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      De EE. UU. a Chile: Se recrudecen las medidas contra la migración venezolana

      9 de septiembre de 2026 | 08:44
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      Desde Estados Unidos  y en varios países de América Latina han comenzado a endurecer sus políticas migratorias, principalmente contra los venezolanos, en especial contra aquellos qu no cuentan con documentación vigente o no están regularizados,

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      En EE. UU. los migrantes venezolanos están sujetos a detenciones y deportaciones, puesto que el asilo, el refugio o  el TPS ya no les protege.

      Del lado suramericano, Perú, Chile, Colombia y Ecuador figuran entre las naciones que han anunciado nuevas medidas o modificaciones a sus políticas migratorias, en un contexto marcado por el éxodo venezolano registrado durante la última década.

       
      Perú es uno de los casos más recientes. El Gobierno anunció que busca alcanzar acuerdos con Venezuela para facilitar la deportación de migrantes que no puedan acreditar su permanencia regular en el país, incluso mediante traslados marítimos.

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      El ministro del Interior peruano, César Astudillo, afirmó el 7 de septiembre que las autoridades han expulsado hasta ahora a 1.635 venezolanos en situación irregular. También señaló que espera incrementar considerablemente esa cifra una vez que se concreten los acuerdos con Venezuela.

      Astudillo vinculó las medidas con la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, aunque reconoció que no todos los migrantes venezolanos están relacionados con actividades criminales y que muchos trabajan y permanecen legalmente en el país.

      Estimaciones de organizaciones no gubernamentales sitúan en alrededor de 1,6 millones la cantidad de venezolanos residentes en Perú, de los cuales aproximadamente 1,2 millones estarían en Lima.  

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      Chile acelera los procesos de expulsión


      En Chile, el presidente José Antonio Kast planteó en abril de 2026 la necesidad de establecer mecanismos con Venezuela que permitan agilizar la repatriación de ciudadanos que se encuentren en situación irregular.

      Durante su campaña electoral, Kast había planteado la expulsión de personas sin documentación que acreditara su permanencia en territorio chileno. En abril, medios locales informaron sobre 75.000 órdenes de expulsión de migrantes, más de la mitad de ellas correspondientes presuntamente a venezolanos.

       
      Máximo Pavez, subsecretario del Interior, señaló entonces que era necesario establecer conversaciones con Caracas para facilitar las expulsiones por vía aérea.

      Lea también: Perú espera deportar por barco a migrantes venezolanos en situación irregular con firma de acuerdos entre Delcy

       

      Colombia 


      Colombia también ha experimentado un cambio de postura después de años de políticas orientadas a la regularización e integración de los venezolanos.

      Durante el gobierno anterior se implementaron mecanismos como el Estatuto Temporal de Protección, creado en 2021 para facilitar la regularización de migrantes venezolanos, incluidos aquellos que ingresaron al país sin documentación.  

      Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, el discurso oficial cambió hacia una política centrada en priorizar a los ciudadanos colombianos.

      Colombia alberga alrededor de 2,8 millones de venezolanos, lo que convierte al país en el principal destino de la migración venezolana. La situación documental de una parte de esta población genera preocupación ante la posibilidad de nuevas medidas de expulsión.

      Ecuador fue uno de los primeros en endurecer las medidas
       
      Ecuador comenzó a modificar su política migratoria hacia los venezolanos antes que otros países de la región. En marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció el fin de la amnistía que permitía a ciudadanos venezolanos acceder a mecanismos de regularización.

      Noboa justificó entonces la decisión en la falta de recursos para mantener el programa de regularización migratoria.

      Las estimaciones sobre la población venezolana en Ecuador oscilan entre 460.000 y 600.000 personas, según los datos citados en el informe.

      Cambio de políticas migratorias en varios países de la región coincide con una etapa en la que numerosos venezolanos enfrentan dificultades para renovar sus documentos desde el extranjero. Las limitaciones institucionales y económicas en Venezuela han complicado los trámites relacionados con pasaportes y documentos de identidad, dejando a parte de la población migrante en condición irregular. 

       

      Con información de la Prensa de Lara

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