Aumenta a 34 el número de presos muertos bajo custodia del Estado entre abril y junio
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Cinco nuevas muertes bajo custodia del régimen venezolano elevaron a 34 la cifra de personas privadas de libertad fallecidas entre abril y junio de 2026, informó este martes el Observatorio Venezolano de Presiones (OVP).
Se trata de casos verificados por la ONG, la cual identificó a los últimos cinco muertos como Ángel Francisco Urdaneta Molero, de 52 años, recluido en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales; Wilmer José Lucena González, en el Centro de Formación Fénix Hombre Nuevo El Libertador; Alejandro José Pulgar, en el Centro Penitenciario Fénix Lara; Alirio José Delgado Sánchez, en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”; y Orlando José Villarroel Sánchez, también en el Centro de Formación Fénix Hombre Nuevo El Libertador.
“Estas muertes, registradas entre el 15 y el 25 de junio, vuelven a evidenciar la gravedad de la emergencia sanitaria dentro de las cárceles venezolanas”, dijo el OVP en su cuenta en X.
Agrega que “no se trata únicamente de personas que padecían enfermedades, sino de seres humanos que permanecían bajo custodia del régimen y que tenían derecho a recibir atención médica oportuna, tratamientos adecuados y condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana”.
Solo durante el mes de junio, el OVP ha documentado “11 fallecimientos en centros penitenciarios del país. A estos nuevos casos se suman los ya denunciados en Rodeo III, La Crisálida, el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales “26 de Julio”, el Centro Penitenciario de la Región Andina, el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales y el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, confirmando un patrón que evidencia el progresivo deterioro del derecho a la salud dentro del sistema penitenciario venezolano”.
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En Venezuela, enfermar tras las rejas puede convertirse en una condena de muerte. Tuberculosis, enfermedades respiratorias, afecciones cardiovasculares y otras patologías continúan agravándose en recintos donde la falta de medicamentos, la demora en los traslados hospitalarios, la ausencia de atención médica especializada y las condiciones insalubres terminan poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen bajo custodia, señaló el OVP.
Mientras el número de fallecidos continúa aumentando, la Defensoría del Pueblo sigue sin demostrar, con acciones concretas, que la protección de los derechos humanos de los presos sociales constituye una prioridad de su gestión.
“Quienes hoy mueren bajo custodia del régimen pertenecen a una de las poblaciones más vulnerables del país y continúan esperando que la institución creada para defenderlos ejerza efectivamente las atribuciones que le confieren los artículos 280 y 281 de la Constitución. El silencio institucional frente a esta realidad también contribuye a perpetuar la impunidad”, agregó.
Asimismo, desde el OVP exigen “investigaciones independientes sobre cada una de estas muertes y la adopción inmediata de medidas para atender la emergencia sanitaria que atraviesan las cárceles y calabozos policiales del país”.
Concluye la organización con que “la privación de libertad no suspende el derecho a la salud ni exonera al régimen de su posición especial de garante sobre la vida e integridad de las personas bajo su custodia. Cada muerte que pudo evitarse compromete su responsabilidad”.
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