Aranceles contra países que compren petróleo a Venezuela «tienen poco sentido y son ilegales»: Francisco Rodríguez

El experto y economista analiza la medida anunciada por Trump y asegura que pareciera que se trata de una demostración «disfuncional», antes que una sólida política exterior que puede dejar a EE. UU. como «una potencia económica de segundo orden»

Para el economista y analista, Francisco Rodríguez, la medida anunciada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, de comenzar a cobrar aranceles de 25% a los países que compren petróleo a Venezuela, desde el 2 de abril, «tiene poco sentido. Es una política profundamente problemática, sin base legal ni lógica».

En un hilo en su cuenta en X, Rodríguez hizo varias consideraciones respecto al anuncio, comenzando por aclarar que, «Venezuela sigue vendiendo petróleo a EE. UU., a través de Chevron, cuya licencia vence el 3 de abril, y otras licencias específicas que no han sido revocadas, a pesar del anuncio de Trump del 26 de febrero».

Comenta el experto que «Venezuela aún puede exportar petróleo a EE. UU., pero ahora se le amenaza con sanciones si vende a otros países. Mientras las licencias actuales sigan vigentes y Chevron podría renovarse, la política incentiva a vender más petróleo a EE. UU., no menos».

Por otro lado, le llama la atención que «Trump habla de ‘aranceles secundarios’, pero ese término no existe ni en la ley comercial de EE. UU. ni en la práctica internacional. En la literatura, suele referirse a aranceles retaliatorios en guerras comerciales, no a castigos por comerciar con terceros» aclara.

A juicio de Rodríguez, «esto parece un intento de sustituir las sanciones secundarias con aranceles. Pero hay un problema clave: las sanciones de EE. UU. van dirigidas a empresas específicas, no a países enteros. Los aranceles no funcionan igual», sostiene.

Asimismo, el analista se pregunta: «si Repsol, empresa española privada, compra petróleo venezolano, ¿EE. UU. impondrá un 25% de arancel a todas las exportaciones españolas? Eso sugiere Trump. Pero Repsol no es España, y el gobierno español no controla sus decisiones comerciales».

Por lo tanto, Francisco Rodríguez, enfatiza en que «esta política asume que los gobiernos pueden prohibir legalmente a sus empresas comprar petróleo venezolano. Pero eso no pasará. Para que la amenaza funcione globalmente, habría que lograr que más de 200 países legislen por presión de EE. UU. Es inviable».

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Ambigüedad legal

Por otro lado, el economista asegura que en la medida de Trump hay «ambigüedad legal» y al respecto se hace estas interrogantes: «¿El arancel se aplicaría a empresas ubicadas en España? ¿O a empresas propiedad de españoles? ¿Y si Repsol crea una empresa pantalla en Panamá para importar petróleo? ¿EE. UU. le pondría 25% de arancel a España, a Panamá o a ambos?».

Igualmente, indica que «EE. UU. tampoco tiene cómo controlar las ventas de crudo venezolano. Gran parte se mueve por transferencias de barco a barco. Washington no tiene acceso a los datos aduaneros de China ni de muchos otros países. La ejecución es esencialmente imposible».

Entonces, Rodríguez vuelve a preguntas: «¿Por qué entonces se hace esto? Al parecer, es reflejo de un proceso disfuncional: sectores como el de (Marco) Rubio buscan volver a la ‘máxima presión’, otros quieren reemplazar sanciones con aranceles. El resultado es un híbrido confuso, sin coherencia legal ni estratégica».

Aun así, el experto dice que «las amenazas tienen efecto: si los países temen sanciones arbitrarias, podrían reducir su comercio con EE. UU. para evitar riesgos. Incluso si sus empresas no han hecho nada ilegal, el temor basta para alterar sus decisiones».

En consecuencia, «al intentar demostrar poder mediante una política tan mal diseñada y contradictoria, EE. UU. podría estar logrando lo contrario. En vez de ser recordadas como políticas que ponen a EE. UU. primero, estas medidas podrían pasar a la historia como el punto en que la disfunción de la política exterior estadounidense empezó a convertir a EE. UU. en una potencia económica de segundo orden».