Compañías petroleras comenzaron a migrar a nuevos contratos con PDVSA, pero persisten las trabas y retrasos
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Funcionarios venezolanos y ejecutivos petroleros han avanzado con la migración de decenas de empresas conjuntas a nuevos términos aprobados en una amplia reforma gubernamental, pero persisten retrasos en la finalización de los acuerdos necesarios para dar luz verde a los proyectos, según informaron cuatro fuentes implicadas en los preparativos.
La agencia Reuters recordó que el Ministerio de Petróleo había fijado el 28 de julio como fecha límite para completar la migración de todos los proyectos existentes, pero los numerosos permisos y acuerdos vinculados a los contratos centrales han creado obstáculos.
Entre los requisitos, se introduce una tasa clave ponderada de regalías para aquellos proyectos que combinan yacimientos petrolíferos maduros existentes y nuevos yacimientos sin explotar. También hay una fiscalidad compleja dependiendo del tipo de proyecto.
Ejecutivos han estado llegando a Venezuela a medida que los vuelos lo permiten, tras los terremotos gemelos del mes pasado, para participar en negociaciones para acordar contratos modificados o para firmar nuevos acuerdos para nuevas empresas interesadas en regresar al país o entrar en él por primera vez.
Las autoridades venezolanas no han anunciado un plazo formal ampliado para completar la migración, pero están informando a las empresas de que hay flexibilidad para firmar acuerdos complementarios tras los contratos principales, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.
Las organizaciones empresariales que representan a empresas y contratistas extranjeros solicitaron a principios de este mes una prórroga formal del plazo. El ministerio de petróleo no lo concedió, argumentando que la mayoría de las empresas conjuntas han avanzado en las negociaciones de contratos principales. La ley de reforma de los hidrocarburos, aprobada a finales de enero, proporcionó 180 días para migrar proyectos.
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Muchas empresas, incluida la italiana Eni (ENI.MI), han preferido firmar acuerdos de reparto de producción para nuevos yacimientos petrolíferos, en lugar de empresas conjuntas, buscando reducir el papeleo o trabajar bajo condiciones más flexibles.
Otros temen que sus proyectos puedan ser finalmente revocados y ofrecidos a nuevas empresas en medio de desacuerdos sobre deudas pendientes y el cumplimiento de planes de inversión previos.
No hay fecha límite para que las nuevas empresas firmen nuevos contratos, pero Caracas y Washington han estado presionando a las firmas para que se comprometan con inversiones.
El gobierno de EE. UU. impulsa un plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para el sector energético venezolano, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense y el apoyo de Washington a la administración interina del presidente en funciones Delcy Rodríguez.
Con información de Reuters
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