Denuncian maniobras para silenciar el caso PDVSA-Cripto
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Una nueva audiencia sin traslado de los acusados reaviva denuncias de irregularidades y presuntas violaciones al debido proceso en el juicio por la trama PDVSA-Cripto, que volvió a quedar bajo fuertes cuestionamientos este lunes 1 de junio.
La jueza Alejandra Romero convocó una nueva audiencia sin ordenar el traslado de los principales imputados recluidos en el Centro Penitenciario de El Rodeo, entre ellos el exministro de Petróleo Tareck El Aissami.
La decisión de intentar continuar el proceso sin la presencia física de los acusados fue rechazada por los equipos de defensa, que la califican como una grave vulneración de las garantías procesales y una medida que compromete la transparencia de uno de los casos de corrupción más sensibles y polémicos de los últimos años en Venezuela.
La controversia surge en un momento particularmente delicado para el proceso judicial.
En las audiencias más recientes, según denuncian los abogados defensores, han salido a relucir señalamientos relacionados con presuntas violaciones de derechos humanos, irregularidades durante las investigaciones y actuaciones que involucrarían a figuras vinculadas al entorno del poder político venezolano, así como al exfiscal general Tarek William Saab.
Para los representantes legales de los acusados, la negativa a trasladarlos al tribunal no es una simple decisión logística.
Por el contrario, sostienen que forma parte de una estrategia orientada a restringir la exposición pública de testimonios y declaraciones que podrían resultar incómodas para sectores del poder.
Ante la imposibilidad de realizar el traslado, el tribunal ordenó la instalación de sistemas de audio y video en las cárceles de El Rodeo, Yare y el centro penitenciario femenino Las Crisálidas para desarrollar la audiencia de forma telemática.
Sin embargo, la medida provocó una inmediata reacción de los procesados.
De acuerdo con los reportes de la propia audiencia, varios de los imputados manifestaron su desacuerdo al conocer que no serían llevados físicamente ante el tribunal.
A través de las cámaras instaladas en los recintos penitenciarios se observó cómo algunos de ellos se levantaban de sus asientos y rechazaban participar en esas condiciones mientras funcionarios de custodia intentaban mantener el desarrollo de la sesión.
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Uno de los abogados defensores cuestionó públicamente la actuación judicial y lanzó una interrogante que resume las sospechas de la defensa: “¿Por qué no quieren que la opinión pública conozca la verdad del montaje y del robo sin pistola cometido contra los acusados y sus familias?”
Las defensas sostienen que la combinación de audiencias remotas, limitaciones para la cobertura mediática y restricciones a las declaraciones de los acusados configura un escenario que amenaza con profundizar las dudas sobre la transparencia del proceso.
El caso PDVSA-Cripto, que inicialmente fue presentado por las autoridades como una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia reciente del país, continúa acumulando interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrolla el juicio, las garantías otorgadas a los acusados y el acceso de la ciudadanía a información completa sobre un expediente que involucra miles de millones de dólares y a figuras de alto perfil dentro del aparato estatal venezolano.
Mientras avanzan las audiencias, crece también la controversia sobre si el sistema judicial está garantizando un proceso imparcial y público o si, por el contrario, se están imponiendo mecanismos que terminan limitando el escrutinio sobre uno de los casos más explosivos de la era chavista.
Con información de nota de prensa
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