Como en una de esas películas experimentales que en los años setenta abusaban de la técnica de la pantalla partida, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hablaron la semana pasada en Estados Unidos con unas pocas horas de diferencia.&nbsp;La primera lo hizo en Miami, en un foro de inversión auspiciado por el fondo soberano de Arabia Saudí. La segunda, en Houston, en una influyente conferencia mundial sobre la industria energética.&nbsp; Rodríguez, sujeta aún a sanciones por el Tesoro de Estados Unidos, participó por videoconferencia. Una visita suya al país que capturó el pasado 3 de enero a su jefe, Nicolás Maduro, pareció a última hora improbable. Machado, que lleva unos meses haciendo lobby en Estados Unidos, acudió en persona a Texas y se dio un baño de masas ante centenares de personas, entre ellas muchos venezolanos en el exilio.Lea también: <a href="https://impactove.com/limpieza-oficialista-clan-rodriguez-mueve-fichas-desplaza-a-los-maduro-flores-diosdado-cabello-en-la-lista">¡LIMPIEZA OFICIALISTA!: Clan Rodríguez mueve fichas, desplaza a los Maduro-Flores… ¿Diosdado Cabello en la lista?</a>&nbsp;<h4>¿Dónde se decide el futuro?</h4>La coincidencia habló de hasta qué punto el futuro de Venezuela se decide más en Washington que en Caracas, y de cómo ese futuro se articula en torno a dos prioridades que no necesariamente coinciden: la estabilidad que busca la Casa Blanca y la transición democrática que reclama la oposición. Y en ese cruce de intereses se mueve María Corina Machado.La líder con más respaldo popular del país catapultó su fama cuando salió de Venezuela de forma clandestina y cinematográfica para recoger su Nobel de la Paz en Noruega el pasado mes de diciembre.&nbsp;Después de un año y medio en la clandestinidad —tras las elecciones que, según las actas, ganó su candidato Edmundo González— y casi tres décadas aguardando un cambio, parecía que algo, por fin, iba a moverse.&nbsp;Así que cuando el 3 de enero, las tropas de élite estadounidenses entraron en el refugio de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la opositora, de 58 años, pensó que había llegado su momento. Pero la idea de Donald Trump era otra.​​Trump habla elogiosamente de Machado —valora que en su primer cara a cara esta le hiciera entrega de su Nobel de la Paz—, la ha recibido ya dos veces en el Despacho Oval y su secretario de Estado, Marco Rubio, se ha visto con ella este martes.&nbsp;Pero también ha legitimado a Rodríguez como presidenta y se deshace en halagos hacia ella, destacando lo “bien” que se trabaja con ella y con lo que queda del chavismo, súbitamente solícito con los intereses de Washington.<h4>María Corina: urgencia y cálculo</h4>María Corina Machado lleva semanas moviéndose por Washington con una mezcla de urgencia y cálculo. En estos meses, la venezolana ha tenido varias reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, con 17 senadores, 27 miembros del Congreso y diplomáticos de 51 países.&nbsp;La agenda ha sido frenética, pero el resultado es más incierto. Su prioridad es volver a Venezuela cuanto antes —en febrero llegó a decir que retornaría en “pocas semanas”— y presionar para convocar unas nuevas elecciones en las que, según las encuestas, ella arrasaría. Pero Trump, en un desayuno que tuvieron el pasado 6 de marzo, le pidió paciencia y le aconsejó que no volviese por ahora, según reveló The New York Times.A esa cautela en Washington se suma una advertencia desde Caracas. Delcy Rodríguez aseguró que si Machado vuelve, “tendrá que responder ante Venezuela” por haber —según la acusación el chavismo— alentado la intervención estadounidense que puso fin al Gobierno de Maduro.<h4>Evitar el caos</h4>“María Corina ha tenido un paso bastante exitoso por Washington, pero no ha conseguido pulsar el botón que necesitaba: que Trump le dé el permiso de volver a Venezuela”, advierte el ensayista Moisés Naim, uno de los venezolanos más influyentes de Washington. “La prioridad para el Gobierno de Estados Unidos en esta crisis es evitar el caos; impedir que un vacío de poder desemboque en una crisis de ingobernabilidad. Por eso son tan cautelosos con ese regreso”.Según varios medios estadounidenses, sus constantes apariciones han generado cierta frustración en el entorno de Trump, donde algunos consideran que está anteponiendo su agenda a los objetivos del presidente de estabilizar el país y abrirlo a intereses estadounidenses. Según publicó The Wall Street Journal, en la Casa Blanca creen que Machado no se beneficia al insistir en la transición democrática o al atacar a Rodríguez en televisión.&nbsp; Algunos gestos en Washington han descolocado a Machado y su entorno. Uno de los más recientes fue la decisión de Trump de invitar al opositor Enrique Márquez a su discurso sobre el Estado de la Unión. La aparición estuvo cargada de simbolismo, pues se interpretó como un apoyo del presidente a otros actores que podrían liderar la oposición al chavismo. Horas después del evento, Magalli Meda, una de las colaboradoras más cercanas a Machado, difundió una caricatura en la que la líder opositora aparecía relegada a un segundo plano mientras Trump sacaba de la chistera, como un mago, a Márquez.Machado no es la protagonista, como ella esperaba, pero está muy presente. “Sería un error decir que está completamente aislada”, matiza Geoff Ramsey, experto en Venezuela e investigador senior no residente del Atlantic Council. “Machado conserva aliados en el Congreso, apoyos dentro del propio entorno de Trump y una red internacional activa”, afirma. Pero parte de ese desplazamiento tiene que ver con quién ejerce el poder real hoy en Venezuela. Y de las divisiones en la Casa Blanca.“Algunos sectores desconfían de impulsar elecciones competitivas a corto plazo por el riesgo de desestabilización, mientras otros advierten del costo político enorme de normalizar relaciones sin exigir reformas”, explica Ramsey.&nbsp;<h4>Lobby y elecciones</h4>Figuras como Marco Rubio, con fuerte base en Florida y buena relación con Machado, empujan en esa dirección. En paralelo, lobbies económicos —petrolero, minero y financiero, sobre todo— presionan por una normalización, aunque “prefieren entenderse con quienes realmente tienen poder”, es decir, los hermanos Rodríguez. A esos grupos de presión, indica una fuente de Washington, les conviene este impasse, siempre que el chavismo esté a las órdenes de la Casa Blanca.Mientras tanto, el calendario corre. Machado sigue defendiendo la necesidad de fijar desde ya una fecha electoral y su entorno teme que, sin presión, esa promesa se diluya. Pero la Casa Blanca juega a otro ritmo, condicionada por sus propias prioridades. “Ahora Trump está luchando por su supervivencia política, no piensa en Venezuela, precisamente”, argumenta Naím.Las elecciones, coinciden cualquier analista al que se le pregunte por Venezuela, llegarán. La cuestión es cuándo. Y qué papel tendrá en ellas María Corina Machado.Con información de El País

¿María Corina o Delcy? El futuro de Venezuela parece definirse en Washington

Cuando Cilia Flores entró a la sala del piso 26 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se escuchó un murmullo generalizado.&nbsp;Fue un impulso que ninguno de los presentes pudo reprimir a pesar de las serias advertencias que hizo en la víspera uno de los funcionarios del U.S. Marshalls Service, el servicio de alguaciles de Estados Unidos, minutos antes de que comenzara la segunda comparecencia de ella y de su esposo, el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, en un caso de juicio por cargos de narcoterrorismo: “No whispering” (no murmurar).Siempre con una sonrisa, Flores dio pasos cortos, estrechó las manos de los representantes legales de Maduro y se sentó al lado de Mark Donelly, su abogado defensor. Cuando los primeros murmullos cesaron, apareció su esposo, menos sonriente aunque igualmente cordial. Vestía el traje color caqui de los presidiarios encima de una franela de color anaranjado.&nbsp;El hombre que condujo a Venezuela entre 2013 y 2026 lucía más delgado, pero no demacrado. No tenía Nicolás Maduro la actitud desafiante de la noche que llegó a Nueva York, cuando alzaba los pulgares y decía “Happy New Year” delante de las cámaras de varios teléfonos celulares. Mientras caminaba hacia su asiento, Maduro miró brevemente a la concurrencia, asintió, dio los buenos días y luego estrechó la mano de su abogado Barry Pollack.“Estás muy elegante”, le dijo Maduro.Lea también: <a href="https://impactove.com/de-reves-en-reves-el-caso-judicial-contra-maduro-y-cilia-flores-toma-mas-fuerza-tras-amenaza-de-trump-video">DE REVÉS EN REVÉS: el caso judicial contra Maduro y Cilia Flores toma más fuerza tras amenaza de Trump - VIDEO</a>&nbsp;<h4>De espaldas</h4>Maduro y su esposa, que se han declarado inocentes de los cargos imputados, estaban sentados de espaldas al público, compuesto en su inmensa mayoría por representantes de la prensa acreditada en Nueva York y periodistas llegados de otras ciudades de Estados Unidos.&nbsp;Parte de esa delgadez de Maduro podía notarse en su cuello, mucho más esbelto si se compara con las fotos tomadas durante sus años como presidente de Venezuela.&nbsp;“Lo verán en la sala del tribunal”, había dicho poco antes Pollack mientras llegaba a la corte y en respuesta a dos preguntas de CNN sobre los comentarios de su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra —quien había asegurado a principios de semana que su padre se mantenía “con mucho ánimo y con mucha fuerza”— y sobre las condiciones de detención en el Centro Metropolitano de Brooklyn.<h4>&nbsp;Desmiente ataques de ansiedad</h4> Pollack también descartó los informes periodísticos que sugieren que Maduro podría estar sufriendo problemas de ansiedad, que, supuestamente, grita con frecuencia desde su celda que ha sido secuestrado y que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela.&nbsp;“Yo no estoy allí por las noches, pero no le daría mucha credibilidad a eso”, dijo. El Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) no ha dado detalles de las condiciones de detención del depuesto mandatario.&nbsp;<h4>&nbsp; Un debate fuerte y sin público sobresaltado</h4> A diferencia de la primera audiencia, Maduro y Flores permanecieron en silencio y atentos a la traducción simultánea provista por el tribunal. A veces tomaban nota, otras se limitaban a escuchar mirando a sus abogados, al juez, algún punto de la sala, o se movían en la silla para cambiar de posición.Desde sus lugares, siempre sentados, siguieron el intenso debate sobre si el Gobierno de Venezuela debe pagar o no los gastos de la defensa de la pareja (el juez Hellerstein prometió emitir pronto una decisión sobre si ordenará al Gobierno de Trump permitir que el país sudamericano pague los honorarios).&nbsp;También escucharon al magistrado designado por el expresidente Bill Clinton rechazar de momento la propuesta de la defensa de desestimar el caso por esa situación irresuelta de los fondos. Pero también la afirmación del juez de que probablemente considerará que el derecho a contratar al abogado de la elección de ambos prevalece sobre los asuntos invocados por los fiscales para oponerse a que el gobierno de Venezuela se haga cargo de los honorarios.&nbsp;Fue un debate que el público siguió tomando notas, en silencio, o simplemente escuchando lo que cada una de las partes aportaba para intentar convencer a Hellerstein.&nbsp;Al abogado venezolano Pedro Rojas le habría encantado estar presente físicamente en la sala, pero no se lo permitieron, según comprobó CNN. Rojas fue conducido a una segunda sala y siguió la audiencia a través de un monitor, según contó a la salida de audiencia.No era su plan original. Para evitar volver a reaccionar como en la primera audiencia, Rojas le dijo a CNN que tomaría notas para llevar una minuta detallada de lo que estaba ocurriendo.&nbsp;“Ya me advirtieron que no lo volviera a hacer, así que agradezco que al menos me permitan estar. Quiero ser uno más de los que ayuden a reconstruir Venezuela. Hoy está pagando alguien que le ha hecho mucho daño al país”.En la primera audiencia celebrada tras la captura de la pareja, Rojas decidió increpar a Maduro porque le resultó intolerable, según dijo, que el gobernante denunciara haber sido secuestrado y ser el presidente de Venezuela.&nbsp;Entonces gritó: “Nicolás Maduro, eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano y a los Estados Unidos de Norteamérica”. Las crónicas periodísticas de la primera audiencia reseñaron la respuesta de Maduro: “¡Soy un presidente secuestrado! ¡Un prisionero de guerra!”.“Fue un instinto, era el sentimiento de un país, un sentimiento genuino. Siempre he sido respetuoso de la ley estadounidense”, dijo a CNN este jueves.<h4>Los padecimientos de Flores</h4> El abogado de Cilia Flores apenas intervino en la audiencia. Pero hacia el final de la sesión tomó la palabra para solicitar que se atienda un padecimiento cardíaco de su clienta, que describió como un prolapso de la válvula mitral.De acuerdo con la Clínica Mayo, se trata de una enfermedad de las válvulas cardíacas que afecta a la válvula entre las cavidades izquierdas del corazón. Por esa razón, Donelly solicitó que se le practique un ecocardiograma a Flores.Al terminar la sesión, Flores y Maduro se levantaron de sus sillas y repitieron el ritual de la entrada. La exprimera dama de Venezuela besó a Donelly, a una de las asistentes de Pollack y se retiró dando pasos cortos. Maduro estrechó la mano de sus representantes legales y nunca se volteó a ver a los asistentes. Ambos desaparecieron detrás de una puerta lateral hasta la próxima audiencia, que aún no tiene fecha.Con información de CNN

Maduro más delgado y menos arrogante: detalles de la audiencia en la corte de Nueva York (+Crónica)

Este 26 de marzo, la defensa del derrocado presidente Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente."Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza", aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario."Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", añadió el también diputado.Lea también: <a href="https://impactove.com/abogados-de-maduro-insisten-en-pedir-que-desestimen-los-cargos-por-falta-de-recursos-para-pagar-la-defensa">Abogados de Maduro insisten en pedir que desestimen los cargos por falta de recursos para pagar la defensa</a>&nbsp;<h2 style="margin-left:0px;">- "Prisionero de guerra" -</h2>&nbsp;De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un "prisionero de guerra" en una audiencia el 5 de enero.Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados "terroristas" por Washington.Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos."Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección", escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede "costear de otro modo un abogado".Los fiscales respondieron en un escrito judicial que "incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica".Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.Con información de AFP

AUDIENCIA EN NUEVA YORK: Maduro y Cilia regresan a los tribunales y esta es la estrategia de sus abogados

El general Gustavo González López fue nombrado &nbsp;como nuevo ministro de Defensa de Venezuela, una posición en la que reemplaza a Vladimir Padrino López, quien desde 2014 encabezaba la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. &nbsp;&nbsp;La designación de González López fue anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien suma decenas de cambios en el gabinete y las Fuerzas Armadas desde que asumió el cargo.&nbsp;Rodríguez tomó la jefatura del Estado a principios de enero, luego del operativo militar en el que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro.Sin embargo, esta designación ha ocasionado reacciones contrarias en la oposición y entre ONG y activistas por los DD. HH., puesto que el general ha sido acusado de violar los derechos humanos desde sus inicios al frente de organismos de seguridad del Estado.Lea también: <a href="https://impactove.com/delcy-rodriguez-designa-a-gustavo-gonzalez-como-ministro-de-la-defensa">Delcy Rodríguez designa a Gustavo González como ministro de la Defensa</a>&nbsp;<h4>Violaciones a los DD. HH.</h4><div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">La salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa es una buena noticia para Venezuela. Gustavo González López no es “un melón”, su paso por el Ministerio de Defensa debe ser transitorio. <a href="https://t.co/3F2E4DwdDv">pic.twitter.com/3F2E4DwdDv</a>— Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) <a href="https://twitter.com/JuanPGuanipa/status/2034341472758370310?ref_src=twsrc%5Etfw">March 18, 2026</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>González López es un militar con una larga trayectoria en instituciones de seguridad venezolanas, en particular en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).&nbsp;Debido a su paso por ese organismo, que en varias ocasiones ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos, algunas organizaciones no gubernamentales descalifican el nombramiento de González López como nuevo ministro de Defensa.“La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela”, dijo en X la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), se expresó en la misma línea en un pronunciamiento enviado a CNN.&nbsp; “Designar a Gustavo González López es mantener intacta la estructura represiva y premiar a quien debería ser investigado por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias. Esta decisión, junto a la aplicación selectiva de la ley de amnistía, muestra que el régimen está decidido a perpetuar las prácticas abusivas del pasado”, dijo.CNN contactó a los ministerios de Defensa y de Comunicación e Información de Venezuela para pedir comentarios sobre estos señalamientos y está en espera de respuesta.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">En 2017 ordené imputar a Gustavo González López por delitos contra los DDHH: las OLP en la que hubo cientos de ejecuciones extrajudiciales; torturas y desapariciones forzadas en el SEBIN. Fue ascendido por <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro?ref_src=twsrc%5Etfw">@NicolasMaduro</a> y el TSj impidió la imputación.<a href="https://t.co/KlC2BEFByZ">https://t.co/KlC2BEFByZ</a>— Zair Mundaray (@MundarayZair) <a href="https://twitter.com/MundarayZair/status/2034386534892208610?ref_src=twsrc%5Etfw">March 18, 2026</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div><h4>¿Quién es?</h4> González López nació el 2 de noviembre de 1960, dicen registros del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE).Entró a las Fuerzas Armadas cuando tenía poco más de 20 años, de acuerdo con la agencia Reuters. Tras el anuncio de su nombramiento, Padrino lo felicitó en un mensaje en sus redes sociales y dijo que ambos estudiaron juntos en la Academia Militar del Ejército.González López fue titular del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), dicen registros de Estados Unidos.&nbsp;Esta área fue creada en 2013, durante los primeros meses de gobierno de Nicolás Maduro, quien llegó a la presidencia tras la muerte del presidente Hugo Chávez, y fue suprimida con un decreto de Delcy Rodríguez publicado el 9 de febrero, con el argumento de reorganizar el funcionamiento del Ministerio para el Despacho de la Presidencia.&nbsp; El militar también fue director del SEBIN en dos ocasiones: la primera, de febrero de 2014 a octubre de 2018; la segunda, de abril de 2019 a octubre de 2024.Durante la segunda mitad de 2024, de acuerdo con Reuters, González López comenzó a trabajar con Rodríguez como jefe de relaciones estratégicas en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), luego de que Maduro había encargado a la entonces vicepresidenta supervisar el sector energético del país.Ya este año, después de la captura de Maduro y de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada, ella lo nombró comandante de la Guardia de Honor Presidencial, según un decreto publicado el 5 de enero.<h4>Señalamientos y sanciones</h4> González López está sancionado tanto por Estados Unidos como por la UE por las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas al SEBIN durante el período en el que él fue su titular.&nbsp;Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) datan de 2015. &nbsp;De hecho, fue uno de los primeros militares venezolanos sancionados por Estados Unidos.&nbsp;&nbsp;La OFAC informó entonces que, con base en un decreto del entonces presidente Barack Obama, decidió sancionar a González López y otras personas con bloqueo de bienes y prohibir su entrada a Estados Unidos por considerarlas responsables del deterioro de los derechos humanos en Venezuela.&nbsp;En su decreto de esa época, Obama dijo que en Venezuela había “erosión de las garantías de los derechos humanos, persecución de oponentes políticos, reducción de la libertad de prensa, uso de violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en respuesta a las protestas antigubernamentales, así como detenciones arbitrarias y detención de manifestantes”.Las sanciones de la UE llegaron dos años después. En 2017, la UE informó que decidió sancionar a González López y otras personas con impedirles la entrada a los países del bloque debido a su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos y actos contra la democracia en Venezuela.En reiteradas ocasiones, el gobierno de Venezuela ha rechazado este tipo de medidas y negado que las autoridades violen los derechos humanos en el país.Ahora, pese a los señalamientos y las sanciones en su contra, González López llega al Ministerio de la Defensa de Venezuela, donde estará al frente de unos 343.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según el dato más reciente.Para el analista Imdat Oner, académico de la Universidad Internacional de Florida, la llegada de González López a esa posición muestra que la presidenta encargada de Venezuela no hará esfuerzos significativos en materia de democracia y apertura política. Rodríguez, por su parte, asegura que en Venezuela la democracia y el diálogo político se encuentran fortalecidos.“Al nombrar a González López, un oficial militar del sector de inteligencia con una historia documentada de abusos a los derechos humanos, ella claramente está apuntando a una fase de consolidación en la que la estabilidad se mantiene a través del miedo y la intimidación más que con reformas”, dijo Oner a CNN.<figure class="image"><img src="https://impactovecdn.eleco.com.ar/media/2026/03/gg.jfif" alt="GG"><figcaption>Cortesía</figcaption></figure>Con información de CNN&nbsp;

Designación de Gustavo González López mantiene intacta la estructura represiva en Venezuela. ¿De qué se le acusa?

La presencia de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la toma de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast, ha terminado de perfilar una estrategia internacional de alianzas con la derecha y la extrema derecha global.&nbsp;Machado, que ha sido aclamada como una heroína por la diáspora venezolana en Santiago de Chile esta semana, ha recibido las llaves de la ciudad y se ha convertido en protagonista permanente de noticias.&nbsp; La opositora se ha sentido en familia en el entorno convocado por el presidente chileno, su nuevo aliado, cuyos actos protocolarios de asunción del cargo han servido para reunir a una parte importante del liderazgo conservador emergente de América Latina y de otras latitudes.Además de Kast, la líder venezolana ha intercambiado complicidad y fotografías con dirigentes de Vox, el partido ultraconservador español.&nbsp;Ha recibido un nuevo respaldo del presidente argentino, Javier Milei, su aliado político, y de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández. También ha departido con miembros del grupo parlamentario nacionalista y euroescéptico Patriotas por Europa. Ha conversado, además, con Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de prisión por sedición.El propio Flavio Bolsonaro publicó una foto con Machado en su cuenta de X con un mensaje que resume el fervor que la líder venezolana despierta en esta generación de liderazgos de ultraderecha: “La ganadora del Premio Nobel de la Paz es siempre una inspiración para nosotros, que luchamos contra los retrocesos y el autoritarismo de las izquierdas”.Lea también: <a href="https://impactove.com/negociacion-y-calendario-electoral-maria-corina-impulsa-la-transicion-desde-el-exterior-video">¿NEGOCIACIÓN Y CALENDARIO ELECTORAL?: María Corina impulsa la transición desde el exterior - VIDEO</a><h4>La lucha de Machado</h4>“No se puede negar que muchos de estos partidos han respaldado, de forma entusiasta, la lucha que hoy lidera María Corina”, objeta el politólogo y escritor Miguel Martínez Meucci, académico de la Universidad Simón Bolívar, quien resta importancia a esta circunstancia y propone una revisión del vocablo “ultra” empleado para designar algunos de estos líderes.&nbsp;“La visión política de María Corina es la de un liberalismo clásico amplio, centrado en la defensa de los derechos individuales, la democracia liberal-representativa, la economía de mercado y un nivel óptimo de cooperación público-privada”.Machado, una política de formación liberal muy inspirada en los valores estadounidenses, ya había inscrito desde hace tiempo su estrategia de proyección internacional dentro del campo del pensamiento conservador. Lo ha hecho de forma categórica, sin fisuras.&nbsp;Durante muchos años, y a lo largo de sucesivas administraciones, ha sido una de las interlocutoras privilegiadas de Washington en los temas relacionados con Venezuela.La dirigente opositora mantiene importantes vínculos con políticos del Partido Republicano, con el movimiento MAGA y con el liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos.&nbsp;Antes del ataque militar a Irán —uno de los aliados más importantes del régimen chavista en estas décadas— la dirigente venezolana sostuvo conversaciones sobre alianzas estratégicas de mediano y largo plazo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con su canciller conservador, Gideon Saar. Algunas de estas posiciones han generado rechazo en Europa.“No ubico a María Corina dentro de los confines del pensamiento conservador global actual; no creo que esa sea necesariamente su marca ideológica”, afirma Francisco Suniaga, politólogo y escritor.&nbsp;“Las circunstancias imponen a los aliados en muchas ocasiones”, razona. “La izquierda global le ha regateado muchas cosas a la causa de la democracia venezolana, y a María Corina en particular, y la oposición venezolana ha buscado el apoyo de todo el mundo: de los dos grandes partidos españoles, de Estados Unidos, de América Latina, de Europa”, añade. Para Suniaga, la causa de la democracia en Venezuela no puede negarse ningún apoyo. “Es algo que no se puede permitir. Recibir ese y otros apoyos me parece lógico, político y racional”, afirma.<h4>Contra España</h4>Machado tuvo nuevas palabras de reproche en Santiago de Chile para el gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez. “Hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia —la reconquista de la democracia en Venezuela— y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas y cada gobierno tomará su decisión: si está del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela”.&nbsp; Sus reproches han causado cierto malestar en España, uno de los países que más facilidades ha puesto —con permisos de residencia casi automáticos— a los venezolanos que han huido de su país. España es además el refugio de Edmundos González o Leopoldo López, que escapó gracias al trabajo de la diplomacia española. Los críticos de Machado le han reprochado su señalamiento, al tiempo que han cuestionado su silencio ante el trato y las amenazas de deportación con los que sus aliados —de Trump a Kast— maltratan a la diáspora venezolana.Los señalamientos de Machado al comportamiento de España, sin embargo, están dirigidas exclusivamente al Gobierno de Sánchez. El tono con el rey Felipe VI es otro. En Santiago de Chile, la líder venezolana sostuvo una conversación en tono cálido y cordial con el monarca. “Muy agradecida y emocionada por el encuentro con Su Majestad, convencido promotor de la unión iberoamericana y de sus lazos históricos y culturales. Los venezolanos sabemos que no estamos solos; gracias por su confianza”, dijo.“No creo que se trate de una cuestión ideológica”, afirma Jesús Seguías, analista político y director de la firma Dataincorp. “Tiene que ver, sobre todo, con la necesidad que tiene María Corina de no desaparecer del radar, de no estar fuera de la jugada política. No quedar opacada con las relaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, el buen momento que se vive con Delcy Rodríguez”, analiza.&nbsp;Seguías afirma que, luego del Nobel de la Paz, Machado se ha convertido en una referencia para muchos de estos activistas conservadores del momento. “Para ellos es importante retratarse con Machado, y para ella también es importante retratarse con ellos, seguir en el tope noticioso. En el juego con los Estados Unidos, ella está afuera por el momento. Este es un esfuerzo para mantenerse”, asegura.<h4>A lo interno</h4>Más allá del plano internacional, en lo relativo a la política interna, María Corina Machado ha hecho nuevos esfuerzos por mantener su discurso, sus alianzas y sus objetivos en el centro político —como ya viene haciendo desde 2023—. Ha vuelto a invocar la necesidad de concretar un Acuerdo Nacional y mantiene relaciones normalizadas con actores de la oposición venezolana con los que había polemizado en el pasado.“Regresaré en el contexto de un gran acuerdo nacional”, aseguró Machado, quien el 1 de marzo anunció su retorno a Venezuela en “pocas” semanas para una “transición indetenible”. “Mi retorno está focalizado en continuar una lucha cívica. Y no debe confundirse civismo con debilidad”, ha dicho esta semana.El matiz que adquieren sus discursos más recientes puede tener su origen en Washington. Según ha publicado The New York Times, Donald Trump le habría aconsejado a Machado que tenga “paciencia” ante su interés en regresar. Por ahora se impone la agenda económica, la de la estabilización.Mientras tanto, Delcy Rodríguez y el chavismo buscan acuerdos con sectores democráticos del país para estabilizar el estatus quo, con concesiones destinadas a rebajar la presión internacional y aislar a Machado y sus demandas democráticas.&nbsp;En sus aproximaciones a la sociedad civil opositora, los dirigentes chavistas han hecho saber a sus interlocutores que Machado será siempre una línea roja que haría imposible cualquier acuerdo político de carácter democratizador. Pero la popularidad de María Corina Machado, sin embargo, sigue siendo arrolladora entre la población.Con información de El País

¿Por qué María Corina forja alianzas internacionales y mantiene su liderazgo intacto?

&nbsp; El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela después de siete años implica que ambos países vuelven a reconocer formalmente sus canales oficiales de diálogo y cooperación.&nbsp;Esto puede incluir el intercambio de representantes diplomáticos, la reapertura de embajadas y la coordinación en asuntos políticos, económicos y consulares. El objetivo desde Washington ha sido claro: abrir todos los espacios para aprovechar al máximo el petróleo venezolano.Para los venezolanos en EE.UU. tendría efectos directos en materia de servicios consulares.El paso marca el inicio de una nueva etapa de comunicación entre Washington y Caracas tras años de ruptura y tensiones.&nbsp;El Departamento de Estado anunció que este restablecimiento busca facilitar esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela.El anuncio se produjo después de la visita de dos días a Venezuela del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y en medio de contactos diplomáticos iniciados tras una operación militar estadounidense en enero en la que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro.Las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas estaban rotas desde 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump. En ese momento, Estados Unidos reconoció al entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino del país.En respuesta, el Gobierno de Maduro rompió relaciones con Estados Unidos y ambos países cerraron sus embajadas. El personal diplomático estadounidense se trasladó entonces a la vecina Colombia.Lea también: &nbsp;<a href="https://impactove.com/trump-reconoce-oficialmente-al-gobierno-de-delcy-rodriguez">TRUMP reconoce oficialmente al Gobierno de Delcy Rodríguez</a>&nbsp;<h4>Servicios consulares</h4> Tras la ruptura en 2019 y el cierre de embajadas, muchos venezolanos en la diáspora quedaron sin acceso directo a trámites como renovación de pasaportes, registros civiles o asistencia legal.Con la reanudación de los vínculos, puede haber la reapertura de las misiones diplomáticas y consulares, lo que permitiría restablecer esos servicios para la comunidad venezolana en Estados Unidos.La eventual reapertura de embajadas y consulados también permitiría que Caracas vuelva a tener funcionarios diplomáticos en territorio estadounidense capaces de brindar asistencia a sus ciudadanos, algo que ha estado limitado durante años por la ausencia de representación oficial, en un contexto en el que hasta ahora muchos trámites han debido realizarse a través de otros países.<h4>El acercamiento tras la caída de Maduro</h4> Según el Departamento de Estado, las conversaciones entre ambos países se centran en “ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.La administración Trump también ha intensificado la presión sobre los leales a Maduro que siguen en el poder para que acepten su visión para el futuro del país.El Gobierno encargado de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, confirmó el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares y expresó su disposición a avanzar en “una nueva etapa de diálogo constructivo”.“El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos”, indicó el Gobierno venezolano en un comunicado.Rodríguez afirmó en la televisión estatal que estas medidas “fortalecerán las relaciones entre nuestros dos países”.<h4>Todo comenzó el 3 de enero</h4>El restablecimiento de relaciones viene tras un proceso de acercamiento tras la deposición de Maduro.&nbsp;A finales de enero fue designada la diplomática estadounidense Laura Dogu como encargada de negocios en Caracas, mientras que el venezolano Félix Plasencia fue designado representante diplomático ante Estados Unidos.Desde entonces, Rodríguez ha recibido a varios altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Burgum y el secretario de Energía, Chris Wright.Las visitas se centraron principalmente en el potencial petrolero y minero de Venezuela y en impulsar la inversión extranjera como parte del plan gradual del Gobierno para recuperar la estabilidad del país.Trump ha elogiado en varias oportunidades a Delcy Rodríguez y esta semana la definió como “presidenta electa” (que no lo es) y la describió como una “persona maravillosa”.Delcy Rodríguez, por su parte, ha llamado a Trump “amigo y socio” y ha celebrado la nueva agenda de cooperación entre ambos países.<h4>El factor petróleo</h4> Delcy Rodríguez se reunió con el secretario del Interior de EE.UU. para la cooperación de su país en sectores como la energía. Trump afirmó que Venezuela generará más ingresos gracias al petróleo que se extrae y se refina en partes de Estados Unidos.“Estamos extrayendo cientos de millones de barriles de petróleo. Están yendo a Houston y a varios otros lugares donde se están refinando, y les estamos enviando de vuelta mucho más dinero del que han ganado en muchos años”, dijo Trump.La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció a principios de marzo nuevos contratos para suministrar petróleo a Estados Unidos. Venezuela, con una de las mayores reservas de crudo del mundo, aprobó en enero una reforma a la Ley de Hidrocarburos para atraer inversionistas extranjeros.En el contexto de la guerra con Irán y las afectaciones al suministro de petróleo en el mundo, contar con el influjo venezolano es una ventaja para EE.UU.<h4>El oro</h4>El jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en X —al respecto de la crisis energética por la guerra— que el Gobierno de Trump “continuará impulsando el dominio energético estadounidense y aprovechando el petróleo recién descubierto en Venezuela”.En paralelo, Washington explora cooperación con Venezuela en el sector minero.Burgum dijo que el Gobierno encargado de Rodríguez aseguró garantizar la seguridad de las empresas mineras interesadas en invertir o regresar al país.Según el funcionario, compañías estadounidenses —incluidas algunas que operaron en el país hace décadas— podrían evaluar reabrir proyectos mineros si avanzan cambios regulatorios impulsados por el Gobierno venezolano.El secretario del Interior destacó además una reforma reciente a la legislación de hidrocarburos en Venezuela que, según dijo, busca mejorar la transparencia, reducir la burocracia y crear condiciones para el retorno del capital extranjero.A pesar del potencial económico, expertos advierten que el sector minero venezolano enfrenta desafíos importantes. Entre ellos mencionan la falta de datos geológicos suficientes, la escasez de mano de obra calificada, la presencia de crimen organizado, la falta de inversiones y un entorno político volátil.<h4>¿Habrá cambios políticos en Venezuela?</h4> Desde la ofensiva militar estadounidense, el Gobierno de Trump ha presionado al Gobierno venezolano para que implemente cambios estructurales, incluida la apertura del sector petrolero a empresas extranjeras. Pero un panorama electoral para un cambio de régimen no ha estado hasta ahora sobre la mesa.El Gobierno encargado de Rodríguez aprobó una ley de amnistía que ha permitido la liberación de políticos, activistas y abogados, reconociendo que la administración ha mantenido a cientos de personas en prisión por motivos políticos.El presidente Trump ha sorprendido a muchos venezolanos al decidir colaborar con Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, en lugar de con la oposición política tras el derrocamiento del exmandatario.Mientras tanto, la principal líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunció que regresará a Venezuela en las próximas semanas y que se celebrarán elecciones en el país.En medio de esta etapa de cambios políticos, el exfiscal general Tarek William Saab presentó su renuncia tras casi una década en el cargo y fue nombrado de inmediato defensor del pueblo encargado.&nbsp;Según analistas consultados por CNN, el movimiento representa un cambio significativo dentro de la estructura de poder: aunque el nuevo cargo tiene menor visibilidad política, le otorga inmunidad mientras ejerza sus funciones, de acuerdo con la Constitución venezolana.Su salida del Ministerio Público ocurre en medio de una reconfiguración institucional impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ha sido interpretada por algunos expertos como parte de una disputa por el control de instituciones clave del Estado.El restablecimiento de relaciones diplomáticas es un cambio significativo en una relación históricamente adversa entre Washington y Caracas y abre un nuevo capítulo en el vínculo entre ambos países mientras el petróleo sigue siendo el eje de la relación. Los cambios políticos profundos que muchos en Venezuela esperan aún están por verse.Con información de CNN

Queda atrás el "YANKEE GO HOME": el alcance de la reanudación formal de relaciones entre Venezuela y EE.UU.

&nbsp;Hiowanka Ávila insiste en que la libertad de su hermano se concretará por voluntad política y no en un tribunal. Henryberth Rivas fue vinculado a un supuesto plan de magnicidio contra el depuesto presidente de Venezuela, un caso excluido de la amnistía recién promulgada.Unos 200 presos políticos salieron de prisión desde la aprobación de la amnistía el 19 de febrero, según el parlamentario redactor de la ley. Oenegés como Foro Penal dice no obstante que ha podido verificar solo 120 y sostiene que aún quedan poco más de 500 tras las rejas.La histórica ley fue impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.La ley de amnistía siguió a un primer proceso de excarcelaciones que ordenó la presidenta el 8 de enero. Desde esa fecha, 621 personas salieron de prisión, informó la ONG Foro Penal.Rodríguez gobierna bajo presión de Donald Trump, que se ha mostrado satisfecho con su trabajo hasta ahora.La amnistía no es automática -debe ser tramitada ante un tribunal- y Foro Penal la calificó de excluyente. Aunque abarca los 27 años del chavismo, limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el gobierno.Excluye, por ejemplo, el asalto a un fuerte militar en 2017, la incursión marítima denominada Operación Gedeón en 2020 y el supuesto intento de magnicidio con drones en 2018 --el caso de Henryberth Rivas."Es un tema de voluntad política. El caso dron es totalmente político y se va a resolver de manera política, porque no hay otra", dijo a la AFP Ávila, que duerme en un campamento instalado afuera de la cárcel Rodeo I, donde está su hermano, desde hace dos meses, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones previo a la amnistía.Lea también:<a href="https://impactove.com/venezuela-estabilizada-donald-trump-y-delcy-rodriguez-marcan-nueva-era-video">"VENEZUELA ESTABILIZADA": Donald Trump y Delcy Rodríguez marcan nueva era - VIDEO</a>&nbsp;<h4> - Reforma judicial -</h4>"El número de presos y perseguidos que pueden quedar al margen de la aplicación de la ley de amnistía es imposible de determinar", dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.Las excepciones de la ley no toman en consideración las condiciones del proceso judicial, que expertos denuncian plagado de irregularidades.Delcy Rodríguez pidió incluso una reforma profunda al sistema judicial, aunque expertos critican la falta de pasos más contundentes. La mandataria ha dicho que la amnistía es un paso hacia una "Venezuela más democrática, más justa, más libre".La ley contempla el análisis de solicitudes de amnistía de casos particulares excluidos de la ley. La decisión recae en los mismos tribunales que lo juzgaron en primer lugar."No creemos que tenemos jueces", indicó Juan Luis González, abogado de un militar acusado del asalto en 2017. "Estas personas deciden por instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, no conforme a la ley del derecho".La Asamblea Nacional creó una comisión para hacer seguimiento a las solicitudes. Su presidente, el diputado y exvicepresidente Jorge Arreaza, explicó a la AFP que los casos militares "son muy complicados"."Lamentablemente, en muchos de los casos, hay situaciones que son difíciles de defender", indicó.La comisión ha recibido hasta ahora más de 9.000 solicitudes de amnistía.<h4> - "Voluntad política" -</h4>Andreína Baduel tiene a su hermano Josnars en prisión, vinculado al caso Gedeón.Introdujo la solicitud de amnistía escéptica. Hay miedo de la influencia en el proceso del poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, ministro del Interior."El régimen no tiene real disposición de cambiar las cosas", indicó. La amnistía "depende de que haya transparencia, de que haya una real voluntad política de hacer las cosas distintas".Su padre, el general Raúl Baduel, fue clave en el retorno al poder de Hugo Chávez (1999-2013) tras el golpe que sufrió en 2002, y fue su ministro de Defensa de 2006 a 2007. Pero, caído posteriormente en desgracia, murió en la cárcel en 2021.La abogada Jackeline Sandoval clama la inocencia de su esposo Rolando Guevara y sus hermanos Juan y Otoniel, presos desde hace más de 20 años por el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004.La corte de derechos humanos de la OEA pidió también su liberación.Sandoval indicó que solicitará la amnistía solo ante la comisión parlamentaria. "Acudiré no directamente al tribunal porque sería nuevamente perder el tiempo, como lo he perdido durante 21 años a la hora de tomar acciones dentro del país", acotó.Con información de AFP

Excluidos de la amnistía en Venezuela: libertad a merced del poder

Dos meses después de la operación estadounidense que derivó en su captura, la figura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años, se ha ido desvaneciendo en el país, que bajo la tutela de EE.UU. ha priorizado la economía frente a la política en su proceso hacia una transición democrática, dijeron a EFE analistas.&nbsp; Maduro aparece en mensajes en las redes sociales oficiales y en algunas vallas en las calles de Caracas, principalmente, mientras se han ido espaciando las marchas para reclamar su retorno.«#Losqueremosdevuelta», es la frase que se repite en publicaciones con la imagen de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en los que hoy se advertía: «Han transcurrido 60 días de su secuestro».Entretanto, Venezuela ha dado pasos hacia una apertura con la reforma a la ley de hidrocarburos y la aprobación de una amnistía, aunque el proceso hacia una reconciliación total continúa incierto.Lea también: <a href="https://impactove.com/operacion-supervivencia-trump-enfocado-en-iran-y-los-rodriguez-buscan-atornillarse-en-miraflores">OPERACIÓN SUPERVIVENCIA: Trump enfocado en Irán y los Rodríguez buscan atornillarse en Miraflores</a><h4>De la sorpresa a la incertidumbre política</h4> Para la investigadora Mariana Bacalao, Venezuela «ha vivido una secuencia de ‘si no lo veo, no lo creo’, con cambios que antes del 3 de enero eran simplemente inimaginables» y esa dinámica ha dejado a la población con «expectativa, pero también con una profunda incertidumbre sobre el rumbo político del país», además de percibirse «dos ejes avanzando a velocidades muy distintas».«Uno que se mueve con rapidez: las dinámicas diplomáticas Miraflores-Washington, los incentivos a la inversión extranjera, especialmente en el sector petrolero, y anuncios para la reactivación económica. Y otro mucho más lento: la recuperación plena de derechos y libertades, el desmontaje del sistema de represión y la lucha contra la corrupción», describió.El país bajo el gobierno encargado de Delcy Rodríguez pasó del anuncio de liberaciones de presos políticos a aprobar en un tiempo breve una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, compuesta por 35 artículos, para atraer inversionistas a un sector señalado como prioritario en la estrategia de Donald Trump.También se dio vía libre a una Ley de Amnistía para presos políticos que ha permitido otorgar la libertad plena a 6.071 personas, según el Parlamento. Las cifras reflejan la magnitud de las detenciones que organizaciones no gubernamentales vinculan con motivos políticos, aunque las autoridades las atribuyen a delitos comunes.&nbsp; En ese sentido, Bacalao señala que Venezuela vive hoy «nuevas oportunidades, avances visibles en lo externo y económico, pero incertidumbre en lo político e institucional».<h4>Economía, la brújula</h4> EE.UU., opinó el presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, ha mostrado que su estrategia jerarquiza la economía «muy por encima de la política», pero vista desde «los intereses americanos» y de la oferta de campaña que Trump hizo a sus aliados.El plan de la Casa Blanca —consideró— parte del «control y desarrollo del sector energético», para avanzar hacia el de minerales, buscar una mejora del marco legal y del perfil de inversión hasta llegar a una estabilización económica.Este lunes, el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó que ese poder prepara una reforma a la ley de minería para atraer a grandes empresas y consideró prioritaria la recuperación económica tras «un período muy prolongado de sanciones».<h4>Jugadores</h4> En este escenario, León identifica como «grandes jugadores» a Delcy Rodríguez, en quien ve la «bisagra que trata de mantener el orden interno y avanzar», y a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, a quien reconoce un «liderazgo importante, sólido, fuerte, mayoritario frente a la población».}También incluye al «jugador militar», al advertir que ese sector «no permitiría un cambio que (lo) ponga en peligro» ni a su patrimonio ni a su libertad, en una realidad que, según sostiene, «requiere negociación y sacrificios de todas las partes».Por su parte, Bacalao considera que un eventual retorno de Machado, quien prevé volver pronto al país tras su salida en diciembre, «sería un termómetro», ya que «si puede entrar y ejercer sus derechos políticos sin restricciones, actuaría como una señal», pero advirtió que de lo contrario podría afectar la «credibilidad» del interinato y «poner en duda» su disposición para un «proceso de democratización».Con información de Efe

¿LOS QUIEREN DE VUELTA? A dos meses de la caída de Maduro, así luce Venezuela en manos de los Rodríguez

MADURO NUNCA CREYÓ que EE.UU. atacaría: así fueron sus últimos días en el poder, según el NYT

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es un primer paso para empezar a desmontar la represión sistemática que ha sufrido el pueblo venezolano, aseguró este viernes la ONG Provea, al hacer un análisis de la normativa que entró en vigencia tras su redacción por parte de la Asamblea Nacional.&nbsp;Pero la organización aclara que “hay que decir también, sin ambigüedad, que no es una buena ley. Es objetable desde muchos puntos de vista. Sobre todo, es en exceso restrictiva, por las amplias excepciones que, salvo lo dispuesto en el artículo 9.1 de la ley, van más allá de lo exigido por la Constitución. También es indebidamente limitativo el artículo 7, que establece el requisito de ponerse a derecho”.Critica que “se mantuvo la referencia a la violencia en casi todos los hechos comprendidos por la amnistía (art. 8), lo cual descalifica muchas acciones realizadas en ejercicio legítimo de reclamo y defensa de derechos”.Señala que, "por el alcance limitado del artículo 8, muchos perseguidos políticos quedarán fuera de la amnistía".Por ello, dice que “debió incluirse una disposición general que abarcara otras situaciones enmarcadas en la persecución sistemática que condujo a prisión, procesamiento o exilio a muchas personas”.&nbsp;Provea destaca también que en la ley “se corrigieron algunos errores que estaban en el proyecto original y hay añadidos importantes, como el artículo 24 de la CRBV en el epígrafe del Principio de Interpretación”.Lea también: <a href="https://impactove.com/de-la-a-a-la-z-este-es-el-contenido-completo-de-la-ley-de-amnistia">EN GACETA OFICIAL: Ley de Amnistía ya está vigente (+Contenido)</a><h4>Propuestas que no fueron escuchadas</h4>Asimismo, lamenta que “algunas de las observaciones formuladas desde nuestra organización en los espacios de consulta no fueran incorporadas. Propusimos, por ejemplo, incluir disposiciones para dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General de la República, por ser contrarias al derecho humano a la participación política”.También recomendaron “a la Asamblea Nacional incluir garantías de retorno seguro y sin persecución para quienes se encuentran en el exterior, incluyendo la restitución de la validez de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias”.Igualmente, plantearon "incorporar la restitución de bienes incautados y el levantamiento inmediato de las prohibiciones de enajenar y gravar. Asimismo, establecer la reincorporación a sus puestos de trabajo para quienes fueron despedidos por los hechos objeto de la amnistía.Estas y otras consideraciones de las organizaciones de la sociedad civil apuntaban, precisamente, a reforzar el espíritu de paz y reconciliación que debe tener una norma de esta naturaleza".<h4>La situación del país</h4>&nbsp;Provea asevera que “el país atraviesa un complejo, frágil y delicado momento político luego de la incursión militar de EE.UU. en Venezuela el día 3 de enero de 2026”.Pero, paradójicamente, este hecho de fuerza que viola la Carta de las Naciones Unidas en un clima de resquebrajamiento de los consensos posterior a la II Guerra Mundial, ha generado la posibilidad de una apertura económica y también cambios de reordenamiento político interno, pero advertimos que aún no existe una ruta clara hacia la reinstitucionalización democrática que revierta décadas de impunidad y desigualdad. Tampoco se constatan anuncios responsables de medidas que apunten a mejorar la calidad de vida de la población”.En ese sentido, y en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, desde Provea “insistimos en que hay un camino largo, necesario e impostergable, que es necesario recorrer para el ejercicio del derecho a la verdad, a una investigación transparente y expedita, a la determinación de los responsables de violaciones a derechos humanos de los perseguidos o presos por motivos políticos, a la reparación integral y, en especial, a las garantías de no repetición”.La ONG alerta de que “existe un riesgo real de que no se desmonte el aparato represivo del Estado ni el marco normativo que le dio sustento, y que las víctimas de violaciones de derechos humanos no encuentren verdad, justicia, ni reparación”.<h4>Verdad, justicia y reparación</h4>La organización considera “pertinente que las organizaciones defensoras de derechos humanos, en articulación con los movimientos sociales y demás actores políticos, educativos, culturales y religiosos, mantengan la exigencia de las reformas legales e institucionales necesarias para desmontar las estructuras represivas que hicieron posibles tantas privaciones arbitrarias de la libertad, pues de nada sirve acordar ahora un buen número de liberaciones si se deja intacto el aparato represivo que las llevó a cabo y que en cualquier momento podría ser utilizado de nuevo. Ello debe ir acompañado de una voluntad real de las autoridades de tolerar la crítica, las opiniones disidentes y el reclamo legítimo de derechos”.<h4>Peticiones</h4>Públicamente, piden “el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU a fin de que asesore técnicamente a la instancia social que, en interlocución con las autoridades, desarrolle estas iniciativas de auténtica liberalización política”.Exhorta "a la Asamblea Nacional a que asuma un compromiso público y concreto, con plazos claros, para avanzar en una agenda legislativa que modifique o derogue leyes inconstitucionales que afectan a la sociedad venezolana, como son:*Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en Venezuela.&nbsp; *Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.&nbsp; *Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia.&nbsp; *Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.&nbsp; *Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.&nbsp; *Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.&nbsp; Solicita &nbsp;a la “Asamblea Nacional a mantener el espíritu de amplitud que permitió a las organizaciones de derechos humanos participar en la discusión del Proyecto de Ley de Amnistía. El respeto a las voces de la sociedad civil venezolana debe ser un pilar para la necesaria reinstitucionalización del país”.Anuncia que en "PROVEA seguimos registrando y denunciando el uso excesivo de la legislación antiterrorista y la negación sistemática de las garantías procesales como instrumentos para brindar una aparente «legalidad» a los abusos, tal y como lo definió un grupo de relatores especiales del sistema universal, en una comunicación enviada al gobierno nacional el 13 de septiembre de 2022.&nbsp;Este uso desmesurado e irresponsable de un tipo penal tan complejo y delicado de demostrar, como es el terrorismo, debe cesar, y dejar de ser usado como instrumento de criminalización contra la sociedad civil por parte del sistema judicial".La ONG insiste en “la imperiosa necesidad de reforma profunda del sistema de justicia y, en particular, en la transformación institucional basada en la carrera judicial y en el ingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público con base en el mérito profesional y la integridad, mediante concursos de oposición públicos, lo cual contribuiría a establecer un verdadero Estado de Derecho, con jueces independientes que puedan controlar al gobierno y dejar sin efecto medidas abusivas de las autoridades y fiscales ajenos a toda persecución indebida”.Partiendo de la crisis institucional del sistema de administración de justicia, reconocida incluso por las autoridades encargadas en la apertura del año judicial 2026, la reestructuración del sistema judicial venezolano debe erigirse como prioridad para garantizar efectivamente el acceso a la justicia y desarrollar los derechos humanos contemplados en nuestra carta magna.<h4>Responsabilidades</h4>Afirma que existen responsabilidades personales que deben asumir el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo.&nbsp;Y debido a que hay méritos, la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, debe evaluar su posible remoción, tal y como establecen la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Defensoría del Pueblo. &nbsp; Se deben revisar también las actuaciones de la Defensa Pública y de los magistrados del TSJ.Provea sostiene que el “andamiaje institucional del sistema de justicia no puede seguir siendo un instrumento para la persecución y para avalar las continuas violaciones a la constitución. No habrá confianza ni estabilidad con un sistema de justicia apartado de sus obligaciones”.Con información de Provea

¿Por qué la Ley de Amnistía no es buena y es objetable desde varios puntos de vista?

Un añó despuñés de que Nicolás Maduro llegó al poder comenzaron las protestas, básicamente estudiantiles en todo el país, y desde entonces, y hasta el 2017, sobre todo, el aparataje montado por el Gobierno se encargó de desestimular las manifestaciones, hasta casi desaparecerlas por comeplero.La ONG Provea, en un trabjo especial publicado en su página web, hace un resumen de estos años y cuenta cómo el gobierno de Maduro acudió a todos los mecanismos para infundir miedo a protestar.<h4>Este es el reportaje:</h4>Lea también: <a href="https://impactove.com/no-tenemos-miedo-primera-manifestacion-de-calle-opositora-tras-la-caida-de-maduro">"¡No tenemos miedo!": primera manifestación de calle opositora tras la caída de Maduro</a>&nbsp;&nbsp;<h4>Los inicios</h4>Comenzando el año 2014 la sensibilidad por la violencia ocupó los titulares del país. El 07 de enero Mónica Spears, de 29 años, actriz reconocida a nivel nacional, y su pareja, Thomas Henry Berry, de 39 años, fueron asesinados dentro de su automóvil, en un intento de asalto mientras regresaban de un viaje vacacional por el país hacía la capital.&nbsp;Lo simbólico del crimen conmocionó la opinión pública y las redes sociales.Menos de un mes después las protestas por inseguridad darían inicio a una ola de conflictividad en todo el país.&nbsp;El 04 de febrero estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA), núcleo San Cristóbal realizaron una manifestación en el Parque Botánico de esa casa de estudios denunciando el intento de abuso sexual contra una compañera.La protesta se desarrolló de manera pacífica durante el día, pero en horas de la tarde se registraron enfrentamientos entre funcionarios de la Policía del Táchira y los manifestantes.&nbsp;Dos estudiantes, Junior Sanabria Casanova y Anthony Yordenis Omaña, fueron detenidos, mientras según el director de Politáchira, seis funcionarios sufrieron heridas tras ser impactados por objetos contundentes.&nbsp;Los estudiantes retuvieron a una persona, Keith Moises Arellano, que tomaba fotografías vestido de civil y portaba documentación que lo acreditaba como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).Por su parte, el vicerrector de la ULA Alfonso Sánchez, denunció que en su actuación los funcionarios habrían violado la autonomía universitaria y causado destrozos en las instalaciones de la casa de estudios.&nbsp;La detención de los estudiantes generó el 05 de febrero de 2014 nuevas protestas de universitarios, tanto en San Cristóbal como en las ciudades de Mérida y Maracaibo.&nbsp;Ese día los jóvenes Sanabria y Omaña fueron puestos en libertad, pero acusados de los delitos de desacato a la autoridad, daños a la propiedad, resistencia al arresto y alteración del orden público. Omaña requirió 14 puntos de sutura en la cabeza por heridas de golpes con objetos contundentes, presumiblemente propinadas con las cachas de pistolas de los agentes policiales que lo detuvieron.El 06 de febrero un grupo de personas protestó frente a la casa del gobernador del estado Táchira. Según declaraciones de la entonces primera dama de la entidad, Karla Jiménez de Vielma, “Llegaron estudiantes encapuchados, diciendo vulgaridades, reventaron las cámaras de seguridad, desinstalaron 6 cámaras de seguridad y lanzaron bolsas con contenido desconocido. No entendemos porque están manifestando”.Varias personas fueron detenidas por los hechos: Patricia Josefina Sarmiento (18) y Gerard Alejandro Rosales (20); mientras que la fiscalía imputó ante un tribunal a dos adolescentes de 16 y 17 años, también presuntamente vinculados con la protesta violenta. El 07 de febrero de 2014 se convocó a una manifestación en los tribunales de la ciudad para acompañar la presentación de los acusados por el ataque al gobernador. En la misma fueron detenidos Leonardo Manrique, Reinaldo Manrique y Jesús Gómez.<h4>La ola se extiende</h4>La detención de los estudiantes y su privación de libertad en una cárcel conocida por sus niveles de peligrosidad estimuló la solidaridad de varias casas de estudio a nivel nacional, las cuales realizaron movilizaciones entre el 09 y el 11 de febrero de 2014, algunas de ellas reprimidas, realizando convocatorias para el 12.02.2014, con motivo de celebrarse el día de la juventud.Ese día Provea registró movilizaciones masivas en 16 estados del país solicitando la libertad de los detenidos, mientras que el llamado del Ejecutivo Nacional movilizó a personas en 4 estados de Venezuela.&nbsp;En dicha fecha se registraron las primeras personas asesinadas por la actuación de presuntos funcionarios policiales y paramilitares. Estos crímenes y la propia respuesta del Ejecutivo, acusando de manera irresponsable de las muertes a los propios manifestantes, escalaron peligrosamente el conflicto a una situación de violencia y violación generalizada a los derechos humanos.<h4>Grupos paramilitares</h4>&nbsp;A las acciones represivas de los cuerpos de seguridad se sumó la actuación de grupos paramilitares y de civiles armados, quienes en clara coordinación con cuerpos militares y policiales, agredieron a manifestantes en todo el país.En el marco de las protestas de 2014, se experimentó un peligroso incremento en la actuación de estos actores en labores de contención y represión de manifestaciones. Si bien, en años anteriores las organizaciones de derechos humanos del país habían registrado la participación de estos grupos en la dispersión de protestas, en 2014 su capacidad de despliegue en varias ciudades del país en diferentes momentos y su actuación en coordinación con organismos policiales y militares, constituyeron un punto de inflexión y un indicador importante del crecimiento de estos grupos.Entre los meses de febrero y abril de 2014, Provea registró e individualizó un total de 854 heridos y lesionados en el contexto de las protestas. Del total, 138 fueron heridos de bala, 330 fueron heridas causadas por perdigones, 72 personas resultaron lesionadas debido a golpes, 34 personas fueron heridas por objetos contundentes y 280 heridos y lesionados fueron electrocutados, apuñalados, arrollados y sufrieron lesiones de diversa índole.&nbsp;<h4>Detenciones</h4> En el ciclo de protestas de 2014 se contabilizaron 3.127 detenciones arbitrarias a ciudadanos en el contexto de las manifestaciones realizadas en el país. La cifra incluyó en su mayoría a personas que participaban en protestas, pero también a transeúntes que aún sin tener vinculación con las mismas, fueron detenidos y presentados a las órdenes de Tribunales.Adicionalmente, las conductas de criminalización, represión y violación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre los meses de febrero y mayo de 2014, tomaron una nueva dimensión y se amplificaron con la ejecución de ataques generalizados y sistemáticos a población civil dentro de zonas residenciales por ejercer el derecho a manifestar. Esto fue reportado en al menos 14 estados del país donde se realizaron protestas en rechazo a las políticas de gobierno.En principio, estos ataques se desarrollaron como una extensión de los actos de represión y detención de manifestantes que llevaron a cabo de forma sistemática los cuerpos de seguridad del Estado, desde que se iniciaron las protestas anti-gubernamentales en avenidas y calles públicas.&nbsp;Poco después, pasaron a configurarse en un patrón de acciones de intimidación, acoso y agresión igualmente sistemáticas contra los habitantes y residentes de barrios y urbanizaciones, casas y edificios, hacia cuyas adyacencias se confinaron las manifestaciones y se cerraron vías de acceso, como consecuencia del riesgo de ser atacados o detenidos por salir a manifestar.En los 4 estados donde se enfocó la documentación se contabilizaron 204 ataques a zonas residenciales, entre los meses de febrero y mayo del año 2014. El estado Táchira ocupó el primer lugar con 73 ataques registrados en 38 residencias, urbanizaciones y pueblos; Lara fue el segundo con 59 ataques a 33 residencias y urbanizaciones; Zulia estuvo en el tercer lugar con 49 ataques a 22 residencias, barrios y urbanizaciones; y le siguió Bolívar con 23 ataques en 12 residencias y urbanizaciones. En promedio cada una de estas zonas fue objeto de al menos 2 ataques.<h4>&nbsp;Asesinados</h4> Finalmente, entre los meses de febrero y mayo de 2014, 43 personas perdieron la vida en distintos sucesos ocurridos en el contexto de las manifestaciones realizadas en el país. Esta cifra representó un aumento de 323% en comparación con la registrada durante los 12 meses del año 2013, cuando fallecieron 13 personas en manifestaciones a consecuencia de la actuación de los cuerpos de seguridad y de agentes no estatales.28 personas fueron asesinadas con disparos efectuados con armas de fuego, un ciudadano fue asesinado a golpes, seis personas murieron al colisionar con barricadas y/o guayas colocadas en vías públicas, tres por hechos señalados como accidentes, dos luego de ser arrolladas por vehículos y otras dos en circunstancias aún no aclaradas.La respuesta que las instituciones del Estado venezolano dieron a las protestas realizadas entre febrero y mayo de 2014, reflejaron la ausencia de una cultura democrática que permitieran generar condiciones para el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica, y garantizar al mismo tiempo el mantenimiento del orden público con apego a la Constitución Nacional, a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia de protección a los derechos humanos.Las altas cifras de violaciones a la integridad de manifestantes y el reiterado empleo excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos armados del Estado, dieron cuenta de la magnitud de la represión ejercida en 4 meses de manifestaciones. Desde el Ejecutivo se alentó la represión ejercida al felicitar públicamente a los componentes que participaron en acciones de dispersión a manifestantes pacíficos.<h4>La escalada de la represión</h4> La conflictividad en 2014 tuvo como respuesta estatal una profundización de la lógica represiva sobre el control territorial y las zonas de exclusión.El ex alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, emitió un decreto que declaró a Caracas “zona libre de fascismo”, y desde entonces ninguna manifestación opositora pudo transitar libremente por el municipio y, menos aún, acercarse a las sedes de las instituciones del Estado. El TSJ reforzó esta exclusión al decidir que estaba prohibido manifestar ante el CNE, alegando “razones de seguridad”.&nbsp;Desde 2014 la gestión de Maduro aceleró la construcción del andamiaje anti-protestas.En medio del conflicto que se desarrollaba en las calles para exigir su salida del poder, lanzó el “Comando Popular Antigolpe” con el que abrió la puerta a la participación “institucionalizada” de civiles en labores de contención de manifestaciones; inteligencia para-policial y seguridad ciudadana.Finalizada la ola de protestas conocida como la “Salida”, inmediatamente se crearon nuevas figuras represivas que se sumarían a las Milicias obreras; campesinas; estudiantiles y vecinales. Las “Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia” (BEGV) ahora GOES; la Fuerza Choque, adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), y el “Sistema Popular de Protección para la Paz” (SP3) fueron algunas de las instancias creadas entre 2014 y 2015 para hacer frente al descontento social y afianzar los mecanismos de control.&nbsp; En enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa publicó en Gaceta Oficial No. 40.589, la resolución número 008610 mediante la cual se dan atributos a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para realizar labores de control de orden público en el contexto de manifestaciones.Esta medida, violatoria de la Constitución Nacional en sus artículos 68, 329 y 332 y apartada del estándar internacional que señala que sólo los cuerpos policiales deben ser los responsables del control del orden interno; se dictó en un contexto de amplia represión por parte de efectivos de las FANB en las manifestaciones públicas. La Resolución 008610 no hizo diferenciación sobre los cuerpos militares que podrán actuar en manifestaciones públicas para el control del orden interno, sino que dejó abierta la posibilidad para que cualquier miembro de esta institución participe en estas operaciones, lo que podría incluir al Ejército o la Armada, en abierto desconocimiento a lo establecido en el artículo 332 de la Carta Magna.Más recientemente, figuras como la “Red de Articulación y Acción Sociopolítica” (RAAS) o las “Cuadrillas de Paz”, han añadido nuevos riesgos para quienes protestan o disienten del proyecto autoritario de Maduro.En los últimos años el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha estado severamente amenazado por violaciones del derecho a la vida; integridad y libertad personal realizados por agentes del Estado, lo que muestra la inexistencia de una política democrática de control del orden público.&nbsp;<h4>&nbsp; La nueva etapa represiva</h4> Desde mayo de 2016 Venezuela estuvo sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, que entre otros aspectos, usurpó las funciones del parlamento venezolano elegido en 2015, al eliminar atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), calificándolas como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”.Además, el “Estado de Excepción” que brindó una “legalidad” paralela a la Constitución al gobierno de Maduro, estableció la suspensión indefinida de las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, y la supeditación de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional.El gobierno de Maduro ha reforzado la respuesta represiva frente a las demandas ciudadanas y el descontento popular producto del hambre, el crecimiento de la pobreza y la indolencia gubernamental, erosionando definitivamente las garantías para los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas.Prensa Provea

Desde febrero de 2014: Maduro aceleró la construcción del andamiaje anti-protestas en Venezuela

La caída de Alex Saab vuelve a abrir un expediente judicial que en Washington nunca llegó a cerrarse del todo, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca de Joe Biden por darlo por zanjado.&nbsp;Su supuesta detención en Caracas, adelantada por medios colombianos y por Reuters citando a un funcionario estadounidense, y negada o respondida con evasivas por las autoridades venezolanas, ha reactivado un caso que durante años simbolizó la ofensiva judicial de Estados Unidos contra el entramado financiero del chavismo y que terminó en un indulto que generó una honda incomodidad en la Fiscalía federal.&nbsp;Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue una pieza codiciada por la Justicia estadounidense desde su detención en Cabo Verde y posterior extradición.&nbsp;El régimen venezolano exigió reiteradamente su liberación y la situó como condición en las negociaciones políticas con Washington.&nbsp;Finalmente la obtuvo. Pero el desenlace no alteró el curso autoritario en Caracas: la inhabilitación de opositores como María Corina Machado y unas elecciones cuestionadas marcaron el rumbo posterior.&nbsp;La liberación de Saab no trajo normalización democrática; trajo el regreso de un hombre que durante años había estado en el centro de uno de los expedientes más sensibles para Estados Unidos.Lea también: <a href="https://impactove.com/vicky-davila-se-la-jura-a-alex-saab-amenaza-con-pedir-su-extradicion-a-colombia-si-llega-a-la-presidencia">Vicky Dávila se la jura a Alex Saab: amenaza con pedir su extradición a Colombia si llega a la presidencia</a>&nbsp;<h4>El caso</h4>Mucho antes del indulto y del debate sobre su inmunidad diplomática, Washington ya había construido un retrato detallado. El 25 de julio de 2019, el mismo día en que fue acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida, el Departamento del Tesoro lo situó en el corazón de lo que describió como una red de corrupción ligada al programa estatal de alimentos CLAP, creado en 2016 para distribuir cajas de comida subsidiada a la población más vulnerable.&nbsp;Según las alegaciones del Tesoro, Saab sobornó a los hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como ‘Los Chamos’— para asegurarse el acceso a contratos públicos sobrevalorados.&nbsp;Washington sostuvo que explotó contratos adjudicados sin licitación y que se lucró con programas de subsidio alimentario mientras el país atravesaba una escasez crónica. De ahí nació el apodo que lo persiguió durante años en el debate político venezolano: el «empresario del hambre».Las autoridades estadounidenses describieron un esquema que, en su versión, combinaba sobreprecios, sobornos y una red internacional de empresas pantalla.&nbsp;Saab y su socio Álvaro Pulido habrían diseñado una estructura corporativa para adquirir alimentos en el extranjero, ensamblarlos en terceros países y enviarlos a Venezuela «al tipo más rentable para ellos».&nbsp;El Tesoro sostuvo que el resultado fueron «beneficios sustanciales» mientras se importaba solo una fracción de los alimentos necesarios.La mecánica, según esas alegaciones, era siempre la misma: empresas instrumentales recibían pagos anticipados del Estado venezolano por contratos inflados; parte del dinero se desviaba en forma de comisiones ilegales y sobornos a funcionarios; se emitían facturas fraudulentas alineadas con el valor de los contratos; y, en ocasiones, se subcontrataba el suministro de productos de menor calidad nutricional.&nbsp;Para dificultar el rastreo, los fondos circulaban por una red global de sociedades registradas en México, Turquía, Panamá, Emiratos Árabes o Hong Kong, vinculadas directa o indirectamente a Saab, Pulido y su entorno familiar.<h4>Corrupción estructural</h4> No se trata de una condena judicial, sino de designaciones administrativas bajo el régimen de sanciones estadounidenses. Pero el lenguaje empleado fue inequívoco, acusaciones de corrupción estructural, de contratos sobrevalorados y de una red que permitió que dirigentes y allegados al poder obtuvieran beneficios de un programa creado para alimentar a la población.&nbsp; A ese frente administrativo se sumó el expediente penal en Miami. El 25 de julio de 2019, Saab fue acusado de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de siete cargos adicionales de lavado de dinero.&nbsp;La acusación sostiene que, junto a Pulido, había articulado desde 2011 una trama para obtener contratos de vivienda social en Venezuela con precios inflados. Según los fiscales, las empresas vinculadas a ambos suscribieron acuerdos para suministrar materiales prefabricados con sobrecostes significativos.El núcleo del caso describe movimientos por aproximadamente 350 millones de dólares. Los documentos judiciales detallan que el dinero se canalizó a través de sociedades registradas en distintas jurisdicciones y que parte de las transferencias transitó por el sistema financiero estadounidense.&nbsp;Esa conexión permitió fundamentar la jurisdicción federal. La acusación menciona reuniones celebradas en Miami para coordinar pagos y transferencias hacia cuentas en el Distrito Sur de Florida.En agosto de 2019, al no comparecer ante el tribunal, Saab fue declarado en rebeldía. El 12 de junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde cuando su avión, que cubría la ruta entre Venezuela e Irán, hizo escala para repostar.&nbsp;Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición. Saab alegó que viajaba como enviado especial del Gobierno venezolano y que gozaba de inmunidad diplomática. El tribunal de distrito en Florida rechazó su intento de comparecer de forma especial para invocar esa inmunidad. Tras una larga batalla judicial, fue extraditado en octubre de 2021 y trasladado a Miami.Allí se enfrentaba a una acusación formal de ocho cargos vinculados al blanqueo de capitales y a la presunta vulneración de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en un esquema que, según el Departamento de Justicia, incluía sobornos para aprovechar el sistema de control cambiario venezolano mediante documentación de importación falsa. Para la Fiscalía estadounidense, Saab y Pulido no eran simples intermediarios comerciales, sino arquitectos de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de fondos públicos.<h4>El indulto de Biden</h4>El proceso nunca llegó a juicio. En diciembre de 2023, el presidente Biden le concedió un indulto presidencial completo por los delitos incluidos en la acusación federal de 2019.&nbsp;El documento de clemencia establecía condiciones claras: Saab debía abandonar Estados Unidos y permanecer fuera del país; no cometer nuevos delitos federales; renunciar a cualquier reclamación contra el Gobierno estadounidense; abandonar cualquier derecho sobre fondos o bienes incautados o sujetos a decomiso vinculados al caso; y no percibir beneficios económicos derivados de libros, películas u otras producciones sobre su situación.El texto precisaba que, si incumplía cualquiera de esas condiciones, el indulto podría quedar sin efecto a discreción del presidente en ejercicio o de un futuro mandatario. Ese detalle mantiene abierto un resquicio jurídico que ahora vuelve a examinarse en Washington ante la incertidumbre sobre su situación en Caracas.El indulto extinguió la acción penal por esos cargos concretos, pero no borró el marco más amplio de sanciones.&nbsp;El Departamento del Tesoro ya lo había designado en virtud de la Orden Ejecutiva 13850, vinculándolo también a redes destinadas a eludir sanciones en el sector petrolero venezolano. Según esas alegaciones, el régimen de Maduro, la estatal PDVSA y Saab recurrieron a estructuras empresariales en México y otros países para negociar la venta de crudo mediante sociedades instrumentales, en lo que Washington describió como un mecanismo de «crudo por comida» para sortear el régimen sancionador.Las designaciones implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas estadounidenses. No constituyen condenas penales, pero consolidan el señalamiento de Saab como figura relevante en redes de corrupción y evasión de sanciones.<h4>Operador del chavismo</h4> Durante años, fiscales estadounidenses lo situaron como uno de los principales operadores financieros del chavismo. En el terreno público se le señaló reiteradamente como presunto testaferro de Maduro, una afirmación que no fue objeto de sentencia firme, pero que marcó la narrativa política del caso.&nbsp;En su batalla contra la extradición en Cabo Verde contó con la defensa del exjuez español Baltasar Garzón, quien sostuvo que actuaba como enviado especial y que su detención vulneraba normas internacionales.Tras el indulto, Saab regresó a Venezuela y fue incorporado al Gobierno. Su posición parecía consolidada.&nbsp;Sin embargo, la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su salida posterior del Ministerio de Industria han alterado el equilibrio interno. La noticia de una posible detención por parte del SEBIN abre interrogantes sobre si se trata de un movimiento interno para apartar a una figura incómoda o de una eventual coordinación con instancias externas.Por el momento, las autoridades estadounidenses consultadas aseguran no tener constancia de un plan de extradición ni de nuevos cargos federales. El indulto cubre específicamente los delitos imputados en el caso de Florida, pero no otorga una inmunidad general frente a cualquier investigación futura.Con información de ABC de España

Auge y caída de ALEX SAAB: EE.UU. mantiene este caso vivito y coleando

&nbsp; Venezuela entierra el modelo petrolero de Hugo Chávez con una apertura al sector privado avalada por Estados Unidos, que tomó control en la industria tras deponer a Nicolás Maduro.El Parlamento aprobó una reforma a su ley de Hidrocarburos el jueves, poco antes de que el Departamento del Tesoro anunciara una flexibilización del embargo impuesto en 2019 al crudo venezolano.La reforma fue impulsada por Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia venezolana tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense. Era vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, cargo que aún retiene.Hizo además los primeros acercamientos con el sector privado en medio de una crisis de corrupción, desinversiones y malos manejos, que las sanciones solo agravaron.El sector petrolero creció 16% bajo su batuta en 2025. Y proyecciones privadas apuntan a un crecimiento de 30% para 2026.<h4>Lea también:<a href="https://impactove.com/reforma-de-la-ley-de-hidrocarburos-facilitara-la-extraccion-y-venta-del-crudo-para-el-bienestar-social-jesus-faria">"Reforma de la Ley de Hidrocarburos facilitará la extracción y venta del crudo para el bienestar social": Jesús Faría</a></h4> &nbsp;<h4> - Cambios en la ley -</h4>El fallecido presidente Chávez (1999-2013) impuso un férreo control en la industria. Obligó a las petroleras extranjeras a formar sociedades con la estatal PDVSA con minoría accionaria y nacionalizó todas las empresas de servicios.La nueva ley permite y facilita a privados la explotación y comercialización directa."Esto es un desmantelamiento completo del modelo petrolero de Hugo Chávez", dijo Francisco Monaldi, profesor de la Universidad de Rice, en Estados Unidos.Otro cambio está en la regalía. Se mantiene en 30%, pero establece la posibilidad de reducirlo en función de la viabilidad económica del proyecto. También se permite al Ejecutivo reducir la tasa de 50% del impuesto sobre la renta.Se abre además al arbitraje internacional -prohibido por Chávez- para garantizar la confianza a la inversión.Monaldi entiende que la reforma "legaliza el modelo Chevron". La empresa estadounidense permitió -dentro de la empresa mixta- que el accionista minoritario cumpliera todas las funciones de operador.Los detalles del acuerdo de 2022 se desconocen, bajo el manto hermético de una ley llamada Antibloqueo y gracias a una licencia de la OFAC."Es la única manera de obtener inversión importante para el país", indicó Monaldi.<h4> - La nueva licencia -</h4>Estados Unidos emitió el jueves un permiso que autoriza a empresas estadounidenses la exportación, venta, almacenamiento, comercialización, transporte y refinación de crudo venezolano.La licencia 46 establece que los contratos entre el gobierno de Venezuela, PDVSA o sus filiales deben estar regidos por las leyes de Estados Unidos y que cualquier mecanismo de resolución de disputas debe ser dentro del territorio estadounidense.Se establecen varias condiciones: no se permiten pagos a través de canjes de deuda, en oro y en activos digitales como criptomonedas emitidas por Venezuela.Tampoco se autorizan transacciones con personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.No está claro si la licencia ampara a petroleras europeas como Repsol y ENI.Pero "es una buena flexibilización, ya que no tiene término de duración y esto le da mucha seguridad a las empresas", dijo a la AFP Dolores Dobarro, exviceministra de Petróleo.<h4> - Actores de EE.UU.</h4>"Nos hemos quedado cuando otros no lo hicieron", dijo el viernes Mike Wirth, CEO de Chevron, al canal CNBC. "Estamos recuperando algunas deudas que se nos debían, y eso nos da una ventaja significativa. El país tiene un enorme potencial a largo plazo".Chevron aceptó las condiciones de Chávez, mientras que otros actores, como Exxon Mobil y Conoco Phillips, demandaron al país.Wirth acotó que se necesitarán otras autorizaciones para impulsar la producción en los campos que operan.Chevron estima que su producción pase de 50.000 a 250.000 barriles diarios en dos años.La licencia anticipa una mayor presencia de inversionistas internacionales, aunque Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, enumeró como condiciones la estabilidad institucional y económica. Habló de una "transición a un gobierno representativo".<h4> -Cifras conservadoras-</h4>Los analistas dan como un hecho un alza en las exportaciones e ingresos."Tiene un impacto directo en el flujo de caja del sector al reducir los descuentos aplicados al crudo, así como los costos operativos y de transporte", afirmó el economista Asdrúbal Oliveros.Acotó que el control estadounidense "condiciona su uso e impacto efectivo en la economía venezolana", que cerró 2025 con hiperinflación.Prevé estabilidad cambiaria y de precios, aunque es temprano aún para medir el impacto en el ciudadano de a pie.El gobierno prevé este año un alza de 18% en la producción petrolera que cerró 2025 en 1,1 millones de barriles diarios.Felizzola estima que en 2026 alcance 1,5 millones de barriles diarios (bd), 34% más que en 2025. Monaldi prevé 1,4 millones de bd a mediano plazo, dadas las grandes inversiones para "los muchos problemas de infraestructura en los campos petroleros".Con información de AFP

Venezuela apura apertura petrolera: ¿qué cambia y cómo beneficia a EE.UU.?

&nbsp;&nbsp;J no puede dormir desde la captura de Nicolás Maduro. Toma somníferos para espantar los recuerdos de las explosiones, la desesperación y, sobre todo, el terror a otro bombardeo estadounidense a una Venezuela al borde del estrés postraumático.Aún recuerda la humareda anaranjada desde Fuerte Tiuna, donde Estados Unidos atacó el 3 de enero para llevarse a Maduro y su esposa. Su apartamento, a unos 500 metros de ese complejo militar en Caracas, se tiñó de amarillo por la inédita incursión en este país sin guerras desde el siglo XIX.Revive la vibración descontrolada de su cama, su hijo aferrado a su cuerpo, el griterío descarnado en los pasillos de su edificio... Escenas que escupe con voz temblorosa."Las cosas que sucedieron ese día ya no puedo verlas, soy muy sensible", cuenta J bajo anonimato. "Pasa un camión durísimo o suena una corneta (bocina), cualquier cosita, y uno se despierta, incluso tomando pastillas"."Siento inseguridad, vergüenza, rabia, siento muchas cosas, pero principalmente siento miedo", reconoce. "Me da terror que mi hijo salga y pase algo", dice, sin mencionar la palabra bombardeo.El temor amordaza en Venezuela tras años de un represivo control estatal y con cientos de presos políticos. Además, un estado de conmoción castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense e impone un silencio que contrasta con las populosas manifestaciones de la diáspora.Los problemas de sueño y pensamientos negativos recurrentes muestran un estrés postraumático producto de un "miedo intenso", identifica la psicóloga social Yorelis Acosta."¿El daño psicológico quién te lo arregla?", se cuestiona J, en sus cincuenta años, madre de un adolescente.<h4>Lea también:<a href="https://impactove.com/la-batalla-narrativa-tras-el-bombardeo-de-eeuu-se-da-tambien-con-inteligencia-artificial">La "BATALLA NARRATIVA" tras el bombardeo de EE.UU. se da también con inteligencia artificial</a></h4><h4> - "Pedacitos" -</h4>Los venezolanos, apunta Acosta, "están realmente en un estado de alerta importante" luego de que Donald Trump bombardeara la capital y zonas aledañas, con un saldo que ronda el centenar de muertos.El mandatario republicano, que dice estar a cargo de Venezuela, ha aclarado estar listo para nuevos ataques de ser necesario.J solo intenta "recoger los pedacitos" que la onda expansiva quebró dentro de sí. Se protege detrás de la inicial de su nombre, al igual que L, quien desde uno de los complejos habitacionales civiles en Fuerte Tiuna vio los helicópteros y las flamas de frente."Ya sé que puede ocurrir un bombardeo, que depende de a quién se le antoje", sopesa L.Ahora, una muda de ropa cuelga de su puerta y en su armario hay mochilas de emergencia con alimentos enlatados, botellas de agua, tapabocas, gasas, solución sódica, un cuchillo... "Me falta todavía meterle linternas y galletas", enumera.Es lo que puede "controlar": prepararse para que otro bombazo no la "agarre dormida". "No puedo parar mi vida en función de que me gane el terror. No te digo que no tengo, pero debemos seguir", asegura L, madre de dos, sin intenciones de ir a terapia.La salud mental es tabú y lujo en este país en crisis perenne. El mismo 3 de enero, la Federación de Psicólogos de Venezuela extendió los horarios de su línea gratuita de atención. Los teléfonos no paran de sonar.La mitad de las llamadas se deben a "síntomas vinculados a ansiedad, ataques de pánico, en donde la persona se encuentra muy alterada, angustiada", explica la psicóloga Paola Hernández, coordinadora de la línea.<h4> - "Represalias" -</h4>M muestra en su celular una foto que, de tanto rodar, llegó a ilustrar un artículo de la revista Time: una humareda anaranjada y gris se alza desde Fuerte Tiuna, vista desde el barrio que lo bordea, de precarias viviendas de bloques y techos de zinc.La borra sin pensarlo dos veces. "Yo no puedo andar con eso, imagínate si me consiguen eso en la calle", zanja.Oenegés como Espacio Público reportan revisiones sin orden judicial a celulares en alcabalas policiales en Caracas y otras ciudades. Rastrean palabras como "bombardeo", "Trump" y "Maduro" en plataformas de mensajería y esculcan las galerías de fotos."Esa normalidad, ese silencio que vemos en la calle, que no ha pasado nada, para mí tiene que ver con desesperanza aprendida, con miedo" a "tener represalias de entes de seguridad", señala Acosta.Más de 700 personas están detenidas por razones políticas, contabiliza Foro Penal, y decenas cayeron por mensajes en redes críticos al gobierno.J está asustada en la calle, asustada en su casa. No encuentra sosiego tras el bombardeo. "Hay que pedirle mucho a Dios que no nos pongan en una situación nuevamente igual", dice con el llanto en la garganta."Lo único que tenemos es el presente".Con información de AFP

La onda expansiva del bombardeo de EE.UU. quiebra en "pedacitos" la psique del venezolano

<h2 style="margin-left:0px;">&nbsp;</h2>&nbsp;El general en jefe Vladimir Padrino fue el arquitecto de la "lealtad absoluta" que los militares venezolanos juraron a Nicolás Maduro hasta su caída. Es ahora una ficha crucial para Delcy Rodríguez y su frágil gobierno interino.Con el máximo rango militar del país, Padrino es ministro de Defensa desde octubre de 2014 y representante de Maduro en una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) altamente ideologizada y golpeada ante la incursión estadounidense del 3 de enero.Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la captura del gobernante y su esposa, Cilia Flores, en medio de un bombardeo a Caracas que tomó a las fuerzas de seguridad desprevenidas.Los militares rápidamente respaldaron su nombramiento, con Padrino al frente. Pero expertos coinciden en que Rodríguez arranca débil frente a la FANB porque nunca cultivó un nexo con los uniformados. Padrino es clave."Conoce la estructura, garantiza el control de la Fuerza Armada", explicó a la AFP Hebert García, general en retiro que fue ministro de Maduro hasta que rompió con el poder. "Delcy nunca tuvo relación ni afinidad con la Fuerza Armada, la tenía Maduro a través de Padrino".Rodríguez no ha tocado la cúpula militar. Mantuvo en sus cargos a Padrino y Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), que está a cargo de la tropa.Pero reemplazó al jefe de su guardia presidencial, que es el mismo de la agencia de contrainteligencia, al tiempo que cambió a los generales de 12 de 28 comandancias regionales.Lea también: <a href="https://impactove.com/protector-o-estorbo-el-incierto-juego-de-poder-que-podria-sacar-a-padrino-lopez-del-poder-video">¿PROTECTOR O ESTORBO?: El incierto juego de poder que podría sacar a Padrino López del poder - VIDEO</a>&nbsp;<h2 style="margin-left:0px;">- "Peligro" -</h2>&nbsp;Padrino, de 62 años, defiende la doctrina "chavista" con la que hoy se define la institución y abraza la consigna de "unión cívico-militar" que impulsó primero el fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) y mantuvo Maduro."Era el rostro de Maduro dentro de la Fuerza Armada", indicó García. "Tuvo la habilidad de mantener a la Fuerza Armada, entre comillas, unida, sin que se le fuera de las manos y diera un golpe de Estado".Rodríguez está más vulnerable. "En peligro", estimó una fuente diplomática. "No controla fuerzas de seguridad, pero cuenta con el tutelaje de Estados Unidos", reparó.La nueva presidenta dio un vuelco a la conflictiva relación con Washington que caracterizó los 27 años de gobiernos chavistas. Suscribió acuerdos petroleros, accedió a la liberación de presos políticos y trabaja en favor de la reanudación de relaciones diplomáticas.El vínculo choca con el carácter "antimperialista" que pregona una FANB que, según García, quedó "sacudida, tambaleante" por el 3 de enero."Hay una crisis institucional en la que hacer cambios es sumar problemas adicionales al principal que fue remover al comandante en jefe", apuntó.Además de las armas, los militares controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.&nbsp;<h2 style="margin-left:0px;">- "Barrera" -</h2>&nbsp;Padrino asumió el cargo de ministro de Defensa poco más de un año después de que Maduro llegó el poder y por casi tres años lo compartió con la jefatura del CEO.Padre de dos hijos, amante de la música tradicional venezolana y de la lectura, Padrino contó que su padre, un analista de sistemas, "siempre tuvo su vista en la revolución de Lenin, en la revolución soviética".De ahí su nombre, en honor a Vladimir Ilich Ulianov, alias Lenin.Recordó en una entrevista en 2021 que se hizo soldado por "cosas de la providencia": un amigo lo invitó a acompañarlo a presentar el examen para ingresar a la Academia Militar.&nbsp;"Tú estás loco, yo a eso no voy", recuerda que le respondió.&nbsp;"Terminé acompañándolo, presenté el examen, mi compañero no quedó y yo sí".En su primer año como cadete conoció a Chávez, entonces teniente. "Fue mi profesor, orientador", aunque no lo invitó a participar del intento de golpe de Estado de 1992 que lo hizo popular y trazó su camino al poder."Después de que conocí al comandante Chávez se reafirmó el germen revolucionario", indicó el general, siempre de uniforme.&nbsp;<h2 style="margin-left:0px;">- "Quédate en tu cuartel" -</h2>&nbsp;Una decisión en 2002 catapultó su carrera: el batallón que dirigía en Caracas no se plegó al golpe de Estado que sacó del poder a Chávez durante 48 horas.El gobernante le dijo entonces por teléfono: "Padrino, por favor, no se maten entre hermanos. Padrino, por favor, quédate en tu cuartel", según contó el general.Cumplida esa orden y tras conjurarse el golpe, Chávez condecoró al entonces teniente coronel, quien a partir de ese momento obtuvo religiosamente sus ascensos.Ganó notoriedad en 2012 al definir a la tropa presente como "bolivariana, socialista, antimperialista y revolucionaria".Fue responsable de un plan de abastecimiento durante la crisis de 2016 y en 2024 se alineó con Maduro tras su cuestionada elección.García no obstante apela a su lado institucional, eclipsado por la política."El principal rol que tiene Padrino hoy pasa por estabilizar la Fuerza Armada, sacarla del rol político y llevarla nuevamente al escenario institucional", indicó.Con información de AFP

Vladimir Padrino, ficha militar necesaria en la Venezuela sin Nicolás  Maduro

&nbsp;Chris Evert versus Martina Navratilova: elegancia táctica contra fuerza y riesgo. O Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo: genio y sentido de la oportunidad contra potencia atlética y efectividad. O Muhammad Ali versus George Foreman: astucia y psicología contra fuerza demoledora y soberbia. Las grandes rivalidades son uno de los motores de la historia.&nbsp;Pero no todas se dirimen en una cancha ni de forma deportiva. Al contrario, las mayores rivalidades son políticas y giran en torno al poder: Hamilton versus Jefferson, Hitler versus Churchill. O, yendo al caso actual de Venezuela: María Corina Machado versus Delcy Rodríguez.Lea también: <a href="https://impactove.com/por-que-los-dolares-de-la-venta-de-crudo-venezolano-pasan-por-catar-y-no-por-el-bcv">¿Por qué los dólares de la venta de crudo venezolano pasan por Catar y no por el BCV?</a><h4>&nbsp;Trump no es árbitro neutral</h4> Pero esta rivalidad no se desarrolla en un vacío. Entre Machado y Rodríguez no hay un árbitro neutral. Donald Trump no observa ni media. Es un interventor plenipotenciario con intereses propios: decide tiempos, inclina incentivos y administra avales y apoyos, siempre bajo sus prioridades.El poder es el coliseo más importante de la historia y en él suelen disputarse los combates que marcan el devenir histórico.&nbsp;Es lo que está pasando en la era post-Maduro con Machado y Rodríguez, dos figuras que encarnan proyectos políticos antagónicos, pero operan bajo fuertes restricciones externas. En ese marco, la disputa entre ellas no es solo por el poder en Venezuela, sino por quién logra captar el favoritismo del emperador para ampliar su margen de maniobra en una transición tutelada desde fuera.<h4>Delcy: la tercera etapa del chavismo</h4>Rodríguez representa la tercera etapa del chavismo, ahora sin Maduro ni Chávez.&nbsp;Su aspiración es abrir una tercera vía para convertir una dictadura atroz, incompetente y corrupta hasta la médula en un régimen aceptado internamente y tolerable a nivel internacional, que resuelva algunos problemas básicos de la población –como la salud y la educación– y cumpla una de las primeras promesas de Hugo Chávez: la redistribución del ingreso petrolero entre la mayoría.&nbsp;Eso es lo que se puede concluir de la intensa campaña en redes sociales que ha lanzado para promover sus logros y su agenda de mediano plazo, en un esfuerzo por hacer visible y creíble un perfil ejecutivo.Pese a ser la figura aprobada por Trump para llenar la ausencia de Maduro y evitar la anarquía y el caos, Rodríguez no la tiene fácil.&nbsp;<h4>No la tiene fácil</h4>Tiene que conducir una implosión controlada y, a la vez, prolongar la vida del chavismo. Para ello, debe no solo hacerse creíble y evitar una desbandada en su Gobierno, sino también remontar un amplio rechazo popular.&nbsp;Según una encuesta de The Economist, si las elecciones presidenciales fueran mañana, Rodríguez no llegaría a 13%, mientras Machado la superaría por 30 puntos porcentuales. Aunque Estados Unidos administre hoy el petróleo venezolano, imponiendo limitaciones muy significativas a la capacidad de maniobra del Gobierno, el chavismo cuenta con un cofre de guerra de muchos millones de dólares, custodiados por sus testaferros.La posición de Rodríguez podría verse aún más debilitada por la reciente revelación de que la DEA tiene su nombre como blanco prioritario en varias investigaciones en curso que, de ser sustanciadas, la asociarían con lavado de dinero y tráfico de drogas y de oro.&nbsp;Aun así, Rodríguez cuenta con el apoyo de “amigos” muy poderosos en el círculo de Mar-a-Lago, que influyeron en la decisión del presidente estadounidense de favorecerla y marginar a su rival.<h4>María Corina y su ventaja moral</h4>María Corina Machado parte de una posición moral muy ventajosa, por haber sido legitimada como candidata opositora –si bien luego fue inhabilitada por el chavismo–, así como por representar las esperanzas democráticas de la mayoría de los venezolanos, de quienes es, sin duda, la líder.&nbsp;Y no menos por haber sido premiada con el Nobel de la Paz en 2025. A ello se suma una pátina tecnocrática, vinculada a su abolengo industrial, su título de ingeniera y sus emprendimientos en la sociedad civil, como la ONG Súmate.Machado ha ofrecido abrir de nuevo Venezuela al mundo para hacer llover inversiones en los sectores energético, tecnológico y turístico.&nbsp;Su promesa evoca nada menos que la reinvención de la Gran Venezuela de los años setenta: sueños primermundistas, desarrollismo y consumismo desaforado, pero también pleno empleo y paz social.&nbsp;Eso sí, con mejores instituciones para hacer de Venezuela de nuevo “la envidia del mundo”. O sea: Make Venezuela Great Again: MVENGA (se debe pronunciar ¡VENGA!).Machado, por su parte, logró un avance no desdeñable al ser recibida en la Casa Blanca.&nbsp;Ha sido poco lo que ha trascendido de la visita. La entrega de la medalla a Trump acaparó los titulares mundiales, desviando la atención de los asuntos realmente sustantivos.&nbsp;No queda claro si Machado logró asegurar el apoyo de Trump para una transición democrática en el corto plazo, pero sí cabe esperar que, al menos, haya servido para recomponer el puente roto entre ella y el presidente estadounidense, evidenciado por la escasa coordinación previa entre su equipo y la Casa Blanca respecto a las acciones en Venezuela.&nbsp; En la conferencia de prensa del día siguiente en The Heritage Foundation –nido de la élite MAGA que impulsó el Proyecto 2025–, Machado afirmó de nuevo que el régimen está fracturado, algo de lo que, incluso dos semanas después de la captura de Maduro, no hay evidencia concluyente. Sostuvo además que ese hecho equivalía a la caída del Muro de Berlín, una comparación que todavía está por verse.<h4>Se desprecian, pero se miden</h4>&nbsp;Es evidente que Machado y Rodríguez se desprecian, pero también que se miden y no se subestiman.&nbsp;Delcy Rodríguez no solo juega ping-pong. En más de dos décadas como operadora del chavismo, ha acumulado una experiencia poco común en el laberinto del poder.&nbsp;Machado, en cambio, cuenta con una legitimidad política y simbólica difícil de igualar, pero con márgenes de maniobra más estrechos de lo que sugiere su respaldo popular.Con información de El País

María Corina vs. Delcy y Trump en el medio: el enfrentamiento político que marca a Venezuela

Documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan la base legal de la operación “Absolute Resolve”, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, informó la cadena CNN.&nbsp;Según un memorando fechado el 23 de diciembre de 2025 y dirigido al asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional, la acción fue definida jurídicamente como una captura extraterritorial de tipo extradición forzada, no como una invasión ni un intento de cambio de régimen.&nbsp;El documento sostiene que Maduro no abandonaría el país voluntariamente, que el Estado venezolano no estaba dispuesto ni era capaz de extraditarlo y que existía un alto riesgo de resistencia armada ante un intento de detención convencional.La opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés), que tiene entre 20 y 30 páginas, fue entregada a legisladores el martes, señalaron las fuentes.&nbsp;El documento se basa en una opinión legal de 1989 elaborada por William Barr, quien en ese momento dirigía la OLC y más tarde se desempeñó como secretario de Justicia durante el primer mandato de Trump.Ese memorando argumentaba que un presidente Trump tenía una “autoridad constitucional inherente” para ordenar al FBI detener personas en países extranjeros, incluso si ello violaba el derecho internacional.&nbsp;La nueva opinión da ese punto por sentado, indicaron las fuentes, y establece que la única cuestión en debate es si Trump estaba limitado por alguna ley interna —específicamente, la Constitución y la Ley de Poderes de Guerra— cuando ordenó la operación contra Maduro sin autorización del Congreso.Lea también: <a href="https://impactove.com/donald-trump-estoy-haciendo-que-venezuela-vuelva-a-ser-prospera">Donald Trump: "Estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser próspera"</a><figure class="image"><img src="https://impactovecdn.eleco.com.ar/media/2026/01/justicia.jfif" alt="Justicia"><figcaption>Cortesía</figcaption></figure>El memorando detalla acusaciones de colaboración directa de Maduro con las FARC y redes del narcotráfico, facilitando el envío de cocaína hacia Estados Unidos y brindando protección institucional a organizaciones criminales.&nbsp;También afirma que existen cargos formales en tribunales estadounidenses, pruebas de reuniones con líderes del narcotráfico y evaluaciones de inteligencia que describen a Venezuela como carente de Estado de derecho en los niveles superiores del poder, lo que impediría cualquier arresto legal interno.&nbsp;La operación, según el texto, buscó capturarlo con vida, minimizar la presencia militar y evitar una escalada del conflicto.En el plano legal, el Departamento de Justicia concluye que el presidente de Estados Unidos tenía autoridad constitucional para ordenar la operación sin aprobación previa del Congreso, al tratarse de una acción puntual vinculada a la seguridad nacional y a la aplicación de la ley penal.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">🇺🇸 EE.UU. JUSTIFICA DETENCIÓN DE MADURO Departamento de Justicia publicaría un memo legal que respaldaría la operación “Absolute Resolve” para detener a Maduro, argumentando que Trump tenía autoridad constitucional para ordenar la acción sin aprobación del Congreso, informó CNN <a href="https://t.co/g8tR0tvvvg">pic.twitter.com/g8tR0tvvvg</a>— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) <a href="https://twitter.com/ImpactoVE/status/2011425365240037527?ref_src=twsrc%5Etfw">January 14, 2026</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div><h4>No es un acto de guerra</h4>&nbsp;La tercera sección del memorando subraya que el objetivo no era asesinar a Maduro sino arrestarlo, y que, al ser una operación policial con un objetivo definido, no constituye un acto de guerra ni viola el derecho internacional, encuadrándose en precedentes históricos de capturas extraterritoriales avaladas por la justicia estadounidense.&nbsp; El dictamen concluye que Trump no estaba limitado por el derecho interno porque, en virtud del Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, cuenta con autoridad como comandante en jefe para desplegar soldados y comprometer fuerzas en operaciones.&nbsp;También sostiene que la escala, el alcance y la duración de la operación contra Maduro no alcanzaron el umbral de guerra en el sentido constitucional y, por lo tanto, no requerían autorización previa del Congreso, según las fuentes.&nbsp; “El presidente Trump está comprometido con la aplicación de la ley de Estados Unidos, y la entrega exitosa de Nicolás Maduro a Estados Unidos para que responda por toda una vida de delitos fue legal”, dijo a CNN un funcionario de la Casa Blanca al ser consultado sobre el memorando de la OLC.&nbsp;“Este fue un esfuerzo de toda la administración para arrestar al líder de una importante organización terrorista extranjera dedicada al narcotráfico, que desde hace tiempo era prófugo de la justicia estadounidense. El Departamento de Justicia ejecuta de manera rutinaria órdenes federales de arresto en el extranjero”.&nbsp;Funcionarios del Gobierno de Trump han argumentado que el ataque fue principalmente una operación de aplicación de la ley destinada a llevar ante la justicia a Maduro y a su esposa.&nbsp;Legisladores demócratas, sin embargo, han sostenido que destituir al jefe de Estado de un país mediante el uso de la fuerza militar sí constituye un acto de guerra.Las autoridades también han insistido en que la captura de Maduro no fue una operación de cambio de régimen, ya que el Gobierno de Venezuela permanece en gran medida intacto y ahora está dirigido por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, según ha informado CNN.Con información de CNN

JUSTICIA de EE. UU. justifica incursión de EE. UU. para extracción de Maduro: no fue una invasión

<h2 style="margin-left:0px;">&nbsp;</h2>&nbsp;El acta de acusación&nbsp;contra Nicolás Maduro inculpa al depuesto líder venezolano, a su esposa y a su hijo de formar parte de una conspiración junto a otras tres personas para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos.Maduro y su esposa Cilia Flores, que se declararon no culpables, enfrentan junto a los demás coacusados cuatro cargos graves y podrían ser condenados a cadena perpetua si el jurado federal de Nueva York que eventualmente se encargará del caso los declara culpables.Se espera que Maduro, de 63 años, impugne las acusaciones alegando que goza de inmunidad presidencial y su abogado, en la lectura de cargos, cuestionó la "legalidad de su secuestro" por fuerzas estadounidenses.Los cargos específicos en la acusación son conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.El cargo de conspiración para narcoterrorismo se deriva de acusaciones de que Maduro se asoció con los grupos rebeldes colombianos FARC y ELN, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, y el grupo venezolano Tren de Aragua para mover grandes cantidades de cocaína.El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al Cártel de Sinaloa, a Los Zetas y al Tren de Aragua como "organizaciones terroristas extranjeras".El ya disuelto grupo rebelde marxista FARC fue retirado de la lista en 2021.El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que controla regiones clave de producción de drogas en Colombia, permanece en la lista."Maduro y sus co-conspiradores han, durante décadas, colaborado con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos", según la acusación.Una acusación previa de Estados Unidos contra Maduro, de 2020, lo describía repetidamente como el líder de un grupo narcotraficante conocido como el Cartel de los Soles.Sin embargo, la acusación sustitutiva revelada el sábado tras la captura de Maduro apenas menciona el Cártel de los Soles, que fue designado "organización terrorista extranjera" por el Departamento de Estado en noviembre.Según algunos expertos en Venezuela, el Cártel de los Soles nunca ha existido como una organización formal.Esta última acusación se refiere al cártel como un "sistema de clientelismo" para canalizar ganancias del narcotráfico hacia "funcionarios civiles, militares y de inteligencia de base corruptos".De acuerdo con el centro de estudios InSight Crime, el nombre fue acuñado irónicamente por medios venezolanos en 1993 después de que dos generales fueran capturados por narcotráfico. El sol es una insignia en los uniformes militares de los generales venezolanos.El exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, el mayor general Hugo "Pollo" Carvajal, actualmente encarcelado en Estados Unidos, mandó en diciembre una carta al presidente Donald Trump reproducida por medios internacionales en la que afirmaba que el cártel pasó a ser "una organización criminal" para "utilizar la droga como arma contra Estados Unidos".Lea también:<a href="https://impactove.com/ee-uu-y-venezuela-de-las-sanciones-a-la-captura-de-maduro"> EE.&nbsp;UU. y Venezuela: de las sanciones a la captura de Maduro</a>&nbsp; &nbsp;<h2 style="margin-left:0px;">- "Secuestros, palizas y asesinatos" -</h2>&nbsp;Junto con Maduro fueron acusados su esposa, Cilia Flores, su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, el exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, y el presunto líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.Estados Unidos no reconoce los resultados de las recientes elecciones presidenciales venezolanas, al igual que la Unión Europea y otros países, y la acusación describe a Maduro como el "gobernante de facto pero ilegítimo" de Venezuela.La denuncia de 25 páginas remonta su presunta participación en el narcotráfico al menos hasta 1999.Maduro y los demás acusados "se asociaron con traficantes de narcóticos y grupos narcoterroristas, que despacharon cocaína procesada desde Venezuela hacia Estados Unidos mediante puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México".Maduro y "otros funcionarios corruptos" proporcionaron "cobertura policial y apoyo logístico" para el transporte de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, según la acusación.Mientras fue canciller entre 2006 y 2008, Maduro presuntamente proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes, permitiéndoles trasladar ganancias ilícitas de drogas de México a Venezuela bajo cobertura diplomática, se indica.La acusación sostiene que entre 2004 y 2015, Maduro y Flores, su esposa, "trabajaron juntos para traficar cocaína, gran parte de la cual había sido previamente incautada por las fuerzas del orden venezolanas".Ordenaron "secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero de drogas o de otro modo perjudicaban su operación de narcotráfico", señala.La próxima audiencia ha sido fijada para el 17 de marzo.Con información de AFP

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