El CAMINO ELECTORAL en Venezuela está dinamitado: así lo ven desde el exterior
El Observatorio Electoral Venezolano hizo un compendio de la posición de varios organismos y países que han manifestado su preocupación por la situación electoral de Venezuela que empeora con las inhabilitaciones
Preocupación es quizás la palabra que más se repite en el ámbito internacional, a raíz de la crisis institucional desatada en el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la renuncia de los rectores, ocurrida el mes pasado. Y, para variar, el uso de la inhabilitaciones políticas como armas para atacar a los adversarios pone a la administración de Nicolás Maduro en la mira de la comunidad internacional.
A través de la ONG Observatorio Electoral hizo un análisis de esta situación y uno de los primeros señalamientos es que se trata de una «estrategia oficialista que dinamitó la institucionalidad del CNE) justo a las puertas de un ciclo electoral que debería renovar todos los cargos de elección popular de Venezuela».
Decenas de países se mostraron preocupados por el asunto electoral de Venezuela durante el 53º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
De hecho, el pasado 5 de julio, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos expresaron de manera conjunta su preocupación por la renuncia de la directiva del CNE y advirtieron que constituye una amenaza a las garantías electorales.
Francia también expresó “profunda preocupación” por la renovación del CNE al tiempo que pidió respeto por los derechos políticos de todos porque, de lo contrario, las próximas elecciones podrían resultar iguales que las de 2018.
Las elecciones presidenciales de 2024 y las regionales, locales y legislativas de 2025 presentan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, pero la falta de garantías aumenta las preocupaciones.
Así lo ven la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y otras cinco organizaciones internacionales que suscribieron un comunicado sobre el tema.
De preocupante también han calificado la coyuntura 24 organizaciones de la sociedad venezolana, incluido el OEV, en otro comunicado conjunto en el cual exhortan a los actores políticos y sociales venezolanos a denunciar, sin ambigüedades, esta nueva crisis de institucionalidad del ente electoral, así como advertir sobre los efectos contrarios a los derechos que esa acción tendrá en los venideros procesos electorales y, en general, en el proceso de reinstitucionalización en Venezuela.
CNE apegado a la legalidad
Esas organizaciones demandan la designación de un CNE apegado a la legalidad, que cumpla con los preceptos constitucionales de independencia, autonomía, despartidización, imparcialidad y transparencia, al tiempo que invitan a rechazar cualquier intento de imponer una directiva subordinada a intereses particulares.
Mientras la Comisión Europea observa “una evolución sumamente preocupante” en el curso de la inhabilitación de opositores, el Parlamento Europeo condenó este 13 de julio la decisión “arbitraria e inconstitucional” de inhabilitar a políticos de la oposición venezolana, así como la interferencia del gobierno en el proceso electoral en el país.
Antes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en su actualización sobre Venezuela del pasado 5 de julio que sigue de cerca los acontecimientos relacionados con el nombramiento de un nuevo CNE desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos.
“Los próximos procesos electorales nacionales de Venezuela deben ser transparentes, inclusivos y participativos. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos; el pleno cumplimiento del debido proceso; y medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia”, expresó.
Avanza rápido proceso en la AN
Mientras se publica este boletín transcurren los últimos días del lapso fijado por el Comité de Postulaciones Electorales 2023 para recibir los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de rectores electorales.
El aviso que se publicó el 4 de julio dice que “el lapso de postulaciones tendrá una duración de catorce (14) días continuos a partir de la última publicación de esta convocatoria”. Se desprende, entonces, que hasta el 18 de julio, aunque en su declaración a los medios del pasado 4 de julio el presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), dijo que la recepción de los recaudos es hasta el 15 de julio.
La convocatoria, según establece la ley, va dirigida al Poder Ciudadano, a las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y a la sociedad civil.
El 30 de junio quedó instalado formalmente el Comité de Postulaciones Electorales 2023. Así se denomina la instancia que tendrá la responsabilidad de producir y entregar a la plenaria de la AN la lista de elegibles a integrar el nuevo CNE, luego de descartar aquellos postulados que no cumplan los requisitos contemplados en la Constitución y leyes electorales.
Un día antes, el 29 de junio, la AN ya había juramentado a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, después de haber aprobado la designación de los 10 miembros de la sociedad civil que lo conforman.
A Venezuela “no vuelve ninguna misión» de la UE
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, dijo este 13 de julio que al país “no vuelve ninguna misión de observación” electoral de la Unión Europea (UE), que -aseguró- ha “mandado emisarios” para pedir “ser invitados” en las presidenciales de 2024.
Rodríguez aseguró que uno de los observadores de la misión que visitó Venezuela para las elecciones regionales y locales de noviembre de 2021 violó el acuerdo de entendimiento, que les prohibía “inmiscuirse en los asuntos políticos internos”, al decir a “dos candidatos opositores a la Gobernación del estado Bolívar” que tenían que “unirse para que puedan derrotar al chavismo”.
Para el OEV, varios países recibieron con preocupación esta declaración, porque añade un nuevo obstáculo a la ruta electoral.
La observación electoral es una herramienta fundamental en la tarea de procurar la mejora continua de los procesos electorales y es también un indicador importante de calidad democrática. Que un Estado se oponga a una observación electoral plural e independiente, acarrea costos.
En Venezuela la observación electoral, tanto nacional como internacional, se encuentra consagrada en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento General. Prescindir de la MOE-UE no es un detalle menor, como quedó demostrado en las más recientes elecciones de noviembre de 2021.
El caso Machado reaviva la arbitrariedad
La reciente noticia de la inhabilitación administrativa contra la precandidata opositora María Corina Machado reavivó en la arena política venezolana un problema estructural: la utilización, desde el oficialismo, de este cuestionado recurso, con fines partidistas, para sacar contrincantes de la carrera electoral.
No solo se incumple la Constitución por la forma de proceder. Se obstruyen así el derecho ciudadano a ser elegido mediante votaciones libres y el derecho a elegir consagrado para los más de 21 millones de venezolanos inscritos en el RE.
La Contraloría General de la República confirmó que la opositora Machado, inscrita para participar en la primaria de octubre, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años.
No especificaron desde cuándo empezó a contar esta inhabilitación, ya que en 2015 la institución le había aplicado la misma medida por un año.
Tomaron la medida luego de una investigación patrimonial que atenta contra la “ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía”.
Determinaron errores, así como omisiones en las declaraciones juradas del patrimonio.
La señalan como partícipe de la “trama de corrupción orquestada” por Juan Guaidó, que propició el “bloqueo criminal” a Venezuela, así como también el “despojo descarado” de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero.
Argumentan que ella solicitó la aplicación de sanciones y “bloqueo económico” contra la nación que generó “daños en la salud del pueblo venezolano”.
La ONU también alza su voz
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, presentó el 5 de julio un nuevo informe escrito sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Preocupan al ACNUDH 14 alegaciones recibidas entre febrero y abril de 2023, sobre restricciones al derecho de participación política, incluyendo hostigamiento y otras formas de intimidación contra miembros de partidos políticos y militantes en el contexto de la campaña electoral para las primarias lanzada por parte de la oposición.
Durante el período reportado, el ACNUDH recibió reportes sobre la inhabilitación de personas para participar en procesos electorales por parte de la Contraloría General de la República. Según se informa, no se emitió ninguna notificación sobre la apertura de los procedimientos, ni advertencia previa a estas inhabilitaciones, restringiendo así el ejercicio del derecho de defensa.
Diversas reacciones
Prácticamente, todos los precandidatos de la oposición cerraron filas en apoyo a Machado. La comunidad internacional también ha demostrado su rechazo a la estrategia oficialista. Otros dos de los candidatos a la primaria, Henrique Capriles y Freddy Superlano, también han sido afectados con inhabilitaciones administrativas de la Contraloría.
La Unión Europea (UE) señaló el 3 de julio que la inhabilitación a Machado socava la democracia y el Estado de derecho de Venezuela y advirtió que la medida se trata de una decisión que contribuye a profundizar la crisis política del país.
El gobierno de Estados Unidos también condenó la decisión de la Contraloría, porque “priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos”, al tiempo que dijo estar “profundamente preocupado por los esfuerzos para rehacer el Consejo Nacional Electoral”.
También el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, se pronunció en contra de la decisión de Caracas: “Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”.
Lo tuiteó quien hace una década había sido inhabilitado por 15 años, aunque luego esta decisión fue revertida por el Estado colombiano.
El caso “(Gustavo) Petro Urrego Vs. Colombia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos invoca como precedente el caso “(Leopoldo) López Mendoza Vs. Venezuela” respecto a que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción a los derechos políticos”.
No es constitucional
En sintonía con la Convención Americana se encuentra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: el artículo 42 dice que el ejercicio de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme.
Pero, contrario a este principio, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (reformada en la legislatura 2006-2011, de mayoría oficialista) faculta al contralor en su artículo 105 a inhabilitar por hasta 15 años.
Es decir, se permite despojar a los ciudadanos de su derecho a postularse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo. En una polémica sentencia de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de este artículo.
El contralor general de la República, Elvis Amoroso, fue designado en ese cargo en octubre de 2018 por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Antes, ejerció como diputado a la AN por el partido de gobierno en el período 2010-2015 y por la también oficialista Unidad de Vencedores Electorales (UVE) en la legislatura 2005-2010.
La segunda de las recomendaciones prioritarias que dejó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) al Estado venezolano es la de “suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”.
¿Cómo hacen?
El Observatorio cierra su análisis haciendo esta pregunta, que es una cita de los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, contenida en las páginas de su libro «Cómo mueren las democracias».
“¿Cómo hacen los gobernantes autoritarios para destruir las instituciones democráticas que se supone que tienen que limitarlos?
Algunos lo hacen de un plumazo. Pero, con más frecuencia, el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina. Para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible
. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso. Los periódicos independientes siguen circulando.
La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo en pequeños pasos. Cada uno de esos pasos individualmente parece insignificante —ninguno parece amenazar seriamente la democracia—.
De hecho, los movimientos del gobierno para subvertirla suelen estar dotados de legalidad: son aprobados por el parlamento o declarados constitucionales por el tribunal supremo. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, “transparentar” las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional”.
Para comentar, debes estar registradoPor favor, inicia sesión