CIDH exige a Maduro liberación de presos políticos y garantía de participación opositora en las presidenciales

La Cidh se pronunció en contra de la persecución por parte del gobierno de Maduro a quienes piensan distinto

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la «persecución penal» contra dirigentes opositores en Venezuela por parte de los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

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La CIDH aseguró mediante un comunicado que con esto buscan «obstaculizar» la participación política de la oposición que se opone a las políticas y el pensar del chavismo y madurismo en el país.

Asimismo, se pronunció sobre la persecución contra miembros del equipo de trabajo de la candidata presidencial por la oposición, María Corina Machado. Aseveró que esto forma parte de un “patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política de la oposición”.

La CIDH también se pronunció sobre el caso del presidente de Súmate, Roberto Abdul, quien fue detenido y luego de 14 días fue excarcelado el 20 de diciembre, en el marco de una negociación con Estados Unidos.

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Abdul fue detenido, junto a miembros del equipo de trabajo de Machado, acusados de, junto a diez personas que están en el exterior por la Fiscalía de Venezuela de «traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir», en una supuesta conspiración contra el referendo del 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana.

En ese sentido, la comisión aseguró que el sistema de justicia venezolano «no ofrece garantías de independencia e imparcialidad, ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro”.

También recriminó que utilicen figuras penales “extremadamente amplias, vagas y ambiguas, como traición a la patria, pueden instrumentalizarse para perseguir e impedir la legítima participación política”.

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Ante esto, exigieron al gobierno de Maduro, no solo liberar el resto de presos políticos, sino, además, adoptar, «con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024».