Corte ordena a Gobierno Petro devolver impuestos cobrados durante emergencia económica
Corte ordena a Gobierno Petro devolver impuestos cobrados durante la emergencia tras declarar inexequibles las medidas tributarias.
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La decisión en la que la Corte ordena devolver impuestos cobrados durante emergencia redefine el alcance de las medidas fiscales adoptadas durante el estado de excepción. El alto tribunal declaró inexequibles las disposiciones tributarias expedidas en ese contexto y ordenó la devolución de los recursos recaudados a los contribuyentes.
El fallo quedó consignado en la Sentencia C-079 de 2026, en la que la Corte Constitucional concluyó que, al haber sido anulada la base jurídica de la emergencia económica, las normas que se desprendieron de ella también pierden validez.
El eje de la decisión en la que la Corte obedece a la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1474 de 2025. Este decreto había establecido medidas tributarias para financiar gastos derivados del estado de emergencia.
La Corte determinó que estas disposiciones no pueden mantenerse vigentes sin el sustento legal que justificaba su expedición. En consecuencia, todas las obligaciones tributarias creadas bajo ese marco quedan sin efecto.
Impuestos no deberán ser cobrados ni declarados
El fallo establece que, tras la decisión los tributos directos modificados o generados durante la vigencia del decreto no deben ser declarados, liquidados ni cobrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Esto implica que los contribuyentes no tendrán que cumplir con esas obligaciones fiscales, ya que carecen de respaldo jurídico.
La medida también busca evitar que se mantengan cargas tributarias basadas en normas que han sido declaradas inconstitucionales.
Otro punto clave del fallo es la orden de devolución. La decisión incluye la restitución de los pagos anticipados que hayan sido efectuados por los contribuyentes.
La Corte indicó que estos recursos deben ser devueltos conforme a los procedimientos que establezcan las autoridades competentes, lo que implica una responsabilidad directa para el Estado.
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