Colombia enfrenta “grave crisis del sistema de refugio”: sobre todo para venezolanos
Los rechazos a otorgar refugio han aumentado desde las elecciones presidenciales de Venezuela, en julio del año pasado.
La familia Obi, proveniente de Nigeria, sufrió todo tipo de vulneraciones a sus derechos al solicitar refugio en Colombia. Una sentencia de la Corte Constitucional, divulgada a finales de junio, les da la razón en que requerían de protección internacional por las atrocidades que el grupo yihadista Boko Haram lleva a cabo contra cristianos y, sobre todo, contra mujeres.
El Estado colombiano les falló al no ofrecerles un visado alternativo de un año cuando les rechazó el estatus de refugiados en diciembre de 2022. También al negarse a reconocer la nacionalidad colombiana de la hija menor, que nació en el país en condición de apátrida. La compensación, sin embargo, es difícil: ya pasaron cuatro años desde la solicitud de refugio y la familia Obi, tras varios recursos y apelaciones, se ha trasladado a Canadá, publicó el diario El País-
Lea también: En puentes internacionales de la frontera con Colombia pedirán tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla
La punta del iceberg
Este caso es apenas la punta del iceberg. Amnistía Internacional, Refugiados Unidos y el Servicio Jesuita a Refugiados denunciaron que Colombia enfrenta “una grave crisis del sistema de refugio”.
Las entidades señalaron en un comunicado que hay 29.500 solicitudes pendientes de resolución, mayormente de venezolanos, y que las demoras superiores a los tres años se han vuelto la norma.
Mientras tanto, los afectados están en el limbo: un documento les permite afiliarse al sistema de seguridad social, pero todavía no se ha implementado una resolución que les posibilita trabajar.
Los rechazos, además, han aumentado desde las elecciones presidenciales de Venezuela en julio del año pasado.
El refugio permite permanecer en Colombia sin una fecha límite y no exige documentos que a veces son difíciles de conseguir para los interesados. Su principal obstáculo es que el candidato debe probar que sufre algún tipo de persecución en su país de origen, que su vida corre peligro o que enfrenta riesgos de ser torturado.
El sistema comenzó a saturarse en 2017 con la llegada masiva de venezolanos que huían de la crisis política y económica en el país vecino —unos 2,8 millones a diciembre de 2024—.
Aunque la mayoría regularizó su estancia por otros mecanismos que estableció el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), una parte optó por pedir refugio.
De cientos a miles
Las solicitudes pasaron de contarse por centenares a contarse por miles: de 625 en 2017 a 10.220 en 2023, según datos de la Cancillería.
Ximena Vidal, directora del Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia, cuenta por videollamada que esto significó un cambio radical en un país que hasta entonces se había visto como expulsor y no como receptor.
El Servicio Jesuita, que solo trabajaba con víctimas de desplazamiento forzado interno, amplió sus actividades para incluir a los refugiados.
Se encontró con que la Cancillería carece de recursos para responder al volumen de solicitudes. “Es como si el Estado se hubiera quedado anclado al sistema de antes de la migración venezolana”, enfatiza.
Asimismo, cuando las peticiones finalmente se resuelven, suelen ser de manera negativa y con argumentos poco detallados. Solo 118 extranjeros fueron reconocidos como refugiados en 2024.
Los venezolanos abusan
La Cancillería acusa a los venezolanos de abusar del sistema y llevarlo a “un colapso injustificado” por utilizarlo como “un mecanismo de regularización migratoria”. “Hay una elevada proporción de solicitantes de refugio que son, en realidad, migrantes económicos y sanitarios.
Esta situación desnaturaliza por completo la figura de protección internacional”, se lee en una respuesta a la Corte Constitucional en 2023. La sociedad civil rechaza este argumento: señala que limitar el refugio a perseguidos políticos es una interpretación restrictiva que viola la Declaración de Cartagena de 1984 y que, en todo caso, los mecanismos de regulación migratoria han sido insuficientes como alternativa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también argumenta que parte del problema es el “desinterés” de los solicitantes.
Afirma que suelen abandonar los procesos y que muchos solo “usan el territorio nacional como tránsito a otros países”.
Muchos no comparecen a la entrevista que se requiere para avanzar en el trámite y a veces ni responden cuando los llaman por teléfono.
Las oenegés, por su parte, señalan que todo esto no es falta de compromiso o de capacidad de probar que requieren de protección internacional. Los años de demoras y la imposibilidad de trabajar de manera regular orillan a los solicitantes a desistir.
Nastassja Rojas, directora para Colombia de Amnistía Internacional Venezuela, considera que el país “ha adoptado medidas restrictivas de manera tácita”.
“No lo dice abiertamente porque generaría una sanción internacional, pero lo hace a través del desgaste, hasta que la gente se termina yendo”, afirma.
Algo similar concluye Vidal, del Servicio Jesuita de Refugiados: “El sistema es como un videojuego de Mario Bros. Está diseñado para que tires la toalla”.
Las alternativas
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica por teléfono que la principal alternativa durante varios años fue el Estatuto de Protección Temporal, que otorga un Permiso por Protección Temporal (PPT) de dos años que se puede renovar.
El problema principal es que los adultos en situación irregular solo pudieron obtener este documento hasta el 31 de diciembre de 2021.
Desde entonces, el mecanismo solo contempla la incorporación de menores de edad en instituciones educativas. Ni siquiera pueden sumarse sus padres o tutores: la reglamentación de un permiso especial para ellos está estancada por las limitadas capacidades de Migración Colombia.
La alternativa más nueva es una visa especial que el Gobierno de Gustavo Petro lanzó el pasado diciembre.
Para Rodríguez, es inadecuada porque los requisitos no tienen consideración por el contexto de los venezolanos: un pasaporte, antecedentes penales, soportes documentales que acrediten un trabajo, un pago de 75 dólares.
“Tengo colegas que hicieron declaraciones sobre las elecciones del año pasado y les cancelaron los pasaportes. Para salir de Venezuela, tuvieron que hacerlo irregularmente”, ejemplifica el investigador.
Resalta, además, que es esperable que los perseguidos políticos tengan cargos inventados en sus antecedentes penales.
Un sistema deficiente más allá de los venezolanos
Gracy Pelacani, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de Los Andes, comenta que los migrantes venezolanos visibilizaron problemas preexistentes. “En vez de tener 10 personas atascadas, ahora tienes muchísimas más”, subraya. Para ella, el sistema tiene todo tipo de deficiencias.
Señala la falta de plazos máximos para dar respuesta y la imposibilidad de trabajar mientras dura el proceso, algo esencial para la integración de los solicitantes en la sociedad.
También cuestiona la ausencia de priorización de casos de especial vulnerabilidad y que la Medida Complementaria al Refugio, para solicitantes rechazados a los que se les reconoce la necesidad de protección, sea de apenas un año de duración y sin posibilidad de prórroga. “Aunque quites a los venezolanos de la ecuación, esos problemas seguirían estando”, afirma.
La Clínica Jurídica para Migrantes apoyó a una mujer venezolana de 89 años que demandó al Estado por no priorizar su caso.
La Corte Constitucional le dio la razón en 2023 y ordenó una serie de medidas que la Cancillería debe implementar para reformar el sistema. Aunque se ha avanzado en una resolución, todavía hay pocos avances en la práctica.
El permiso de trabajo, ya aprobado, aún no se ha implementado y depende de la burocracia de Migración Colombia y su limitada coordinación con el Ministerio de Trabajo. Los criterios de priorización, en tanto, son otro problema, explica Alejandro Gómez, coordinador de litigio estratégico de Refugiados Unidos.
“La Cancillería nos dice que ya los tiene internamente, pero que no son públicos. Y eso no debería ser así, los tenemos que conocer todos para poder usarlos [en las argumentaciones]. Si no, es una política que no existe”, subraya.
Con información de El País
Para comentar, debes estar registradoPor favor, inicia sesión