Hasta ahora son 14 los efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana los que están sujetos a investigación
La Justicia Federal de Argentina abrió una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Administración de Nicolás Maduro durante el año 2014.
Se tiene que el fiscal Carlos Stonelli será el encargado de abrir la causa, tras la denuncia presentada por la Fundación Clooney ante los tribunales de Comodoro Py, apelando al principio de la jurisdicción universal.
En esta investigación se determinará la responsabilidad de un grupo de 14 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la represión registrada durante las protestas de 2014, recoge el portal Monitoremos.
De acuerdo a los datos preliminares, estos uniformados cometieron un ataque “generalizado” y “masivo” contra la población civil, originando una “multiplicidad de víctimas”.
Estos efectivos militares son:
- Mayor general Justo José Noguera Pietri, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014;
- General de División José Dionisio Goncalves Mendoza, comandante de la Guardia del Pueblo en 2014;
- General de Brigada Arquímedes Herrera Russo, comandante de la Región N* 2 de Carabobo en 2014;
- Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Región N* 2 de Carabobo en 2014;
- Coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, Estado de Carabobo en 2014;
- Teniente coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, comandante del Destacamento N* 24 de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014;
- Teniente coronel Carlos Martínez Astudillo, comandante del Destacamento Norte en 2014;
- Teniente Luis Amaya Chirino;
- Sargento primero Johan Ramírez Hernández;
- Sargento segundo José Urdaneta Urdaneta;
- Sargento segundo Jhonny Mallarino Miranda,
- Sargento segundo Luis Reyes González;
- Sargento segundo Jorvy Peñaloza Ramírez; y
- Sargento segundo Royer Alejo Durán.
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Para avanzar con esta investigación, el fiscal Stornelli pidió informes a al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Corte Penal Internacional (CPI).
