Así se mueven y operan las redes de inteligencia del espionaje venezolano en Colombia
El espionaje venezolano en Colombia se habría intensificado en los últimos años mediante redes ilegales, grupos armados y agentes infiltrados, según documentos académicos y testimonios.
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El espionaje venezolano en Colombia es una práctica que, según investigadores y fuentes de seguridad consultadas por el programa Testigo Directo, se mantiene activa y en expansión en distintos puntos del país.
Organismos de inteligencia de Venezuela, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, habrían desarrollado operaciones sistemáticas para obtener información estratégica en territorio colombiano, apoyándose en estructuras criminales y redes de apoyo locales.
Estructura del espionaje
De acuerdo con analistas consultados por Testigo Directo, las labores de inteligencia venezolana en Colombia responden a una cadena de mando centralizada que articula espionaje político, militar y económico. Estas acciones no serían improvisadas.
Un documento académico de la Universidad Militar Nueva Granada advierte que entre 2016 y 2023 Bogotá se consolidó como un punto clave del espionaje extranjero, con presencia de agentes vinculados a Venezuela, Cuba y Rusia.
El informe señala que los intereses de estas redes se concentran en información militar, infraestructura crítica, desarrollo tecnológico y movimientos financieros. En ese contexto, el espionaje venezolano en Colombia se inserta en una lógica de guerra híbrida, donde la información se convierte en un activo estratégico.
Las investigaciones indican que los servicios de inteligencia venezolanos habrían recurrido a grupos armados ilegales para ejecutar parte de sus operaciones. Disidencias de las FARC, estructuras del ELN y organizaciones criminales como el Tren de Aragua aparecen mencionadas como intermediarios o colaboradores en labores de seguimiento, intimidación y recolección de datos.
Fuentes protegidas aseguran que algunos agentes infiltrados recibirían pagos mensuales que oscilan entre 1.500 y 2.000 dólares, dependiendo de su jerarquía y del tipo de información suministrada. En varios casos, los vínculos se establecerían a través de movimientos sociales, colectivos políticos y redes de migrantes, lo que dificulta su detección.
Casos que evidencian la operación en Colombia
Uno de los episodios más delicados fue el del abogado Iván Colmenares, quien prestó asesorías legales a integrantes del Ejército colombiano. Tras un viaje a Venezuela, relató haber sido retenido e incomunicado durante meses, mientras le extraían información de su teléfono móvil. Aunque no se comprobó la entrega voluntaria de datos sensibles, el caso dejó en evidencia la vulnerabilidad de contactos estratégicos.
Otros nombres citados en investigaciones regionales son los de Ronald Ojeda y Ángelo Julio Heredia Gerracio, militares venezolanos perseguidos fuera de su país. En estos casos, el espionaje venezolano en Colombia habría estado ligado a seguimientos, amenazas y operaciones transnacionales.
Analistas coinciden en que estas acciones no se limitan a Colombia. El modelo de inteligencia del chavismo tendría presencia en varios países de América Latina, replicando esquemas de control y persecución política. La supuesta cooperación con economías ilegales, como el tráfico de drogas y el intercambio de armas por información, refuerza la dimensión criminal de estas operaciones.
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