El 28 de julio de 2024 abrió una grieta en Venezuela que, dos años y una intervención por parte de Estados Unidos después, sigue ahí. En el centro de esa fractura está el chavismo.
Después de esas elecciones presidenciales —tras las que Nicolás Maduro permaneció en Miraflores pese a las denuncias de fraude de la oposición— el hombre que entonces ocupaba la presidencia está preso en una cárcel de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. Al mismo tiempo, una nueva negociación con el chavismo, que sobrevivió a la intervención militar de Estados Unidos del pasado mes de enero, comienza este 1 de agosto. Este arco de acontecimientos vuelven a situar a Venezuela en una encrucijada.
Las presidenciales de 2024 parecían la última recta de un desgastante maratón para alcanzar un cambio por la vía electoral. Con María Corina Machado inhabilitada para competir, los Acuerdos de Barbados prácticamente desactivados y un árbitro electoral cuestionado, millones de venezolanos acudieron a las urnas decididos no solo a votar, sino también a documentar el resultado de cada mesa. Aquella movilización ciudadana quedó como el retrato del país que busca una salida institucional a la crisis, después de más de dos décadas de chavismo.
Ese episodio tuvo una cadena de efectos que han condicionado el presente. “Sin el 28 de julio no habría existido el 3 de enero”, resume Carmen Fernández, consultora en comunicación política. El chavismo se tambaleó y optó por atrincherarse frente a una oposición que desde entonces reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia.
El Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados desagregados de la elección. Las actas recopiladas por la oposición, en cambio, dieron la vuelta al mundo. Con el 83% de los boletines oficiales emitidos por las máquinas del CNE, la oposición sostiene que obtuvo el 67% de los votos, unos 7,4 millones de sufragios, frente al 30% del chavismo, que equivalente a 3,3 millones.
Pero después de aquellos comicios llegó una de las etapas más represivas de los últimos años. Más de 2.000 presos políticos, un número indeterminado de exiliados y una intensa persecución de los organismos de inteligencia desmovilizaron a buena parte de la sociedad. Los venezolanos comenzaron a hablar en voz baja —o dejaron de hacerlo— sobre política. Los principales dirigentes opositores, entre ellos Machado, pasaron a la clandestinidad.
“En la historia de América Latina ha habido grandes fraudes electorales, pero ninguno tan descarado como este”, afirma el historiador Pedro Benítez. “Maduro quedó desnudo el 28 de julio, con cada vez menos personas dispuestas a defenderlo y una población incapaz de hacer resistencia a lo que ocurrió después”, añade, en referencia a la operación militar estadounidense del 3 de enero y al inicio de la tutela de Washington sobre el Gobierno encargado. La deposición de Maduro, a nivel internacional, generó rechazos tibios o casi nulos. Dentro del propio chavismo, la imagen de Maduro comenzó a diluirse.
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Coerción y contradicción
Dos años después, el significado político de aquellas elecciones ha cambiado. Para este 28 de julio se convocaron manifestaciones en Caracas para recordar la fecha, pero la exigencia de que se reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia ha perdido vigor frente a otra prioridad: construir una nueva ruta hacia elecciones libres y competitivas. Esa es la agenda que Washington ha impulsado a través de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, la única institución venezolana que Estados Unidos sigue considerando legítima y que conserva facultades jurídicas sobre algunos activos venezolanos en ese país.
“Aunque la gente quisiera la reivindicación de los resultados de 2024, esa posibilidad quedó descartada por Estados Unidos y por los principales actores”, sostiene el politólogo Benigno Alarcón. “Pero hay que recordar que, independientemente de los méritos de Edmundo González, la gente votó por María Corina Machado a través de él. Lo que reclama es verla gobernando”.
Aun así, el chavismo mantiene su relato. En una entrevista reciente concedida al periodista español Javier Negre, Delcy Rodríguez insistió en que Nicolás Maduro fue elegido legítimamente en 2024 y acusó a la oposición de haber falsificado las actas con las que reivindica su triunfo. Como presidenta encargada, Rodríguez encuentra hoy buena parte de su legitimidad internacional en el respaldo que periódicamente le expresa Donald Trump.
Esta misma semana el presidente estadounidense volvió a elogiarla y afirmó que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, pese al inicio inminente de la agenda de trabajo para llegar a unos comicios. Como advierte Fernández, la ventaja de Trump como negociador está en su capacidad de hacerse impredecible.
En la misma tónica del republicano se ha había expresado Jorge Rodríguez poco antes, cuando dijo que no tenían “cabeza” para pensar en un proceso electoral en medio de la emergencia. “Es hasta una grosería reunirse entre políticos para decidir quién va para el CNE”, señaló en una rueda de prensa. Pero 72 horas después tuvo que retractarse para confirmar el inicio de las conversaciones el próximo 1 de agosto.
Para Alarcón, el principal punto débil de la negociación que comienza es la ausencia de María Corina Machado. “La mesa arranca con una columna fracturada. Sin María Corina está en juego la sostenibilidad de cualquier acuerdo cuando llegue un nuevo Gobierno”, afirma. Machado y la Plataforma Unitaria han evitado cuestionar públicamente la iniciativa antes de su inicio, pese a que fueron sorprendidos por la maniobra de Washington.
Este domingo, la líder dijo en un comunicado que no participa de ella, pero que tampoco pondrán obstáculos si produce avances en la democratización del país. Fernández considera que, pese a la incertidumbre, existe un elemento claro: tarde o temprano Venezuela tendrá que relegitimar todos sus poderes mediante elecciones. “Esto no se ha presentado como una mesa de negociación tradicional, sino como una instancia para dar inicio a la transición”, explica.
El Departamento de Estado ha respaldado las conversaciones entre la Asamblea elegida en 2015 y el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. “Lo que se está definiendo ahora es el doble objetivo de esta iniciativa. Por un lado, lograr un acuerdo electoral y, por otro, tener unas bases legislativas que hagan legitima la inversión extranjera y el refinanciamiento de la deuda.
Estados Unidos está abocado a hacer grandes negocios con Venezuela, pero hay un vacío jurídico. La Asamblea Nacional de 2015, por ejemplo, no generó la ley de hidrocarburos y por eso esta tiene pies de barro”, añade la consultora.
Los analistas coinciden en que el éxito de las conversaciones dependerá de tres factores: la capacidad de presión de Washington sobre ambas partes, la rapidez con la que se produzcan resultados y la legitimidad que María Corina Machado decida otorgar al proceso.
“Solo así podría construirse una negociación relativamente equilibrada y no repetir el esquema de las 17 mesas anteriores, donde el actor con más poder terminó violando los acuerdos”, dice Alarcón. “En este caso, lo que sí está demostrado es la capacidad de coerción de Estados Unidos”. Ese debate también atraviesa a la oposición. Henrique Capriles ha defendido públicamente de la necesidad de que Machado sea involucrada. Otros dirigentes han pedido ampliar la representación opositora. La propia Dinorah Figuera terminó mencionando esta semana a la líder opositora como una figura indispensable para el proceso.
Los terremotos sacuden el tablero
Los terremotos del 24 de junio también modificaron el contexto político en el que arrancan las conversaciones. Benítez recuerda que las grandes catástrofes suelen acelerar transformaciones políticas al tensionar los sistemas de poder existentes.
Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre, cuando salió para recibir el Premio Nobel de la Paz. No ha regresado debido a las amenazas que aún pesan sobre ella, pese a la apertura política limitada que el chavismo ha tenido que aceptar desde enero. Cuando intentó volver recién ocurridos los sismos, denunció presiones del chavismo para evitar su regreso.
Mientras tanto, el oficialismo intenta capitalizar la gestión de la emergencia. “Hasta ahora se podría decir que ha ganado la carrera del terremoto”, sostiene Alarcón. “Dispone de mayor flexibilidad para movilizar recursos, ha recibido apoyo financiero internacional y las donaciones comienzan a llegar de forma más directa. Eso le da cierto oxígeno”. Sin embargo, advierte que la tragedia también ha erosionado aún más la legitimidad del Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, lo que podría impulsar nuevas protestas sociales y profundizar las tensiones internas dentro del oficialismo.
Los datos parecen apuntar en esa dirección. El último sondeo de Atlas Intel para Bloomberg, realizado después del terremoto, muestra que el 65% de los venezolanos desaprueba la gestión gubernamental frente a la emergencia. “La percepción que se ha instalado es que el chavismo no solo es incompetente, sino que actuó con una negligencia criminal, que el Estado venezolano perdió la capacidad de proteger a sus ciudadanos”, concluye Fernández. En las conversaciones del 1 de agosto se verá si este escenario y los factores que condicionan el actual tablero político son suficientes para terminar de abrir una transición en Venezuela.
Con información de El País.
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