Señalan que la investigación es contraria al espíritu de los acuerdos alcanzados en Barbados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) rechazaron este viernes la investigación penal emprendida por la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela contra la elección primaria opositora.
A su vez, pidió al Estado venezolano que “no criminalice las iniciativas de participación ciudadana” convocadas por la oposición.
“Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son además un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis, por lo que resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana”, detallaron en un comunicado de prensa.
En el escrito, destacaron “la importancia” de los acuerdos alcanzados la semana pasada en las negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición en Barbados y advirtieron que para que “los diálogos contribuyan a superar la crisis el Estado debe garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024”.
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Investigación es contraria a los acuerdos
La CIDH y la Rele dijeron estar al tanto de la investigación penal emprendida por la Fiscalía, que citó para este lunes a tres de los organizadores de los comicios para que declaren en calidad de “investigados”, y rechazó esta acción “no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política”, reseñó EFE.
Señalaron además que en Venezuela “persisten” las “restricciones arbitrarias” a la participación política de opositores, la “persecución” por motivos políticos y las “iniciativas legislativas y decisiones judiciales que buscan controlar y limitar las funciones de las organizaciones de la sociedad civil”.
La comisión y su relatoría subrayaron la relación entre los derechos políticos y la libertad de expresión y destacaron que en el país caribeño, en lo que va de 2023, al menos nueve radios cesaron sus transmisiones “por órdenes administrativas” y, además, se han “censurado” temas, programas y entrevistados.
“El Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación”, recalcó.
