“Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados”, afirmó el representante del país austral
Este martes, durante la continuación de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Mario Javier Oyarzábal, representante de Argentina, rechazó el asedio contra la embajada del país sureño en Caracas y pidió a la CPI avanzar con «determinación» en las investigaciones sobre el caso Venezuela I.
Acotó que tras las elecciones presidenciales, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más.
“Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada”, dijo.
“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, agregó.
Recordó que la sede diplomática en Caracas está rodeada de policías y “actores armados” en represalia por haber ofrecido refugio a seis dirigentes opositores perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado.
“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados”. expresó.
