AISLADOS del MUNDO: HRW alerta sobre la situación de los presos políticos en Venezuela
La detención prolongada en régimen de incomunicación puede equivaler a tortura
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Decenas de presos políticos en Venezuela llevan semanas, meses y, en algunos casos, más de un año detenidos en régimen de incomunicación, denunciaron Human Rights Watch y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE).
“Los casos de presos políticos aislados completamente de sus familias y abogados son un ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión en Venezuela”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
“Los gobiernos extranjeros no deben escatimar esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación de estos detenidos”, agregó.
Human Rights Watch y el CLIPPVE documentaron 19 casos de detención en régimen de incomunicación. Las organizaciones entrevistaron a familiares de los detenidos y revisaron documentos y solicitudes presentadas por las familias y sus abogados ante las autoridades venezolanas para pedir derechos de visita, todas ellas sin respuesta.
En la mayoría de los casos documentados, las personas detenidas tenían vínculos con partidos políticos de la oposición y se les ha impedido recibir visitas o realizar llamadas telefónicas desde el día de su detención.
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Algunos casos
El 24 de agosto de 2025, las autoridades venezolanas liberaron a 13 presos políticos, algunos de los cuales habían permanecido en régimen de incomunicación. Entre ellos se encontraba Américo De Grazia, líder opositor del estado Bolívar y miembro del equipo de campaña de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Hombres encapuchados lo habían privado de la libertad el 7 de agosto de 2024, cuando se dirigía a una cita médica. Su familia pasó más de 380 días sin poder comunicarse con él.
La mayoría de los detenidos en régimen de incomunicación están en el centro de detención del Helicoide, un antiguo centro comercial de Caracas que funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas ha concluido que el Helicoide cuenta con salas de tortura.
Freddy Superlano, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, permanece incomunicado desde que unos hombres encapuchados lo privaron de la libertad el 30 de julio de 2024.
El 6 de agosto, un funcionario del SEBIN en el Helicoide confirmó que se encontraba allí. Su esposa dijo que solo sabía que estaba vivo porque los guardias de la prisión le entregaban su ropa sucia y pequeñas notas escritas por él, en las que le pedía que le lleve artículos de primera necesidad.
El 31 de agosto de 2025, su esposa fue informada extraoficialmente de su traslado junto con Roland Carreño, periodista del mismo partido incomunicado desde el 2 de agosto de 2024. Las autoridades no han confirmado su paradero.
Otros presos políticos están recluidos en Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad en el estado Miranda. Los presos políticos, incluidos los extranjeros, recluidos allí, han pasado meses en régimen de incomunicación. Sin embargo, en mayo se permitió a algunos de ellos hacer una llamada telefónica.
El gobierno los ha negado
En muchos casos, las autoridades negaron de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional.
Esto obligó a las familias a buscar a los detenidos en centros de detención e incluso en morgues. Muchas familias lograron conocer el paradero de sus seres queridos solo a través de pistas extraoficiales, cuando los guardias del centro de detención aceptaban recibir sus pertenencias personales, o mediante llamadas de los defensores públicos, a menudo varios días después de la detención.
Incluso cuando las familias lograron conocer el paradero de los detenidos, se les negó sistemáticamente el derecho a visitarlos. Muchos familiares afirmaron que la única prueba que tienen de que sus familiares siguen vivos son la ropa sucia y las notas escritas de puño y letra por los detenidos que reciben en la cárcel.
Algunas familias que viven en otros estados del país deben viajar cientos de kilómetros hasta Caracas solo para mantener estos mínimos contactos.
Enfermos y desatendidos
Algunos presos padecen enfermedades preexistentes que requieren tratamiento médico, mientras que otros parecen haber desarrollado problemas de salud durante su detención. Los familiares dijeron que no han recibido información oficial actualizada sobre su estado de salud ni recetas médicas formales para medicamentos.
Muchos de los presos se enfrentan a cargos de “terrorismo” e “incitación al odio”. Se les acusa de financiar o promover “actos desestabilizadores” y de conspirar contra el gobierno de Maduro.
En muchos casos, fueron acusados en audiencias virtuales, en las que se les negó el derecho a un abogado de su elección. En algunos casos, las familias presentaron escritos designando abogados particulares, pero estos fueron rechazados porque los detenidos no podían firmarlos, ya que se encontraban recluidos en régimen de incomunicación. A menudo, los familiares solo fueron informados de estas audiencias después de que se llevaron a cabo.
“La única forma que tenemos de demostrar nuestro amor y que pensamos en ellos es enviándoles comida, ropa y medicamentos”, dijo un familiar.
Pero el 4 de agosto de 2025 las autoridades del Helicoide restringieron las entregas de comida y artículos personales a los viernes, poniendo fin a las entregas diarias de alimentos y a los envíos de paquetería que antes podían hacerse varios días a la semana.
En otros casos, las autoridades penitenciarias permitieron las visitas durante un tiempo, pero luego las denegaron de manera arbitraria durante semanas o meses. Josnars Baduel, detenido en 2020 por su supuesta participación en un fallido ataque marítimo destinado a derrocar a Nicolás Maduro, lo que su familia niega, permaneció incomunicado durante los primeros cinco meses de 2025, y desde agosto se le ha vuelto a negar toda comunicación con el exterior.
Equivale a tortura
La detención prolongada en régimen de incomunicación puede equivaler a tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que aislar a los detenidos del mundo exterior causa sufrimiento psicológico, los coloca en una posición vulnerable y aumenta el riesgo de abusos en las prisiones.
Los gobiernos extranjeros deben aprovechar los foros regionales e internacionales para exigir el respeto de los derechos de los presos políticos, afirmaron Human Rights Watch y CLIPPVE. Entre ellos se encuentra la próxima cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), que se celebrará en Colombia en noviembre.
El Vaticano también debería aprovechar la próxima canonización de dos ciudadanos venezolanos, prevista para octubre, para presionar por el fin de la detención en régimen de incomunicación y la liberación incondicional de todos los presos políticos. Los gobiernos extranjeros también deberían presionar a las autoridades venezolanas para que permitan que profesionales médicos independientes evalúen las condiciones de salud de los detenidos.
“La falta de comunicación y la denegación de visitas se han convertido en una forma de tortura, que inflige sufrimiento no solo a los que están tras las rejas, sino también a sus familiares”, afirmó Sairam Rivas, coordinadora del CLIPPVE y pareja del preso político Jesús Armas. “Nos vemos obligados a vivir en una angustia e incertidumbre constante, aferrándonos a señales de vida tan mínimas como la ropa sucia o una solicitud de medicamentos”.
Con información de HRW
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