miércoles, mayo 22, 2024

Cómo funciona la CPI que puede juzgar a Nicolás Maduro (Guía)

La CPI es un organismo mundial que regula los crímenes de lesa humanidad, el cual se he interesado por las arbitrariedades cometidas en Venezuela

La Corte Penal Internacional (CPI) es un órgano que difícilmente se vincula con América Latina, el único facultado para juzgar delitos de lesa humanidad.

Una de las principales críticas es que es el único tribunal mundial que tiene las facultades sobre delitos de lesa humanidad.

Además de ello, presumen que su principal focalización se encuentra en las aberraciones que se cometen en África.

De hecho, los 34 individuos procesados por la CPI hasta el momento son africanos. 

Para buscar procesos semejantes por crímenes cometidos en otras regiones hay que mirar al Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, reseñó Infobae

Esta que estuvo operativo entre 1993 y 2017, y que fue un antecedente clave de la CPI, establecida recién el 1 de julio de 2002.

Sin dudas, hay razones geopolíticas por las que África ha sido más escrutada que América Latina.

Pero también es cierto que esta región parecía haber enterrado el terrorismo de Estado luego de la ola democrática de la década de 1980.

Esta ola puso fin a las dictaduras militares.

CPI observa a Venezuela

No obstante, la magnitud de la tragedia venezolana obligó a la CPI a prestarle más atención a América Latina. 

Fatou Bensouda, fiscal ante la Corte, anunció este lunes que evalúa presentar una acusación formal contra “autoridades civiles y miembros de las fuerzas armadas”.

Tras haber encontrado fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 (…) han cometido crímenes de lesa humanidad”.

Bensouda no necesitó esforzarse demasiado para encontrar esos fundamentos.

Lea también: Naufragio en Güiria y el temor de que se vuelva cotidiano

Dirigentes, periodistas y organizaciones independientes vienen denunciando desde hace años violencia estatal sistemática por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra ciudadanos y líderes opositores.

A ellos se sumó el año pasado Michelle Bachelet, que como alta comisionada para los Derechos Humanos reportó también miles de ejecuciones extrajudiciales.

Además de detenciones arbitrarias, torturas y vejámenes sexuales. La fiscal está dando recién los primeros pasos. 

El examen preliminar del caso venezolano se extenderá durante los primeros meses de 2021.

Recién entonces se sabrá si abre una investigación, lo que supondrá la búsqueda de nuevas evidencias antes de decidir si finalmente formaliza la acusación.

Sea cual sea el desenlace, el comienzo de este proceso es una buena oportunidad para comprender qué es y cómo funciona la CPI.

La CPI es la única herramienta legal que tiene el mundo para juzgar atentados contra la humanidad.

El largo camino hasta la conformación de la CPI

Solo después de la Gran Guerra el mundo empezó a tener conciencia de la necesidad de un marco regulatorio transnacional.

Para evitar que volviera a repetirse un desastre semejante. Como se sabe, los esfuerzos fueron infructuosos.

Las primeras propuestas se presentaron durante la Conferencia de Paz de París, en 1919. 

Dos décadas más tarde, la Liga de las Naciones comenzaba a discutir la creación de un tribunal internacional, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial.

Concluida la conflagración, las potencias aliadas crearon dos tribunales ad hoc para juzgar los crímenes de los vencidos.

El más famoso fue el Tribunal Militar Internacional que condenó los crímenes del nazismo en los Juicios de Núremberg, entre noviembre de 1945 y octubre de 1946.

 El otro fue el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, a cargo de los Juicios de Tokio.

La Asamblea General de la recién creada Organización de las Naciones Unidas postuló en 1948 la necesidad de crear una corte permanente para lidiar con crímenes de guerra y genocidios, y le encargó a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) la elaboración de un proyecto.

Sin embargo, la iniciativa era inviable en el mundo partido en dos de la Guerra Fría, que postergó casi medio siglo cualquier avance en esa dirección.

En 1989, mientras el bloque soviético tambaleaba, la idea fue reflotada por Arthur Robinson, primer ministro de Trinidad y Tobago.

Su propuesta era crear un cuerpo capaz de juzgar un delito sin fronteras que empezaba a dominar la agenda global de seguridad: el narcotráfico. La ONU le encomendó una vez más a la CDI la elaboración de un borrador.

Antes de que se avanzara en algún diseño institucional, el Consejo de Seguridad creó dos tribunales internacionales ad hoc para lidiar con los dos genocidios que conmocionaron al mundo en esos años: 

En 1993 se formó el que investigó los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y en 1994 el que juzgó los de Ruanda. 

Fueron hitos fundamentales, que además de concluir con procesamientos históricos —como el de Slobodan Milošević, expresidente de Serbia y Yugoslavia—, sirvieron de modelo.

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