EL ASALTO A BANCAMIGA: LAS SOMBRAS DE UNA SUPUESTA ADQUISICIÓN FORZADA
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Las declaraciones que transforman el caso PDVSA-Cripto en una denuncia de despojo empresarial Por la Unidad de Investigación Lo que comenzó como una de las mayores operaciones anticorrupción anunciadas por el Estado venezolano amenaza con convertirse en un caso mucho más complejo.
Durante las recientes audiencias del juicio conocido como PDVSA-Cripto, los empresarios Carmelo y Daniel De Grazia Suárez sostuvieron que detrás de su detención no existió una investigación financiera legítima, sino una operación destinada a arrebatarles el control de Bancamiga, Compass Bank & Trust y un conglomerado de empresas privadas valoradas en decenas de millones de dólares.
Las acusaciones, formuladas bajo declaración judicial, apuntan hacia una presunta red integrada por funcionarios, empresarios y allegados al poder político venezolano que, según los denunciantes, habría aprovechado su encarcelamiento para tomar control de activos estratégicos del sector financiero.
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"No investigaban delitos; investigaban nuestros bienes"
Uno de los aspectos más graves de las declaraciones es la descripción de los interrogatorios realizados durante la permanencia de los hermanos De Grazia en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Según Carmelo De Grazia, los funcionarios mostraban mayor interés en conocer la ubicación de sus propiedades, vehículos, empresas y activos financieros que en los supuestos delitos económicos que justificaron su arresto.
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Aseguró que la primera pregunta formulada durante los interrogatorios fue: "¿Dónde están los carros y dónde está tu avión?" Daniel De Grazia sostuvo una versión similar.
Declaró ante el tribunal que los interrogatorios tenían como propósito identificar activos susceptibles de ser transferidos a terceros y afirmó que recibió presiones para desprenderse de sus participaciones empresariales mientras permanecía detenido e incomunicado.
La toma forzada de Bancamiga: el desembarco de Fospuca La pieza central de la denuncia gira alrededor de Bancamiga.
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Según los documentos incorporados por la defensa, Carmelo De Grazia era propietario de aproximadamente 49,5 % de las acciones del banco antes de su detención.
Mientras permanecía recluido, José Simón Elarba habría aparecido como titular de ese paquete accionario y posteriormente consolidado una posición dominante dentro de la institución. Los denunciantes sostienen que existe una inconsistencia temporal relevante: un oficio de autorización emitido por Sudeban tendría fecha del 22 de mayo de 2024, mientras que el contrato privado utilizado para justificar la transferencia accionaria habría sido firmado semanas después.
La defensa argumenta que esa secuencia plantea interrogantes sobre cómo pudo ser autorizada una operación cuya formalización contractual, según su versión, aún no se había producido.
El despojo coaccionado de Compass Bank Las acusaciones también alcanzan a Compass Bank & Trust, entidad financiera domiciliada en Dominica.
Daniel De Grazia declaró que fue obligado a firmar la cesión de 90,7 % de sus acciones mientras permanecía detenido en instalaciones del DGCIM.
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Según su testimonio, la operación fue ejecutada mediante una videoconferencia organizada desde el propio centro de reclusión y sin negociación previa sobre precio, condiciones o forma de pago.
Documentos incorporados por la defensa identifican a Ibrahim José Velutini Sosa como beneficiario de dicha transferencia y sostienen que el empresario nunca había tenido relación comercial previa con Daniel De Grazia.
La documentación presentada además señala que posteriormente se aprobaron créditos por más de 10 millones de dólares a diversas compañías vinculadas a operaciones inmobiliarias, recursos que presuntamente fueron utilizados para simular el pago de las acciones transferidas.
Catorce empresas bajo nuevo control
Las denuncias no se limitan al sector bancario. Materiales consignados ante el tribunal afirman que catorce empresas pertenecientes al Grupo De Grazia pasaron a manos de Manuel Flores Melo durante el período en que sus propietarios originales permanecían privados de libertad e incomunicados.
Los documentos sostienen que dichas transferencias se realizaron sin contraprestación económica efectiva y bajo circunstancias que los denunciantes califican como coercitivas.
Kerly López, la víctima inocente de un despojo
Otro episodio relatado durante el juicio involucra a Kerly López, entonces subgerente de Bancamiga.
Según la versión presentada por su defensa, funcionarios del DGCIM ingresaron a una bóveda de la institución acompañados por José Simón Elarba y otras personas vinculadas a la nueva administración del banco.
El abogado afirmó que López intentó impedir la extracción de aproximadamente 2,3 millones de dólares en efectivo y que posteriormente fue detenida y acusada de diversos delitos.
La defensa sostiene que su actuación respondió exclusivamente a las responsabilidades inherentes a su cargo y que terminó procesada por intentar proteger activos bajo su custodia.
Un caso que trasciende la supuesta criptotrama Más allá de las acusaciones penales originales relacionadas con PDVSA-Cripto, las declaraciones realizadas durante el juicio están construyendo una narrativa distinta.
Los hermanos De Grazia sostienen que fueron víctimas de una operación desde el alto poder encabezado por la pareja Maduro-Flofes, sus familiares y un aliado necesario, José simon Elarba, dirigida a apropiarse de activos financieros, empresas y participaciones accionarias aprovechando su situación de detención e incomunicación.
Hasta la fecha, estas afirmaciones constituyen denuncias formuladas por los acusados y sus defensas dentro del proceso judicial. Corresponderá a los tribunales determinar si existieron las irregularidades descritas y establecer las responsabilidades correspondientes.
Así como a la Fiscalía General de la República y la Superintendencia General de Bancos (SUDEBAN) abrir los procesos administrativos y de investigación que conduzcan a determinar la ocurrencia de posibles delitos penales y financieros.
Sin embargo, las revelaciones han introducido una pregunta que trasciende el propio caso PDVSA-Cripto: si las acusaciones resultan ciertas, el expediente dejaría de ser únicamente una investigación sobre corrupción petrolera para convertirse también en uno de los mayores señalamientos de despojo patrimonial y captura de activos privados registrados en la historia reciente de Venezuela.
Las presuntas irregularidades que apuntan al control bajo una supuesta adquisición forzada Expertos financieros y fuentes ligadas al caso penal advierten sobre la existencia de al menos siete vicios legales de extrema gravedad que habrían marcado el traspaso de la entidad:
1. El dilema de la propiedad cruzada y el monopolio De acuerdo con los registros, Hurtado Sosa mantendría la propiedad del 25% de las acciones de Bangente al mismo tiempo que asumía el 47,08% del capital de Bancamiga. Esta duplicidad accionaria representaría una presunta violación flagrante al artículo 35 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el cual prohíbe de forma taxativa la concentración y el control simultáneo de múltiples licencias financieras en manos de un mismo actor económico, una medida diseñada precisamente para evitar monopolios y proteger los fondos del público.
2. Cronología invertida: El aval anticipado de la Sudeban Uno de los hallazgos más desconcertantes en la denuncia judicial de los accionistas originales es la incongruencia de fechas. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) habría emitido un oficio de aprobación para el traspaso el 22 de mayo de 2024. Sin embargo, el contrato privado de compraventa no se firmó sino hasta semanas después, el 14 de junio de 2024. Esto indicaría que el ente regulador estatal aprobó formalmente una transacción financiera que legalmente aún no existía ni se había consumado entre las partes.
3. Evasión de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) Al ser Bancamiga una entidad inscrita y activa en la Bolsa de Valores de Caracas, cualquier cambio en su control accionario de esta magnitud requería la activación obligatoria de una OPA, según lo estipulado por la Ley de Mercado de Valores. La supuesta omisión de este paso legal habría dejado en completa indefensión y desprotección a los accionistas minoritarios de la institución, impidiendo una competencia abierta de ofertas en el mercado.
4. Un precio presuntamente simulado e irrisorio La valoración financiera de la venta ha encendido alarmas de auditoría forense. El acuerdo de traspaso fijó el valor del 50% de las acciones de Bancamiga en apenas 350.000 dólares. Para esa misma fecha, los balances de la institución reflejaban un acumulado de más de 16 millones de dólares en dividendos líquidos por distribuir. La desproporción matemática sugiere la simulación de un precio de venta artificial, muy alejado de la realidad del mercado.
5. Denuncias de coacción e indefensión en reclusión El aspecto más sombrío del caso radica en el contexto en que se aprobó el aumento de capital y el cambio de junta directiva.
Estos movimientos se concretaron mientras los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, fundadores originales de Bancamiga, se encontraban en una situación de reclusión e incomunicación absoluta en el área de "La Máxima" de un centro penitenciario.
Durante las asambleas extraordinarias, se asentó una supuesta "renuncia" de los fundadores a su derecho de suscripción preferente, justificada por una inasistencia que, en la realidad, era forzada por su privación de libertad.
6. Omisión de alertas para Personas Políticamente Expuestas (PEP) Finalmente, el proceso de validación de los fondos utilizados para la compra también bajo sospecha.
A pesar de tratarse de una compradora con nexos familiares directos con una persona sancionada internacionalmente (Malpica Flores) y calificada técnicamente como Persona Políticamente Expuesta (PEP), las autoridades del Saren (Notaría Segunda de Baruta, en fecha 18 de noviembre de 2025) y los fiscalizadores financieros habrían tramitado el papeleo de forma expedita, presuntamente omitiendo los protocolos internacionales rigurosos de auditoría contra el lavado de activos.
Esta cadena de supuestos vicios no solo compromete la legitimidad del control actual de Bancamiga, sino que expone un patrón de presunta instrumentación de los aparatos de justicia y reclusión penal en Venezuela.
La hipótesis que cobra fuerza entre analistas del sector es el uso de la coacción estatal como mecanismo forzoso para transferir activos financieros de gran valor hacia el patrimonio de corporaciones satélites vinculadas a la cúpula gobernante.
Con información de nota de prensa
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