Cidh amplió medidas cautelares a integrantes del Foro Penal
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Solicitan al Estado venezolano que adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de tales personas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) adoptó una nueva resolución en la que exige al gobierno de Nicolás Maduro proteger los derechos de vida e integridad personal de integrantes de la ONG Foro Penal, que consideran se encuentran en situación de riesgo. También amplió las medidas de protección para otros 10 miembros de la organización.
Tal disposición se plantea en la Resolución de Seguimiento, Modificación, Ampliación y Levantamiento 92/2024, que decide mantener las medidas cautelares a favor Alfredo Romero, Gonzalo Himiob Santomé, Luis Betancourt y Olnar Ortiz, algunos de los miembros principales de la ONG dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela.
Asimismo, la comisión amplió las medidas de protección a los siguientes integrantes del Foro Penal: Kennedy Tejeda, Mayela Fonseca, Lucía Quintero, Pedro Arévalo, Arelys Ayala, Wiecza Santos Matiz, Laura Valbuena, Raquel Sánchez Carrero, Franyer José Hernández Valladares y Marbella Gutiérrez.
La Cidh solicitó al Estado venezolano que «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas integrantes del Foro Penal debidamente identificados en la presente resolución».
La Comisión señala que las personas beneficiarias han enfrentado intimidación y hostigamiento de agentes estatales, reteniéndoles por largos períodos, amenazándoles con detención o abriéndoles procesos por documentar los hechos, lo que deja a los miembros del Foro Penal en una situación de desprotección en el contexto del país.
«Respecto a todas las personas beneficiarias, se solicita que informe de manera formal sobre la existencia de algún proceso de investigación en su contra, incluyendo por lo menos los hechos que se investigan, los delitos que se les imputan, la fiscalía a cargo de la investigación y la autoridad judicial competente que conoce de la investigación», indicó la Cidh.
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La resolución añade: «El Estado deberá permitir que las personas beneficiarias y/o sus representantes puedan acceder a la integralidad del expediente penal en su contra, si este existe, permitiendo que pueda presentar los recursos correspondientes y garantizando su seguridad en la tramitación del mismo».
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