El derecho a la libertad de expresión permanece bajo asedio: Espacio Público presentó informe del 2025
Pide la derogatoria de la Ley contra el Odio que se usa para criminalizar voces críticas.
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Durante el año 2025, la ONG Espacio Público documentó 123 casos que se traducen en 238 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, lo que representa una reducción del 60% y 62% con respecto al 2024.
Estas cifras forman parte del informe del 2025 presentado por la organización, que advierte que la “reconfiguración forzada del poder en Venezuela —ante la detención de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada— no ha funcionado como un catalizador para la restitución de las garantías democráticas”.
“El derecho a la libertad de expresión permanece bajo el asedio de una arquitectura jurídica diseñada para la censura. En tal sentido, el relevo en la jerarquía del poder político no implicó el desmantelamiento de la estructura represiva, ni el cese de las políticas de hostigamiento”, alertó la ONG.
En este contexto, los anuncios realizados a principios de enero por Jorge Rodríguez, sobre la liberación de personas detenidas, sumado a la posterior aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Legislativo, generaron una expectativa de apertura que se materializó parcialmente con la excarcelación de varios periodistas y ciudadanía que permanecía bajo custodia arbitraria.
Sin embargo, estas medidas no están orientadas a atacar la raíz del problema, puesto que no buscan el cese definitivo de la persecución judicial.
Se mantienen los bloqueos contra portales informativos
Por otro lado, la reciente designación de Enrique Quintana Sifontes como director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha supuesto un viraje en la política de restricciones arbitrarias que define al ente regulador.
La nueva gestión ha mantenido los bloqueos discrecionales contra portales informativos, organizaciones de derechos humanos y redes sociales como X.
La permanencia de estas barreras técnicas y administrativas, ejecutadas sin el debido proceso ni transparencia institucional, reduce cualquier expectativa de apertura democrática en el ámbito comunicacional; lejos de una flexibilización, la persistencia de estas medidas confirma que el control del ciberespacio sigue siendo una política de Estado para la administración actual.
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De enero a abril
Durante los primeros 4 meses del año, la ONG registró un total de 38 casos, que se traducen en 91 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión.
Estas cifras constituyen una disminución del 36% con relación al total de casos y del 16% con respecto al número total de violaciones documentadas durante el mismo periodo del 2025.
Esta variación da cuenta de una leve desaceleración con respecto a los patrones de criminalización del derecho en Venezuela, sin embargo, también demuestra que no existen condiciones que garanticen el derecho a recibir y difundir información.
Agresiones a trabajadores de la prensa
Durante los últimos años, la labor periodística en Venezuela ha sufrido una estigmatización sistemática impulsada por el discurso oficial y materializada en violencia física, detenciones arbitrarias e impedimentos de cobertura.
Esta política de intimidación constante no solo busca silenciar, sino también enviar un mensaje ejemplarizante al resto del gremio, consolidando un entorno hostil, de censura y limitaciones al ejercicio de la labor periodística.
- El 9 de febrero, personal administrativo y de seguridad del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, en el estado Zulia, impidió que los periodistas Jaira Molano (Canal 11 del Zulia), Eduardo Colina (Noti Primicia), Isaac Ramírez (Info News); y Manuel Calcaño, Lismar y Ángel Pacheco (pasantes de la Universidad del Zulia)2, cubrieran una asamblea que convocaron los trabajadores del centro asistencial.
- El 9 de abril, durante la cobertura de una protesta laboral desarrollada en Caracas, varios trabajadores de la prensa fueron agredidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el centro de la ciudad. Entre los afectados se encuentra Sergio González3, fotógrafo de la ONG Provea, a quien los funcionarios golpearon con un escudo y rociaron con gas pimienta.
Detenciones arbitrarias
Pese a que desde el poder estatal se ha intentado proyectar una narrativa de reconciliación y apertura hacia un escenario menos restrictivo, la práctica no ha sido coherente con este discurso.
Las detenciones de trabajadores de la prensa y de ciudadanos particulares no han cesado; se mantienen como una herramienta de control a través del uso conveniente y arbitrario de la fuerza y de la justicia que además de castigar, funciona como un mecanismo de disciplinamiento social. En este periodo al menos 29 personas fueron detenidas de forma arbitraria, 15 periodistas, 7 particulares, 6 camarógrafos y 1 reportero gráfico. La mayoría fueron detenciones de corta duración.
- El domingo 4 de enero, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron durante aproximadamente dos horas al equipo de prensa de Univisión Noticias mientras cubrían un operativo en la frontera venezolana. Luis Carlos Vélez4, periodista del medio, informó a través de sus redes sociales que les revisaron los documentos, teléfonos y les borraron el material informativo.
- Yorman Acevedo5 fue detenido por funcionarios del SEBIN el 13 de enero en Maracay, en el estado Aragua, luego de comentar un video en la red social TikTok que hizo referencia a la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estuvo 19 días en condición de desaparición forzada. Sus familiares supieron de la detención porque varias personas vieron cuando los efectivos se lo llevaban, pero no sabían dónde lo tenían. Finalmente, conocieron que estaba recluido en El Rodeo I, acusado de “instigación al odio”.
Víctimas y victimarios
Registramos un total de 68 víctimas, donde el grueso de las agresiones recayó directamente sobre los trabajadores de la prensa, con 34 periodistas y reporteros afectados, seguidos por 14 particulares y 8 medios de comunicación. También fueron blanco de ataques el personal técnico, fotógrafos e incluso trabajadores públicos, lo que demuestra que el cerco informativo es amplio y no discrimina funciones.
- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Aragua informó el 10 de marzo sobre el hallazgo del cadáver de la periodista Yolimar Hidalgo6 en una vivienda en el sector Huete, en Cagua, estado Aragua. Según el diario El Siglo, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se trasladaron al lugar el domingo 8 para iniciar las averiguaciones de rigor y esclarecer el hecho. A la fecha, no se ha ofrecido información pública oficial sobre avances en la investigación que permitan determinar las causas y responsabilidades.
- El 3 de marzo se conoció el asesinato del periodista Walter Alexander Jaimes7, cuyo cuerpo hallaron en la carretera La Variante en la ciudad de Mérida, en el estado Mérida. La información la dio a conocer el también periodista Daniel Molina, quien hizo el reconocimiento del cuerpo de Jaimes a través de fotos. Jaimes salió de su hogar el sábado 28 de febrero a una pauta informativa y no regresó.
El 10 de marzo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó en un acto en el estado Mérida que el presunto asesino de Jaimes fue detenido, que se trató de un “tema personal”, y enfatizó que las causas “estaban muy claras”8. Ni el CICPC ni el Ministerio Público han dado información pública oficial respecto a la investigación o los procesos que estarían en curso.
De los 37 victimarios registrados en este periodo, los cuerpos de seguridad encabezan la lista con 27 responsables, seguidos por 12 instituciones del Estado y 3 funcionarios que actuaron de forma directa. Esto significa que el aparato público, en lugar de garantizar la protección de los ciudadanos y la prensa, es el principal agente hostigador. El resto de las agresiones se reparten entre victimarios desconocidos, atacantes informáticos y simpatizantes del oficialismo.
Con respecto a la ocurrencia de casos por ubicación geográfica, Caracas ocupa el primer lugar en la lista, acumulando el 33% de las situaciones. Seguido por Táchira (11%), Mérida (8%) y Miranda (8%).
El 22% de las situaciones registradas tuvieron lugar en el plano virtual, esto incluye bloqueo de páginas web, fallas en los servicios de internet o electricidad o detenciones por la difusión de opiniones o informaciones a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.
Con información de Espacio Público.
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