Exigen la separación por categorías en los centros de detención, especialmente por edad y género; garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad y el trato humanos
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes en Venezuela en el contexto poselectoral, así como las violaciones a su presunción de inocencia y garantías judiciales”.
Así lo expresa la CIDH a través de un comunicado de prensa en el cual hace un llamado al Estado venezolano a “garantizar el derecho de la niñez y adolescencia a participar en protestas sociales y en asuntos que sean de su interés”.
El órgano rechaza “la persecución política en Venezuela y sus impactos en niñas, niños y adolescentes que ejercen su derecho a manifestarse y participar de las protestas sociales”.
Además, destaca el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una protección especial y reforzada, a no ser privados de su libertad con adultos, ni ser expuestos a situaciones de violencia o separación arbitraria de sus familias.
Y es que el pronunciamiento de la CIDH se basa en información suministrada por la organización Foro Penal, luego de las elecciones presidenciales en Venezuela, que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024.
El parte hasta la fecha indica que “al menos 152 adolescentes fueron detenidas arbitrariamente. La última información recibida, al 6 de septiembre, indica que sólo 86 de estas personas habían sido puestas en libertad”.
Se trata en su mayoría, las niñas, niños y adolescentes fueron detenidas masivamente mientras se manifestaban “por la falta de transparencia en la difusión de los resultados electorales de la pasada elección presidencial”.
Advierte que la información disponible indica que, tras su arresto, se cometieron violaciones a su presunción de inocencia, garantías judiciales y condiciones de detención.
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Estas niñas, niños y adolescentes fueron precalificadas por autoridades como terroristas y privadas de libertad en las mismas celdas que personas adultas y en algunos casos sin separación por género.
Por si fuera poco, “a todas estas personas se les impuso un defensor público oficial, negándoles la posibilidad de contar con defensa de confianza, y varias de ellas fueron presentadas de manera virtual ante tribunales en materia de terrorismo, sin la presencia de sus familiares o acudientes”.
Por tal razón, la CIDH expresa especial preocupación por algunas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Maltrato a una menor embarazada
Uno de los casos que conoce la CIDH es el de “una adolescente embarazada, que fue sujeta a violencia de género mientras se encontraba bajo custodia del Estado”.
Según explica el comunicado de la CIHD “agentes le insinuaron que la harían abortar para no tener hijos terroristas”.
Detallan que “fue obligada a realizar ejercicios físicos y a ponerse en posiciones incómodas y humillantes”.
También se tiene registro del caso de un niño dentro del espectro autista que sigue privado de libertad sin ver a su familia ni recibir atención médica.
Otro caso de particular preocupación es el de un niño que denuncia que recibió golpes durante la detención, y que, como consecuencia de estos, sufre una parálisis facial.
La CIDH ratifica que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en los asuntos que les afecta puede ser ejercido de manera colectiva, lo que implica el derecho de ser escuchados como grupo y participar de la vida pública.
En este sentido, existe un deber del Estado de especial de protección para asegurar espacios seguros para su participación efectiva. Al mismo tiempo, recuerda la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.
Lo anterior exige la separación por categorías en los centros de detención, especialmente por edad y género; garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad y el trato humanos, como el deber de proporcionar servicios de salud oportunos, adecuados y especializados; y la prohibición absoluta de toda forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Al mismo tiempo, reitera que en Venezuela no existe separación ni independencia de los poderes públicos, lo que se evidencia en la falta de control judicial efectivo sobre las detenciones arbitrarias y las condiciones de detención.
Es urgente que el Estado venezolano adopte medidas para reestablecer un orden democrático comprometido con prevenir, investigar, juzgar y sancionar estas violaciones de derechos humanos.
