El desastre ya existía antes de los terremotos: crudo informe de Transparencia Venezuela
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La ONG Transparencia Venezuela presentó este martes el informe técnico «La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto».
Se trata de una evaluación detallada de la capacidad de respuesta del Estado venezolano tras el doblete sísmico del 24 de junio, que concluye que la verdadera tragedia no radica solo en la magnitud del sismo, sino en décadas de deterioro institucional acumulado.
El documento analiza la velocidad de despliegue usando el Índice de Brecha de Despliegue (IBD): Venezuela alcanzó apenas el 12,6% de su pico de efectivos a las 24 horas y el 34,6% a las 48 horas, frente a países como Chile que movilizan más del 71% en el mismo lapso ante sismos de magnitud comparable.
En la «ventana dorada» de 72 horas para rescatar sobrevivientes, la capacidad nacional especializada fue «casi nula»: de las 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira, el 83% lo hizo por autoevacuación o rescate local en las primeras 48 horas, antes de la llegada de los equipos internacionales.
El informe documenta cuatro factores de fragilidad estructural preexistentes. El primero es que Venezuela obtuvo 10 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Además, se destaca que los hospitales operaban al 40% de su capacidad quirúrgica con 74% de desabastecimiento de insumos.
Asimismo, la red sísmica de FUNVISIS se redujo de 300 estaciones en los años 90 a apenas cuatro operativas en la actualidad, impidiendo emitir alertas oportunas. Y pese a haber invertido miles de millones en aeronaves militares de transporte pesado como los Mi-26 y Y-8, no hay evidencia de su uso durante la emergencia.
En materia de cifras, el informe documenta un subregistro convergente: el Estado reporta 856 edificaciones afectadas, mientras evaluaciones independientes de NASA, Microsoft y Copernicus detectan entre 10.510 y 58.870 estructuras dañadas. Las plataformas ciudadanas estiman cerca de 50 mil desaparecidos, cifra que el Estado nunca reconcilió públicamente.
Transparencia Venezuela lanzó además una advertencia prospectiva: el mayor riesgo de corrupción podría ocurrir en los próximos 2 a 4 años durante la fase de reconstrucción, estimada en más de 37.000 millones de dólares en daños físicos directos. La organización exige un registro auditable de fondos y veeduría civil para evitar que la opacidad histórica desvíe la ayuda.
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Conclusiones
1. El Estado venezolano no tuvo la participación suficiente esperada en la fase inicial de rescate. Venezuela alcanzó el 12,6% de despliegue a las 24 horas y el 34,6% a las 48h, con su 92,8% de despliegue recién al día 11. Comparadores de energía similar o mayor movilizaron fuerzas mayores más rápido. Bajo supuestos razonables, su dotación por habitante es comparable a la de China: el déficit está en la rapidez y en el rescate especializado, no en el número. 2. 3. 4.
2. El rescate especializado fue mayoritariamente internacional y no hubo suficiente capacidad nacional en la fase decisiva de las 72h. De las 19.861 personas que sobrevivieron en La Guaira, el grueso lo hizo por autoevacuación o rescate local en las primeras 48 horas; los primeros equipos USAR internacionales llegaron hacia las 48 horas (El Salvador, México y República Dominicana, el 26 de junio) y la mayoría se consolidó entre los días 4 y 6, dentro de la ventana, pero después de la ventana con mayor probabilidad de rescates con vida. No consta una capacidad USAR nacional equivalente en las primeras horas, que es la fase que decide la supervivencia bajo escombros, y la propia Presidencia interina reconoció la dependencia del auxilio externo.
3. El subregistro es convergente y está documentado por vías independientes. La cifra oficial de 856 edificaciones contrasta con estimaciones independientes de ~1.054 a ~58.870; los damnificados oficiales son a la vez inexplicablemente bajos e inestables (15.866 → 12.841 → 15.050); y los reportes de desaparecidos oscilan en estimaciones de 46.000 a 54.000. La brecha entre 30.000 personas estimadas en La Guaira y 19.861 salvadas deja varios miles sin reconciliar.
4. La fase post-rescate no alcanzó los indicadores mínimos Sphere. Al día 8, la evaluación de la OPS en el hospital Vargas-IVSS de La Guaira documentó ventiladores de trauma sin energía, ausencia de teléfono e internet operativos y agua por acarreo manual, con 96 pacientes en una sala de 8 camas, muy por debajo del estándar Sphere para la ventana de respuesta inmediata.
5. La insuficiencia coincide con un deterioro institucional previo, independiente de los recursos. Venezuela puntúa en corrupción por debajo de Haití (IPC 10 vs 16) pese a las mayores reservas petroleras del mundo; su sistema hospitalario operaba al ~40% de su capacidad quirúrgica antes del sismo; su red de vigilancia sísmica (Funvisis) llegó al terremoto reducida de unas 300 estaciones en los años noventa a unas 4, sin emitir una alerta oportuna; y una flota aérea de transporte pesado, valorada en miles de millones, muestra una brecha entre inventario y disponibilidad operativa —con una pregunta abierta, sin resolver, sobre su uso real— y una opacidad de contratación bien documentada.
6.Rescate y reconstrucción son fenómenos con dinámicas distintas. Leído el patrón entre los seis casos —como lectura descriptiva, no como prueba causal, imposible con esa cantidad—, el nivel de corrupción no acompaña la velocidad de rescate inicial —China, Ecuador y Nepal respondieron rápido pese a un IPC bajo o medio— y se asocia con más consistencia al resultado de la reconstrucción de mediano plazo. Que Ecuador, con un IPC cercano al venezolano, respondiera con rapidez indica que Venezuela no enfrenta un techo estructural regional, sino algo específico de su caso.
7. El mayor riesgo de corrupción puede no haber ocurrido todavía. El riesgo en la contratación pública post-desastre crece más en el mediano plazo que en el inmediato, incluso en Estados con control institucional fuerte, y el patrón histórico de opacidad en la contratación estatal venezolana sugiere que ese riesgo puede concentrarse en los próximos dos a cuatro años de financiamiento de la reconstrucción —un costo estimado en unos 2.370 millones de dólares solo para la vivienda de La Guaira—, precisamente cuando disminuyan la atención mediática y la presión internacional.
8.Exigimos al Estado cumplir como condición mínima el cumplimiento de la Prioridad 2 del Marco de Sendai: fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionarlo. Eso implica hacer la publicación de un registro público y auditable de fondos y ayudas recibidos, por fuente y destino, la incorporación de veeduría de sociedad civil y organismos multilaterales (BID, PNUD) en la Comisión Presidencial, y cláusulas de transparencia vinculantes en cualquier convenio bilateral de reconstrucción.
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