ABREN INVESTIGACIÓN contra la canciller colombiana: por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Laura Sarabia señalada por un presunto aumento irregular en su patrimonio desde su llegada al gobierno del presidente Gustavo Petro
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, inició una investigación formal contra la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia.
La investigación tiene que ver con una denuncia interpuesta en junio de 2024 por la Red de Veedurías Ciudadanas, informaron medios de Colombia.
De acuerdo con el abogado Pablo Bustos, es necesario que la Fiscalía indague en las finanzas de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), exjefa de Gabinete y ahora canciller de Colombia.
En su criterio, hay un enriquecimiento ilícito que llevó a un lavado de activos.
“A efecto de que se investigue y determine la posible comisión o no de hechos punibles, que refieren a funciones del más alto nivel estatal, de cuenta del ejercicio de funciones relacionadas directamente con la dignidad presidencial y congresual, expresado en presuntos hechos de inobjetable relevancia nacional”, señaló la denuncia.
Esta también incluyó a quien era el esposo de Laura Sarabia, al inicio de su gestión en el Gobierno nacional, Andrés Parra.
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Advierte la Red de Veedurías Ciudadanas que es necesario establecer la legalidad de los bienes que han sido adquiridos por estas dos personas y que podrían convertirse en un incremento patrimonial injustificado.
“Se pide que se investiguen y determinen los responsables materiales e intelectuales por los presuntos hechos punibles relacionados con los hechos puestos en conocimiento en el presente escrito, que en lo relativo al presunto enriquecimiento ilícito se solicita se investiguen los denunciados desde la posesión del actual presidente de la República, doctor Gustavo Petro, hasta la fecha”, dijo el abogado Bustos.
La investigación en la Fiscalía, de acuerdo con la denuncia, señala que en el caso de Andrés Parra pasó de tener un pequeño patrimonio, a una cantidad de bienes que resulta necesario establecer la legalidad de su origen, la forma en la que fueron adquiridos y los soportes necesarios de su propiedad.
Con la denuncia, la Fiscalía tendrá la obligación de establecer la responsabilidad que se atribuye en la misma, adelantar los actos de investigación necesarios y de confirmar lo que aparece en esa denuncia, y continuar con el proceso o, de lo contrario, archivar las diligencias y la investigación contra la canciller.
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