Colombia: Volvieron a secuestrar a los soldados recién liberados tras asonada en Meta
Los soldados secuestrados en Meta fueron retenidos nuevamente por la comunidad en La Macarena, tras su entrega a un sacerdote y antes de ser recogidos por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA).
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La tensión crece en el departamento del Meta luego de que los soldados secuestrados en Meta, identificados como Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, fueran retenidos nuevamente este martes por miembros de la comunidad en zona rural de La Macarena, apenas horas después de haber sido liberados.
Ambos uniformados habían sido entregados a un sacerdote de la Iglesia Católica, en un punto ubicado a unos 22 kilómetros del sitio donde fueron inicialmente secuestrados el pasado 3 de noviembre, durante una asonada en el sur del departamento.
Mientras esperaban ser recogidos por un grupo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), los pobladores volvieron a retenerlos, argumentando nuevas exigencias relacionadas con la captura de una mujer identificada como Liceth Daza Hoyos.
Según un comunicado firmado por las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la zona, la retención de los soldados secuestrados en Meta se produjo como medida de presión tras la detención de Daza Hoyos, quien, aseguran, no tiene vínculos con las operaciones militares que se desarrollan en la vereda Villa Valentina.
Las comunidades exigieron la intervención inmediata de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional, las disidencias del frente ‘Calarcá’ y representantes locales, con el fin de garantizar la presencia de las partes en el territorio y negociar la liberación de los militares.
El documento también señala que Daza Hoyos es madre cabeza de hogar y tiene bajo su cuidado a tres menores de edad, por lo que solicitan su participación en cualquier negociación que se adelante.
El Ejército exige la liberación inmediata
Por su parte, el Ejército Nacional rechazó con firmeza el nuevo secuestro y exigió la liberación inmediata de los uniformados. En un comunicado difundido a través de la red social X, la institución afirmó.
“Ningún integrante de la Fuerza Pública debe ser usado como medio de presión por estructuras criminales o ante pretensiones ilógicas. Exigimos respeto por su vida e integridad”.
El caso mantiene en alerta a las autoridades civiles y militares, que evalúan las condiciones para reanudar el diálogo con las comunidades y lograr la recuperación de los uniformados en el menor tiempo posible.
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