CIDH PREOCUPADA por la situación de la libertad de expresión en Estados Unidos
La RELE alerta por los discursos que incitan a la violencia y la pérdida de empleos por parte de periodistas por ser críticos
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la situación de la libertad de expresión en Estados Unidos.
Reconociendo el liderazgo histórico del país en la protección y promoción de este derecho, la Oficina llama al Estado, y en especial a sus más altas autoridades, a no abandonar este compromiso de larga data y a asegurar las máximas garantías para el ejercicio pleno y efectivo de la libertad de expresión, así como a promover un debate público vigoroso.
Durante 2025, la CIDH y su RELE han observado con preocupación un creciente clima de violencia que afecta las condiciones para la deliberación democrática.
En este contexto, el país ha sido testigo de episodios de violencia política, incluyendo el asesinato de funcionarios electos y diplomáticos, así como de activistas de reconocimiento nacional. La Relatoría Especial condena la violencia política en el país y expresa su solidaridad con las víctimas y sus familiares.
Si bien estos actos deberían llevar a la reflexión y el debate nacional, la RELE ve con inquietud los pronunciamientos de altos funcionarios que podrían confundir el discurso crítico con la incitación a la violencia, lo que podría desalentar la expresión legítima que recae en el ámbito de la deliberación democrática.
Algunos pronunciamientos han instado a la ciudadanía a denunciar a quienes consideren responsables de incitar a la violencia ante sus empleadores. Otros han sugerido sanciones contra los medios de comunicación por cuenta de su contenido.
La Relatoría considera esencial que las autoridades y los funcionarios electos, independientemente de su afiliación política, se esfuercen por distinguir claramente entre la incitación a la violencia y las expresiones críticas, condenando y sancionando inequívocamente cualquier incitación, al tiempo que salvaguardan el pluralismo y un debate democrático sólido.
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Protección
El discurso político y los debates sobre asuntos de interés público gozan de especial protección. Esto se debe a que las entidades y funcionarios públicos, en virtud de sus funciones, están sujetos a un mayor escrutinio y crítica y, por lo tanto, deben demostrar una mayor tolerancia y apertura hacia dichas expresiones, y abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones.
La RELE llama a las autoridades a abstenerse de calificar y equiparar el discurso que incita a la violencia con aquellos que, aunque críticos, duros, o incluso perturbadores, constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y se encuentran especialmente protegidos.
La Relatoría Especial lamenta que algunas personas, en particular periodistas, académicas, comentaristas y comediantes, hayan perdido sus empleos tras manifestarse sobre asuntos de alto interés público.
Esta Oficina considera que las expresiones de las personas despedidas se realizaron con la expectativa de que gozan de una mayor protección en las sociedades democráticas, lo que hace aún más preocupante la erosión de la confianza y las salvaguardias que históricamente permitieron que estas voces se escucharan, leyeran y vieran libremente.
Uno de los argumentos que se suelen invocar para justificar la participación de los grandes conglomerados mediáticos en un ecosistema mediático plural y diverso es que ciertos debates y tensiones en la vida democrática pueden ser soportados y mantenidos en el tiempo por actores de esa dimensión.
Bajo esta premisa, la Relatoría Especial considera cuestionable que los grandes conglomerados mediáticos hayan tomado decisiones editoriales y de personal sin considerar los valores fundamentales de la libertad de expresión en juego. Se alienta a todas las empresas de medios, independientemente de su tamaño, a esforzarse por salvaguardar la libertad de expresión y el pluralismo como pilares de la democracia.
Finalmente, la RELE advierte que estos hechos forman parte de un contexto previamente documentado por la CIDH y esta Oficina, en el que se han presentado cambios y exclusiones en la acreditación de periodistas que cubren el gobierno federal; investigaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) contra emisoras por contenido considerado crítico con la administración; recortes en la financiación del periodismo; y demandas contra medios de comunicación en aparente represalia por su cobertura y línea editorial.
Con información de CIDH
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