Contratistas extranjeras y otras empresas petroleras también podrían salir del país tras medida de la OFAC contra Chevron

Se impediría operar en el país a las compañías Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford

Estados Unidos acaba de asestar un duro golpe a Venezuela que ha hecho saltar las alarmas en Repsol, Eni y Maurel & Prom, reseña el portal español El Economista.

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Según la publicación, además de la salida de Chevron que se debe concretar el 3 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también impediría operar en el país a las compañías Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, desde el 9 de mayo.

Pero, hay más, asevera que la decisión de EE.UU. pone ahora el foco en la presencia que mantienen en el país la española Repsol, la francesa Maurel & Prom (M&P) y la italiana Eni.

En Venezuela, tras la firma del Acuerdo Marco entre Repsol y PDVSA el 18 diciembre 2023, la petrolera española asumió la operación de los activos de Petroquiriquire.

La española incorporó los activos de Tomoporo y La Ceiba a la cartera de activos de Petroquiriquire mediante un acuerdo con Petróleos de Venezuela para tomar un 40% de dichos campos petrolíferos.

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Lo que implica

La operación, valorada en 1.700 millones de dólares (1.590 millones de euros), aspira a desarrollar estos dos campos, que iban a permitir duplicar la producción de crudo del área de Petroquiriquire.

Ambos yacimientos incorporan 20.000 barriles diarios de petróleo y aspiran a convertirse en la fórmula de la española para recuperar parte de la deuda del pasado sin incrementar la exposición financiera al país. De hecho, la compañía ha logrado recuperar 166 millones de dólares de la deuda pendiente con PDVSA durante el año pasado.

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Según figura en la nueva orden emitida por la OFAC, Chevron no podrá llevar a cabo el pago de cualquier impuesto o regalía al Gobierno de Venezuela.

El pago de cualquier dividendo, incluyendo un dividendo en especie, a PdVSA, o a cualquier entidad en la que PdVSA posea, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50%.

La venta de petróleo o productos petrolíferos producidos por o a través de las alianzas de Chevron para la exportación a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos.

En 2019, Estados Unidos implementó una serie de sanciones económicas destinadas a aislar a Nicolás Maduro.

Estas medidas fueron especialmente severas en el sector petrolero, prohibiendo cualquier tipo de comercio o transacción con la industria de Venezuela.

El detonante de estas sanciones fue el cierre de la Asamblea Nacional por parte del gobierno de Maduro, calificado como un golpe de Estado por la comunidad internacional.

Las sanciones impuestas por la administración Trump establecieron que cualquier empresa que operara sin autorización de EEUU enfrentaría severas penalizaciones. Esto provocó un éxodo masivo de empresas extranjeras y una drástica reducción en la producción petrolera venezolana.

Durante la administración de Joe Biden (2021-2025), las sanciones fueron parcialmente flexibilizadas. Empresas como Chevron y Repsol recibieron licencias especiales que les permitieron operar en Venezuela bajo un marco legal controlado.

Este cambio se produjo en un contexto de crisis energética mundial derivada de la invasión de Ucrania y conflictos en Oriente Medio. El alivio de las sanciones, sumado a una necesidad de diversificar fuentes de petróleo, permitió a Venezuela aumentar su producción, alcanzando en enero de 2025 una media de 1,03 millones de bpd, según datos de la OPEP.

Sin embargo, esta cifra aún está muy por debajo de su potencial histórico, a pesar de que el país cuenta con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles.

Tras su regreso a la presidencia en 2025, Donald Trump puso en cuestión las licencias otorgadas por Biden calificándolas como una ayuda económica a Maduro.