Control Ciudadano y Cecodap creen que no solo peligran las ONG sino la labor que realizan en defensa de los derechos de los venezolanos
Para las ONG en Venezuela no es novedad que las amenacen con regularlas, como ocurrió nuevamente con Diosdado Cabello, primer vicepresidente de la asamblea Nacional (AN), quien adelantó que la semana que viene entregará un proyecto con ese propósito.
Sin embargo, representantes de organizaciones como Control Ciudadano Y Cecodap, rechazaron este pronunciamiento, porque detrás del mismo se esconde “el aplastamiento de la sociedad”.
Al menos así lo considera Rocío San Migue, presidenta de Control Ciudadano, quien en reiteradas ocasiones ha alertado sobre el peligro de este tipo de regulaciones que, más allá de hacer algún daño a las ONG, pone el riesgo su labor y, por ende, afecta a las personas que las instituciones ayudan.
Carlos Trapani, miembro de Cecodap, asegura que “el problema no es una ley, sino la interpretación y su uso”.
Recuerda que ” ya las organizaciones de la sociedad civil están supervisadas por el Estado. La rendición de cuentas y correcta gestión es un principio de acción”.”, afirmó.
Trapani invitó a Cabello a “conocer el desempeño de muchas organizaciones de la sociedad civil y verán un trabajo de calidad”.
Sostiene que “en algunos casos las ONG que hoy se cuestionan desarrollan programas y servicios que el Estado no hace o dejo de hacer”.
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El proyecto en puertas
El año pasado, la AN comenzó a redactar un proyecto de Ley de Cooperación Internacional que fue cuestionado en su momento por las ONG.
“Las ONG deben tener independencia de influencia y autonomía financiera, y los gobiernos deben respetar la existencia de las organizaciones y estimular y facilitar su operatividad. Lamentablemente en Venezuela, esa relación entre las ONG locales, internacionales y el gobierno ha sido muy agresiva”, explicó Manuel Parejo, director de finanzas de la ONG Mi Convive.
“También es un pase de factura contra las ONG que lograron activar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo la CPI”, agregó por su parte, Rafael Uzcátegui, director de Provea.
Ese proyecto tiene varios artículos que se consideran “peligrosos” para las ONG, entre ellos el 12 que plantea un fondo en el que la administración de Nicolás Maduro recibiría todo el dinero proveniente de la cooperación internacional y lo distribuiría según la jerarquía que considere pertinente.
Este fondo no solo podría ser usado de manera discriminatoria, sino que las instituciones de cooperación internacional y los países que financian proyectos a través de sus embajadas no accederían a darle el dinero a las autoridades venezolanas, sabiendo cómo puede ser usado. Es decir: el dinero que recibe Venezuela para labores de desarrollo y DDHH va a disminuir.
Se trata de avanzar en un cerco legal. “Esta ley va a obstaculizar y torpedear más aún la estrategia y operatividad financiera de las ONG” explicó Parejo.
