Colombia rechaza sanciones de Estados Unidos contra jueces de la Corte Penal Internacional
Colombia rechazó las sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional impuestas por Estados Unidos y reiteró su respaldo al Estatuto de Roma y a la independencia de la justicia internacional.
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El Gobierno de Colombia expresó este jueves su rechazo a las sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional, impuestas de forma unilateral por Estados Unidos, al considerar que estas medidas afectan la independencia judicial y debilitan el sistema de justicia internacional.
La posición oficial se conoció tras el anuncio del Gobierno estadounidense, realizado el 18 de diciembre de 2025, mediante el cual se sancionó a los magistrados Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin, integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI). Según Bogotá, estas decisiones se suman a otras acciones similares adoptadas previamente contra funcionarios del tribunal y de la Fiscalía de la CPI.
Independencia de la Corte Penal Internacional
En un pronunciamiento oficial, el Ejecutivo colombiano subrayó que las sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional constituyen un obstáculo grave para el funcionamiento autónomo de una institución creada para juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional. Para el Gobierno, estas medidas afectan directamente el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.
Colombia recordó que la CPI representa, en muchos casos, el último recurso para millones de personas afectadas por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, incluidos hechos ocurridos en territorios bajo conflicto prolongado. Desde esta perspectiva, cualquier presión externa sobre los jueces compromete la credibilidad del sistema jurídico internacional.
Llamado al multilateralismo y al respeto del Estatuto de Roma
El Gobierno colombiano reiteró su compromiso con los principios del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional y del cual Colombia es Estado parte. En ese sentido, insistió en la necesidad de proteger el multilateralismo y de garantizar que los jueces de la CPI puedan ejercer sus funciones sin interferencias políticas.
Bogotá también hizo un llamado a la comunidad internacional para rechazar este tipo de sanciones y defender la integridad del sistema de justicia global. A juicio del Ejecutivo, las decisiones unilaterales contra magistrados internacionales erosionan el estado de derecho y envían un mensaje negativo sobre la rendición de cuentas frente a crímenes graves.
Respaldo a la CPI
Colombia anunció que se suma a otros Estados y organizaciones internacionales que han exigido el retiro de las sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional. El país considera que la defensa de la independencia judicial resulta fundamental para que la CPI pueda cumplir su mandato de manera imparcial y efectiva.
El Gobierno enfatizó que la justicia internacional no puede estar sujeta a presiones ni represalias, ya que su legitimidad depende de la autonomía de sus decisiones. En este contexto, reiteró que continuará apoyando los mecanismos internacionales destinados a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
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