Audiencia Nacional de España "INADMITE" querella contra la exfiscal Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres
La Audiencia ratifica lo que ya había decidido hace seis meses un tribunal de instrucción
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La Audiencia Nacional de España ha inadmitido la querella presentada por presuntos delitos de torturas y contra la integridad moral contra la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.
Según la prensa española, la Sala de lo Penal confirma así la decisión adoptada previamente por un juzgado de instrucción y cierra la puerta a que la causa sea investigada en España.
En su resolución, el tribunal concluye que los hechos relatados por la querellante, una ciudadana venezolana que denunció haber sufrido detenciones ilegales y malos tratos, no cumplen los requisitos exigidos por la legislación española para activar la jurisdicción universal.
Los magistrados subrayan que los delitos denunciados ocurrieron fuera del territorio nacional y que ni las víctimas ni los investigados tenían nacionalidad española en el momento de los hechos.
La Audiencia también señala que la querella no aporta indicios suficientes para acreditar la existencia de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil que permita calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad, una de las pocas excepciones que permitirían la intervención de los tribunales españoles.
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Límites legales
El auto recuerda que la jurisdicción universal en España quedó notablemente restringida tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige una conexión directa con el país para investigar delitos cometidos en el extranjero.
En este caso, los magistrados consideran que esa conexión no existe y que la causa no puede ser asumida por la justicia española.
Además, la Sala destaca que los presuntos crímenes cometidos en Venezuela están siendo analizados en instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, lo que refuerza el carácter subsidiario de la intervención judicial española.
Tanto la exfiscal general como el exministro del Interior habían sido personas de confianza de Hugo Chávez, pero su sucesor, Nicolás Maduro, acabó persiguiéndoles al convertirse en disidentes. En el caso de Luisa Ortega, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), registró su domicilio en 2017, una actuación que ella calificó como una venganza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello, el ministro del Interior.
Meses antes había decidido romper con el Gobierno al rechazar el intento de disolución de la Asamblea Nacional (AN, Congreso). Al intuir que iba a ser detenida, optó por exiliarse en compañía de su marido, Germán Ferrer, también diputado, en Colombia. Ahora reside en España.
Con información de Esdiario.com y La Nueva España
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