La ONU asegura que cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, se vieron afectadas
La política de esterilización forzada en Perú durante la década de 1990 constituyó violencia y discriminación por razones de género, especialmente contra mujeres indígenas y de bajos recursos, según indicó el miércoles un comité de la ONU.
La esterilización forzada formó parte de un programa de planificación familiar implementado por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, durante los últimos cuatro años de su mandato, que terminó en 2000 después de una década en el poder.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas señaló que cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, se vieron afectadas, y advirtió que “la esterilización forzada de forma generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad”.
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El comité de 23 miembros revisó una demanda conjunta presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas forzadamente entre 1996 y 1997.
“Las víctimas afirmaron que las esterilizaciones forzadas tuvieron consecuencias graves y permanentes para su salud física y mental”, señaló en un comunicado.
Las mujeres, que llevaron su caso ante el comité en 2020, describieron “un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a las esterilizaciones en clínicas sin infraestructura adecuada ni personal capacitado”, explicó Leticia Bonifaz, miembro del comité, en el comunicado.
“Los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas. Algunas de ellas no sabían leer ni hablar español o no comprendían la naturaleza del procedimiento”, detalló.
