AN sanciona Ley que protege la libertad de navegación y comercio de la piratería internacional
Establece hasta 10 años de cárcel para quienes promuevan o apoyen la piratería
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Con urgencia reglamentaria, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueo y otros Actos Ilicitos Internacionales, en la sesión extraordinaria de este martes.
Previo a la sanción se realizó la segunda discusión del contenido de la ley, de 15 artículos, que quedó aprobada por unanimidad de la Cámara Plena y que contempla la aplicación de la norma a personas jurídicas, naturales y extranjeras que cometan los delitos definidos en el documento.
El instrumento legal fue remitido al presidente, Nicolás Maduro, para su promulgación.
La norma busca fortalecer la defensa de la soberanía nacional y proteger el libre comercio frente a acciones externas que atenten contra los intereses del país.
Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó que esta es la ley número 100 aprobada en el actual período legislativo. “Todos los procesos se cumplieron conforme a la Constitución y el carácter firme patriótico de la Asamblea Nacional, que ha consolidado un Poder Legislativo sólido y comprometido con la paz de los venezolanos”.
Asimismo, el diputado de la Asamblea Nacional, Óscar Ronderos, destacó que la Ley para Garantizar las Libertades de Navegación constituye un avance significativo en la defensa de la soberanía. “Es importante señalar que esta norma representa una novedad, destinada a proteger nuestra independencia. Debemos asegurar la jurisdicción del Estado venezolano no solo en nuestras aguas, sino también en el ámbito internacional", dijo.
La comisión mixta encargada del proyecto estuvo integrada por representantes de las comisiones permanentes de Política Interior, Política Exterior, Economía y Finanzas, así como de la instancia parlamentaria de Seguridad y Defensa de la Nación. En el debate participaron también voceros del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Cancillería y Procuraduría General de la República, quienes coincidieron en la urgencia de la aprobación.
El informe final fue avalado con modificaciones de forma y presentado a la Cámara Plena con carácter de urgencia.
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