Controversia, repudio y alarma por juramentados en el Poder Ciudadano, la otra cara de los DD.HH. en Venezuela – VIDEO
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Argumentan que dichos funcionarios deberán ser investigados por su papel en crímenes de lesa humanidad cometidos bajo sus gestiones
Varias ONG en Venezuela rechazaron la designación de Tarek William Saab, Alfredo Ruiz y Gustavo Vizcaíno en el Poder Ciudadano, señalando que estos funcionarios deberían ser investigados por violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones destacaron la falta de independencia y las omisiones de estos líderes, que han contribuido a la impunidad y a crímenes de lesa humanidad, como lo ha señalado la Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Génesis Pérez nos trae detalles.
En este sentido, la coalición Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, compuesta por diversas ONG, ha rechazado la reciente designación de Tarek William Saab como fiscal general, Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo, y Gustavo Vizcaíno como contralor general. Las ONG argumentan que estas figuras deben ser investigadas por su papel en la violación de derechos humanos en el país.
En su comunicado, las organizaciones recordaron las conclusiones de la Misión Internacional de la ONU, que acusó a los fiscales venezolanos de ser cómplices de detenciones arbitrarias y de perpetuar la impunidad en crímenes de lesa humanidad.
Destacaron que la gestión de Saab se ha caracterizado por la falta de independencia del Poder Ejecutivo y por la violación sistemática del debido proceso, mientras que Ruiz ha mostrado omisiones y falta de autonomía, lo que contradice la Constitución.
La designación de Vizcaíno, conocido por la anulación de pasaportes a periodistas y defensores de derechos humanos durante su gestión en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), fue igualmente criticada.
Las ONG advirtieron que, en un futuro proceso de justicia transicional en Venezuela, estos funcionarios deberán ser investigados por su papel en las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su gestión.
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