Claudia Sheinbaum tiene el perfil ideal de iluminada progresista. Feminista radical, PhD en saberes inútiles, cambioclimática, científica, sionista, se viste con disfraces, pro aborto, pro travestis, pro LGBTIQ+, cómplice internacional del grupo terrorista M-19 y familiar político de Gabriel García Márquez.
El progresismo mundial, por esto, no ahorra en elogios para con la, muy cuestionada, recién electa presidente.
Los cuestionamientos se generan porque fue excluido, Eduardo Verástegui, el outsider libertario de la Asociación Civil Movimiento Político Restaurador de México, que no lo dejaron participar en el proceso electoral por orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Consejo General del INE, negando una prórroga solicitada, por culpa de los desastres naturales ocurridos en varias regiones de México, en el periodo de la recolección de firmas, necesaria para su inscripción como candidato presidencial.
La exclusión de Verastegui, puede ser tomada como un proceso electoral, sin rivales, para ir a la fija.
Una copia de las elecciones cubanas que se hacen con candidatos de un partido único. O de procesos electorales en los que se elimina a la oposición, como en Nicaragua y en Venezuela, para poder posar ante el mundo como regímenes democráticos de fachada.
El amplio margen de diferencia entre Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, marioneta de Andrés Manuel López Obrador y el resto de candidatos, genera enormes suspicacias sobre una dictadura electoral de López Obrador, en cuerpo ajeno, en un mapa político en el que el partido MORENA se alzó con el control, también, del congreso y del poder regional.
Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, impugnará la elección presidencial de México 2024, ante el evidente uso del aparato estatal mexicano para favorecer a su candidata y al partido de gobierno, en un proceso electoral en el que fueron asesinados 37 candidatos de los partidos políticos opositores al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El progresismo hispanoamericano, culpable de la profunda crisis económica, social y cultural que vive la región, es consciente de que no se pueden ir del poder, nunca, porque queda al descubierto su estructura de saqueo, sistemático, de los recursos públicos y del entramado de corrupción entre los grupos de poder, que incluye a los políticos tradicionales, los burócratas, las oenegés, los periodistas tradicionales y los académicos de la educación pública. Sin embargo, la experiencia demuestra que eso no es del todo cierto.
En Argentina, burócratas, miembros del régimen ultra peronista kirchnerista, no fueron reemplazados en sus cargos, a pesar del cambio de gobierno. Lo mismo ha sucedido en los cargos directivos de las empresas públicas. Decisión que ha sido determinante para lograr la identificación y judicialización de los cabecillas del mayor robo a las arcas públicas argentinas, en los más de doscientos años de su vida republicana.
En Colombia, Gustavo Petro, puesto en el poder por la política tradicional, se ha dedicado a culpar a los políticos tradicionales y a los miembros del Partido Verde, del saqueo inclemente que ha sufrido el erario público durante todo su gobierno. Y la vicepresidente, Francia Márquez, ha empezado a guardar prudente distancia de su líder supremo, de cara a las elecciones presidenciales del 2026, en las que los progresistas colombianos pretenden conservar el poder, ungiendo a ella como su presidente.
En Ecuador, Lenin Moreno, candidato oficialista, fue puesto en el poder por Rafael Correa para que guardara su legado y los secretos de sus crímenes.
Sin embargo, Moreno, rápidamente, se desligó de los actos de corrupción denunciando los vejámenes de su antiguo patrón y procedió a tener un gobierno independiente de los dictámenes de Correa.
Al margen del resultado de las investigaciones sobre el proceso electoral, que emprenda la justicia mexicana, dominada por MORENA que, se sabe, jamás van a prosperar; le impone a la electa presidente, Claudia Sheinbaum, el enorme reto de probarle al mundo que ella no es la marioneta de Andrés Manuel López Obrador y, por lo tanto, no podrá ser complaciente con los poderosos cárteles de la droga, cómo lo fue su handler, durante todo su periodo presidencial.
Nadie espera, por ejemplo, que Sheinbaum, se dedique a dejar en libertad a los mafiosos que sean capturados en suelo mexicano. O que deje en libertad a terroristas como Rodrigo Granda, con orden de captura por crímenes de lesa humanidad cometidos en Paraguay.
El prestigio de Claudia Sheinbaum, como científica, intelectual y líder feminista, está en juego. Todos los ojos del mundo están puestos encima de su gestión. Ella debe decidir, si antepone los intereses de la sociedad mexicana o los intereses personales de Andrés Manuel López Obrador y de todos sus secuaces.
Solo ella, desde adentro del machista régimen mexicano, puede lograr el cambio, denunciando y destruyendo la corrupta estructura de poder que ha hundido en la miseria al, otrora, inmensamente rico pueblo mexicano. Hacer lo contrario, solo lograría precipitar la llegada de Eduardo Verástegui al poder.