El Fiscal Karim Khan sostiene que Maduro no ha hecho nada castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y este respondió que el alto funcionario tiene “una visión prejuiciada” sobre Venezuela
El fin de semana que acaba de pasar, el fiscal Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, anunció que desestimó los recursos presentados por la administración de Nicolás Maduro contra la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad por la represión y persecución de la oposición desde 2017
De esta manera, la Fiscalía de la CPI respondió al último documento introducido por Maduro, el 28 de febrero, para desechar la investigación contra Venezuela, en donde, incluso, acusó al organismo de no ser imparcial por escuchar las ONG y las víctimas de los delitos,
“El Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad están siendo investigados, juzgados y realmente sancionados”, dijo la Fiscalía en un comunicado, citado por agencias como Efe y Europa Press.
Khan ratificó, además, que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento.
En la investigación, la fiscalía de CPI afirma que:”desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”.
Pero, Maduro insiste en que la Corte no tiene competencia para juzgar y afirma que Venezuela ha investigado y enjuiciado los presuntos crímenes o lo está haciendo actualmente.
Para la CPI no se trata de temas aislados, la investigación también concluyó que “la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) sistemático y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
“La Fiscalía llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”, agregó en su informe.
Además, denuncia que el gobierno de Venezuela “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.
Advierte, también, que estas conclusiones se hicieron sin perjuicio de otros crímenes que puedan determinarse en una etapa posterior.
“Por las razones expuestas, la Fiscalía reitera respetuosamente su solicitud de que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la reanudación de la investigación sobre la Situación de Venezuela”, concluye la Fiscalía en su presentación ante la CPI.
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La respuesta de la cancillería
Ante estos argumentos, la cancillería de Maduro emitió un comunicado en el cual rechaza estas afirmaciones.
El escrito destaca, que , en febrero, Venezuela presentó ante la corte “un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica”, contra Venezuela.
“Una vez más, el Fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos, en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia”, reza el documento.
