Un análisis efectuado por el diario ABC, destaca que la presencia de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda estaría retrasando a propósito el proceso contra el régimen en esa corte por sus nexos con el chavismo
La afirmación desde la Corte Penal Internacional (CPI), sobre un supuesto avance en la causa contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, no debe desatar esperanzas en los venezolanos.
Así lo afirma un trabajo de ABC, en relación con el dictamen de la CPI sobre que hay «fundamento razonable» para creer que en Venezuela ocurren esos delitos.
El análisis destaca que “sí hay un importante reconocimiento” que sigue a pronunciamientos más contundentes de parte de la ONU, por ejemplo.
No obstante, destaca “la lentitud y la actitud con que está procediendo la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda”. Según el diario, esa actuación “sugieren que no habrá gran avance al menos hasta que (ella) deje el puesto en junio del próximo año. No importa que seis países avalan las acusaciones contra el régimen.
Con sus palabras de «fundamento razonable», Bensouda no hizo más que adelantar lo que previsiblemente incluirá en su informe anual. “Dará por concluida solo la segunda de las cuatro fases del examen preliminar de la causa”, destaca el trabajo.
“¡Dos años para dos fases de lo que es tan solo un examen preliminar!», lamenta el abogado venezolano William Cárdenas. Este profesional del derecho es uno de los primeros en interponer denuncias ante La Haya contra el chavismo.
Lo hizo contra el régimen de Hugo Chávez, contra los colectivos armados para amedrentar a la población. También lo hizo a raíz de los cientos de muertes y torturas perpetrados por Maduro.
En la presentación de esas denuncias participan numerosos opositores y entidades ciudadanas, como la OEA. Se apoyan en en informes que detallan muchos de los crímenes cometidos.
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Lentitud del proceso
Aunque a la Corte llegaron denuncias previas, Bensouda no abrió el proceso hasta el 8 de febrero de 2018. En esa fecha anunció el inicio del examen preliminar.
La primera fase era determinar si la letal represión de Maduro en los últimos años ocurrió en un estado signatario del Estatuto de Roma. La segunda, que ahora parece concluir, es la que confirma que los crímenes alegados son competencia de la Corte.
La tercera fase es la que Bensouda debe abrir, tras la reunión que mantuvo el 4 de noviembre con el fiscal de Maduro, Tarek Saab.
En el nuevo estadio procesal debe establecerse el principio de complementariedad: que en Venezuela no se han investigado bien los crímenes denunciados. Por tanto debe hacerlo la Corte.
Eso llevaría un cuarto momento: la admisión de la causa para su investigación. Esta fase, difícilmente se establecerá antes de que Bensouda deje el cargo en junio.
Después, un nuevo fiscal debe encargarse del caso. No partirá de cero, pero lo normal es que tarde un tiempo en ponerse al día de todos los trámites del tribunal.
La foto que Bensouda se hizo con Saab, podría indicar que la fiscal está abierta a dar credibilidad a las explicaciones de Maduro.
Cárdenas desconfía completamente de Bensouda. El anterior fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, hizo poco caso a las denuncias contra Hugo Chávez. Cárdenas le atribuye una estrecha relación con el kirchnerismo.
El «lobby» de Haifa el Aissami
Mayor influencia tuvo tenido el lobby realizado por Haifa el Aissami, hermana de Tarek el Aissami.
Haifa el Aissami, tiene frecuentes contactos con Bensouda, tramitó la denuncia de Maduro ante la CPI contra Estados Unidos. Esto, por las sanciones aplicadas por la administracion de Donald Trump.
