Adiós a la nacionalización del petróleo: LO HAY DETRÁS de la reforma de la Ley de Hidrocarburos
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Los legisladores aprobaron en una votación final el jueves una amplia reforma a la principal ley petrolera de Venezuela después de endulzar una propuesta de la presidenta encarada Delcy Rodríguez para reducir los impuestos, ampliar el poder de decisión del Ministerio de Petróleo, otorgar autonomía a los productores privados y posibilitar transferencias de activos y subcontrataciones.
Se espera que los cambios fomenten aumentos en la producción de petróleo y gas y la inversión extranjera luego de un plan de reconstrucción de 100 mil millones de dólares para la industria propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump este mes, después de que el ejército estadounidense capturara a Nicolás Maduro.
La reforma acelerada de la columna vertebral de la industria petrolera del país sigue a 20 años de estricta nacionalización y expropiación de activos que anteriormente pertenecían a empresas extranjeras, incluidas las principales petroleras estadounidenses Exxon Mobil (XOM.N). y ConocoPhillips (COP.N), que no han sido totalmente compensados después de años de arbitrajes y demandas.
“Hemos logrado la aprobación unánime de una reforma a la ley de hidrocarburos que hará más competitiva la contratación de empresas nacionales y extranjeras para extraer recursos de la mayor reserva petrolera del mundo”, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Como lo prometieron los funcionarios estadounidenses, la administración de Trump alivió las sanciones a la industria energética venezolana relacionadas con sus exportaciones de petróleo a través de una licencia general poco después de la aprobación de la reforma.
La propuesta fue presentada, discutida y aprobada en menos de dos semanas. Trump afirmó que controlaría los ingresos petroleros de Venezuela indefinidamente tras un acuerdo emblemático de suministro de 2.000 millones de dólares entre Caracas y Washington.
Muchos potenciales inversionistas petroleros consideraron que la reforma era "suficientemente buena" para estimular la inversión inicial para recuperar la agotada industria del país miembro de la OPEP, mientras que exfuncionarios venezolanos la han calificado de inconstitucional.
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Lo que la ley permitirá
La nueva ley permitirá a los productores privados operar proyectos bajo nuevos contratos petroleros o en empresas mixtas, incluso si son accionistas minoritarios. Están obteniendo la largamente anhelada autonomía para comercializar la producción y los ingresos en efectivo fuera del control de la empresa estatal PDVSA.
La reforma también formaliza un modelo de producción petrolera compartida, introducido inicialmente por Maduro y negociado con empresas energéticas poco conocidas en los últimos años. Políticos y expertos han advertido sobre el secretismo de estos acuerdos y el potencial de corrupción debido a la laxa regulación.
Los cambios al texto, añadidos en los últimos días, allanaron el camino para la reducción del impuesto sobre la renta para proyectos energéticos y la eliminación de una serie de impuestos adicionales.
Sin embargo, se introdujo un nuevo "impuesto a los hidrocarburos", aún pendiente de regulación en una legislación independiente, lo que pone en duda la intención de Caracas de reducir realmente la recaudación del gobierno, una de las más altas de Latinoamérica.
Las propuestas hechas a último momento por legisladores de la oposición para otorgar transparencia, limitar los poderes del ministerio y mantener el poder de aprobación de la Asamblea Nacional sobre los contratos petroleros fueron rechazadas.
La comisión de energía de la legislatura recibió unas 120 propuestas para modificar la ley, dijo el legislador Orlando Camacho, aliado del gobierno.
Recientemente se agregó a la reforma la posibilidad de transferir activos petroleros que actualmente son propiedad y están operados por la petrolera estatal PDVSA, y de externalizar la operación de los campos petroleros bajo el nuevo modelo de contrato.
Se espera que esos contratos de producción compartida se firmen mientras el gobierno realiza una evaluación durante los próximos seis meses de docenas de empresas mixtas de petróleo y gas controladas por PDVSA, el modelo que ha dominado la industria desde que se aprobó la ley de hidrocarburos anterior en 2001.
La Asamblea Nacional perdió su anterior autoridad de aprobación de contratos, y el Ministerio de Petróleo -actualmente también controlado por Rodríguez- asumió casi todo el poder para firmar contratos y dar luz verde a cualquier cambio de términos.
Con información de Reuters
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