CIDH en contra de inhabilitaciones en Venezuela: “Buscan cerrar el espacio cívico”
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La CIDH se pronunció por las detenciones e inhabilitaciones que se desarrollan en Venezuela en contra de los que piensan diferente a la administración de Nicolás Maduro y condenó lo que sucede
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este viernes sobre las nuevas políticas impuestas por la administración de Nicolás Maduro para frenar a la oposición y a los candidatos que compiten en la primaria, prevista para realizarse en octubre.
«El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, (…) así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica», dijo la comisión, en un comunicado difundido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que rechaza las inhabilitaciones de los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.
La CIDH aseveró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución».
Recordemos que estas medidas impuestas por los funcionarios de Maduro no impiden que los políticos venezolanos participen en la primaria, porque se trata de un asunto interno de la oposición.
Sin embargo, representaría un inconveniente para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidatos a las presidenciales, ya que la medida les impide ocupar cargos públicos de elección popular.
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#Venezuela: #CIDH condena la persecución a personas por motivos políticos en el contexto preelectoral.#DerechosHumanos ?? https://t.co/lCwQ7G8N2z pic.twitter.com/bjCHqGc5cD
— CIDH – IACHR (@CIDH) July 14, 2023
Detenciones “arbitrarias” en Sidor
Por otra parte, la CIDH «registró, con especial preocupación, la detención arbitraria de tres sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales».
De esta forma se sumaron a los «más de 20» trabajadores detenidos «en circunstancias parecidas» en lo que va de año.
Asimismo, la comisión resaltó que tanto las inhabilitaciones como las detenciones «resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico», por lo que consideró urgente que el Estado «adopte un compromiso genuino con la democracia (…) levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política».
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