Amnistía Internacional: "La UE debe atender la crisis de DD. HH. en Venezuela"
"Las desapariciones forzadas forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil"
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Amnistía Internacional se dirigió a los líderes de la Unión Europea (UE) en una carta en la que solicita la acción de sus Estados miembros para “respaldar los esfuerzos internacionales en favor de la justicia y tomar medidas renovadas y concertadas para dialogar con las autoridades venezolanas sobre la grave situación de los derechos humanos en el país”.
En un comunicado publicado por AI, se recuerda que “un año después de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que provocaron un aumento de la represión en todo el país, Amnistía Internacional les insta a liderar la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros para que tomen medidas urgentes y concretas para responder a la crisis de derechos humanos en Venezuela”.
“Si bien esta crisis se ha prolongado y la presencia diplomática de la UE en el país se ve cuestionada, la espiral de violaciones de derechos humanos en el país desde las elecciones de 2024, y su grave impacto humano, deberían ser una llamada de atención para redoblar el compromiso de la UE con los derechos humanos en el país”, agrega el escrito.
En un nuevo informe: “Detenciones sin rastro: El delito de desaparición forzada en Venezuela”, Amnistía Internacional detalla la situación de 15 personas que fueron desaparecidas forzosamente entre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de 2025, incluyendo varios ciudadanos de la UE.
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Añade que “de estas 15 personas, ocho siguen desaparecidas y se desconoce su paradero, mientras que dos fueron liberadas a las autoridades estadounidenses el 18 de julio como parte de un cruel intercambio de prisioneros entre los gobiernos de El Salvador, Venezuela y Estados Unidos”.
La ONG resalta que su “investigación concluye que las desapariciones forzadas, incluidas las de corta duración, forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en particular contra quienes las autoridades consideran disidentes, y podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
Señala que, “en los casos de personas extranjeras o con doble nacionalidad, incluyendo ciudadanos de la UE, de España y Francia, documentados en este informe, la desaparición forzada parece tener como objetivo ejercer presión política sobre otros gobiernos a nivel mundial”.
También dice que “esta sospecha se volvió aún más plausible después del intercambio de prisioneros antes mencionado y la liberación de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, incluida la del ciudadano franco-estadounidense Lucas Hunter”.
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