De la Espriella habría encontrado "una caja negra" en la administración del Estado, tras salida de Petro
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No es nuevo decir que el gobierno de Gustavo Petro, que salió del poder hace un mes y medio, dejó la olla raspada y hasta se llevó la olla y la cuchara. Entes de control, oposición y medios de comunicación hemos denunciado el derroche y las irregularidades de la pasada administración en todo el Ejecutivo: desde la joya de la corona, Ecopetrol, hasta la entidad descentralizada más pequeña adscrita a un ministerio.
Sin embargo, un caso que desnuda el comportamiento del expresidente Petro es lo que hizo en su propia “casa”, es decir, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), publicó eldiario El Colombiano.
En medio de la discusión en el Congreso sobre el presupuesto general, el nuevo director del Dapre, el paisa Carlos Ríos –gerente de la campaña De la Espriella y hombre de confianza del mandatario– asistió a una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en donde se estaba discutiendo el dinero que necesita cada entidad. Ríos denunció públicamente lo que encontró en la Presidencia, advirtiendo que apenas sería la punta del iceberg.
Uno de los datos más reveladores es que en los cuatro años de Petro la contratación en el Dapre se disparó un 595% a través de OPS (contratos de prestación de servicios). Y solo el último año de mandato, es decir, desde mediados de 2025 hasta hace un par de meses, los contratos crecieron 228%: de $9.500 millones a $31.300 millones en plena campaña. La planta de personal también aumentó: de los 844 cargos con los que cerró el gobierno de Iván Duque se pasó a 1.019, un crecimiento del 20,7%.
“Eso demuestra que este ‘contratadero’ que fue el Dapre fue creado desde el punto de vista de la contratación ad portas de un proceso electoral y por eso nosotros hemos empezado a reducir particularmente toda esa contratación y hemos parado la contratación del Dapre”, dijo Ríos en la Cámara.
La instrucción del alto funcionario es denunciar las irregularidades y al mismo tiempo reducir el gasto. En línea con la promesa de campaña de recortar el Estado, Ríos recibió la instrucción del presidente De la Espriella de “dar ejemplo” desde Presidencia. En 2026, el presupuesto del Dapre fue de aproximadamente $1,81 billones.
Para 2027, el nuevo gobierno presentó un presupuesto cercano a $904.000 millones, una reducción cercana al 50%. “La nueva administración revisará la contratación y el gasto: contrato por contrato, necesidad por necesidad y peso por peso”, señalan. Además, en marzo de 2026 se habían planteado necesidades presupuestales cercanas a $4,2 billones.
Frente a esa estimación, el presupuesto presentado para 2027 es aproximadamente 78,5% menor. “Con los recursos que tenemos vamos a funcionar. Vamos a pasar de $4,1 billones que se tenía presupuestado en el gobierno anterior a $904.000 millones”, dijo Ríos.
“La decisión es que el Dapre le cueste menos a los colombianos y funcione con mayor eficiencia”, agrega una funcionaria extraoficialmente. “(...) Si hubiera ganado la otra propuesta para el país (Iván Cepeda), ¿cuánto nos costaría el Dapre a los colombianos?”, cuestiona.
Los funcionarios dicen que no habrá hallazgos guardados ni irregularidades documentadas que se queden dentro del Dapre y que están armando denuncias “con relevancia penal” para radicar en la Fiscalía. Lo mismo con los hallazgos fiscales y disciplinarios en Contraloría y Procuraduría.
Hay que recordar que el Dapre no es solo una entidad administrativa de la Presidencia sino que de ella dependen otras entidades, fondos y consejerías que pueden tener menos controles o filtros que un ministerio y que manejan billones de pesos.
Bastaría con mencionar la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), que en el gobierno pasado fue saqueada. Pero hay otras que están bajo la sombrilla de Presidencia: la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); la Agencia para la Renovación del Territorio (ART); la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia); la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas; el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social; el Fondo Colombia en Paz (FCP) y el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz).
Sobre estos dos últimos hay un capítulo aparte, pues es una de las entidades adscritas en donde más encontraron líos de contratación, conocidos por este diario.
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El billón para “la paz” y la auditoría
Ríos y su equipo acudirán a una auditoría forense para conocer la dimensión de la “caja negra”. Desde ya, identificaron que el Fondo Paz –creado en 1997 por Ernesto Samper– y el Fondo Colombia en Paz –creado en 2017 por Juan Manuel Santos tras la firma del acuerdo con las Farc– tuvieron contratos y gastos presuntamente injustificados en el gobierno Petro. Para este año, el Fondo Colombia en Paz tiene presupuesto de $1,1 billones y creó una planta transitoria de 149 cargos.
El espectro contractual de ese Fondo es tan amplio que puede ser usado para hacer vías, construir edificios o incluso actividades recreativas en el marco de la política de “paz total”. El problema fue cómo lo hicieron.
EL COLOMBIANO conoció dos contratos del Fondo Paz que serán denunciados por el Gobierno por lo que sería su evidente desviación. El primero tiene como objeto contractual “prestar servicios de consultoría para el análisis histórico y normativo de derecho comparado sobre las dinámicas del conflicto armado, criminalidad y negociaciones a partir de 1997”. Según fuentes, los entregables son mínimos y, en cambio, “solo en ese contrato se gastaron $351 millones”, dice una funcionaria.
El otro contrato bajo la lupa, que tuvieron que suspender, es también del Fondo Paz para contratar infraestructura pública construida en un predio privado por $100 millones. “Es un convenio para la adecuación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y nos toca hacer la verificación de los avances porque hay demoras en la entrega”, agrega.
En julio de ese año, distintas veedurías ciudadanas radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría alegando bloqueos mediante fallas de plataforma y devoluciones reiteradas de proyectos por parte de funcionarios para luego sugerir soluciones informales a cambio de dinero, denuncias que llegaron a hablar de la existencia de un “mercado clandestino de viabilidades”, en el que las decisiones técnicas dependerían de pagos privados.
En ese mismo mes, este periódico reveló el papel del lobista David Trespalacios Swagger, cercano a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quien se encargaba de recibir y gestionar los pagos de una presunta red de corrupción que recibía pagos en efectivo y en cuentas de ahorro para mover contratos en el Gobierno. Semana reveló, con chats, testimonios y consignaciones, que unos “empresarios” le alcanzaron a entregar más de $600 millones; sus tentáculos llegaban hasta el Fondo Colombia en Paz.
La gota que derramó el vaso en la relación de Swagger con las hermanas Guerrero fue que él llegó al Fondo Colombia en Paz literalmente con una bolsa de dinero en efectivo para gestionar proyectos y contratos a nombre de Juliana, según dos fuentes distintas. Guerrero le reclamó y le dijo al entonces presidente Petro que ya no tenían ningún tipo de vínculo.
El diagnóstico de Ríos y su equipo en Presidencia toca también una fibra jurídicamente delicada. Cerca del 90% de los empleos del Dapre son de libre nombramiento y remoción, es decir, cargos de confianza cuya provisión y retiro dependen directamente de quien dirige la entidad. En paralelo, durante la administración anterior se constituyeron cuatro organizaciones sindicales.
Ríos ha dicho que respetará “plenamente” el derecho de asociación sindical, pero también ha dejado claro que aplicará “el régimen jurídico de los cargos de libre nombramiento y remoción”.
Además, como no hubo empalme, están encontrando cada día información nueva. Según la Procuraduría, el informe de empalme del gobierno pasado, que es obligatorio, fue radicado ante ese organismo el 1 de septiembre. La nueva administración tiene hasta el 12 de octubre para formular sus observaciones. Según Ríos, están volcados a recabar “a fondo” los líos en contratos, ejecución presupuestal, fondos, personal y manejo de recursos públicos.
Con información de El Colombiano
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