Treinta y cinco denuncias vinculadas con abusos y excesos policiales parecieran no haber sido tomadas en cuenta ni procesadas por la Fiscalía General de la República.
Un noventa por ciento de esas denuncias es muy contundente contra integrantes de diversos cuerpos de seguridad ciudadana.
Inicialmente, las denuncias eran en contra de funcionarios del FAES, las cuales hablaban, no sólo de abuso policial que incluían, además de detenciones ilegales, robos de comida, artefactos y objetos de valor. Ahora, las denuncias están enfiladas en contra de integrantes de otros cuerpos policiales.
Tantos casos similares han ocurrido en los últimos meses de irregularidad que llegaron a oídos del Fiscal General de la República. Este condenó los casos y los calificó de delitos, pero nadie lo oyó.
La cifra es muy abultada si se considera que estas denuncias han ocurrido en los cuatro primeros meses del año.
Se trata de familiares que denuncian contundentemente a los organismos policiales a los cuales pertenecen los agresores, de ingresar ilegalmente a sus hogares y llevarse detenida a una persona quien, posteriormente, es ubicada muerta y señalada de haber sostenido, previamente, un enfrentamiento armado.
El problema no termina allí. A los familiares, no solo se les prohíbe el acceso a los resultados de la autopsia, sino que tampoco se les permite velar y enterrar a su familiar muerto.
La denuncia del señor Fiscal sólo llegó hasta ahí porque no se conoce, hasta ahora, que algún caso haya tenido la atención oficial del Estado.
En relación con el segundo caso, no puede quitársele mérito a la Fiscalía cuando trata de hacer justicia contra violadores, contra gente que mira mal a los animales o si se trata de delitos prescritos legalmente.
Lo que se requiere es una fiscalía mucho más contundente y vinculada con delitos de acción pública que afectan a un mayor número de personas. Y tanto en sede de la Fiscalía General de la República, como en la sede de la Defensoría, sobran los casos de denuncias mucho más graves y contundentes, pero sin atención oficial y mucho menos, sin respuesta satisfactoria para los denunciantes.
En relación con el tercer caso, nadie puede creer en la declaración del señor fiscal cuando afirma, a propósito de los sucesos colombianos, que en ese país se violentan los derechos humanos y que en el nuestro son respetados y sancionados.
En relación con estos casos, los primeros que hemos mencionado, hay que recordar que no permitir a los el acceso al cadáver, ni la posibilidad de que sea velado y enterrado por sus familiares, representa una clara violación de Derechos Humanos y deja abierto el camino a una seguidilla de irregularidades policiales, en un país donde como lo hemos señalado en anteriores oportunidades, un solo ministro maneja a los policías y a los tribunales.
La tercera situación en la cual el Fiscal General de la República, nunca será oído y analizado su mensaje, es cuando asegura que en Colombia , a propósito de los disturbios, se violentan los Derechos Humanos y en Venezuela se castiga a los responsables.
El Fiscal , como garante de la legalidad en el país donde ha sido electo, no puede, apoyado con imágenes de violencia emitidas por medios de comunicación del Estado que además han sido comunes en nuestro país en los últimos años, criticar esa violencia externa y no combatir eficazmente y con credibilidad y contundencia, la ocurrida en Venezuela.
Hay otras cifras rojas sobre las cuales debería haber pronunciamientos por parte de la Fiscalía General de la República: 92 por ciento de impunidad, incremento desmesurado de violaciones, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y actos lascivos.
Posiblemente, con eficacia y justicia en los procedimientos , el Fiscal podría iniciar el camino para colocarse en un pedestal donde los ciudadanos, no sólo lo oigan, sino también, lo escuchen con una credibilidad que aún está muy cuestionada .
