Aida Merlano es sentenciada a 42 meses por su fuga de 2019 tras acuerdo con la Fiscalía
La condena contra Aida Merlano quedó en firme tras la aprobación del preacuerdo con la Fiscalía. La excongresista recibió 42 meses de prisión por su fuga de 2019, pero no obtuvo detención domiciliaria.
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La condena contra Aida Merlano fue oficializada este jueves en Bogotá luego de que la juez 18 de Conocimiento aprobara el preacuerdo firmado entre la excongresista y la Fiscalía General. Merlano recibió una pena de 42 meses de prisión por el delito de fuga de presos, tras aceptar su responsabilidad por la espectacular huida ocurrida el 1 de octubre de 2019, cuando escapó de un consultorio odontológico en el norte de la capital.
Durante la diligencia, la juez negó cualquier beneficio de prisión domiciliaria y señaló que Merlano es una persona que, a juicio del despacho, “ha demostrado transgredir de manera reiterada la ley”.
Merlano aceptó responsabilidad y pidió disculpas públicas
En la audiencia previa al fallo, la excongresista se declaró culpable y ofreció disculpas por su actuar. Desde el centro de reclusión recordó los siete años que ha permanecido privada de la libertad, incluidos los tres que pasó en Venezuela.
Afirmó que su arrepentimiento no se centra en la fuga, sino en los delitos que la llevaron inicialmente a prisión. “Quizás ahora mismo no quiero salir de donde estoy porque he encontrado tranquilidad. Me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”, declaró.
Merlano también describió las condiciones adversas que vivió en territorio venezolano y pidió que cesen las agresiones mediáticas y los señalamientos constantes.
La juez negó la casa por cárcel tras evaluar antecedentes
A pesar del preacuerdo y de la colaboración de Merlano con la justicia, la juez concluyó que no había condiciones jurídicas ni personales para otorgarle el beneficio de detención domiciliaria. Recordó que la excongresista acumula dos condenas adicionales impuestas por la Corte Suprema de Justicia: Cinco años por superar topes de financiación electoral. Once años y cuatro meses por compra de votos.
El despacho consideró que este historial evidencia un patrón de incumplimiento legal incompatible con medidas alternativas a la cárcel.
El fallo de 42 meses deberá cumplirse en centro penitenciario, mientras la Fiscalía y la defensa avanzan en otros expedientes que continúan vigentes.
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