El dilema del bajo Caroní: la continuación de Tocoma y el cuello de botella de la transmisión
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Por Jorge Pérez.
El reciente anuncio de reactivación de la Central Hidroeléctrica Tocoma (Manuel Piar) y la rehabilitación de Macagua I despierta un inevitable optimismo en una población fatigada por el racionamiento eléctrico.
La promesa de incorporar 2.400 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) —2.160 MW provenientes de las diez unidades Kaplan de Tocoma y 240 MW de tres grupos Francis en Macagua— se presenta como el gran hito de la agenda energética.
Sin embargo, en la ingeniería de potencia, los megavatios no se miden por lo que se produce en la sala de máquinas, sino por lo que efectivamente llega al interruptor del ciudadano en Maracaibo, Barquisimeto o Caracas. Y es allí donde la física choca de frente con la narrativa política.
Analizar el nuevo Acuerdo IMPSA-CORPOELEC exige una mirada sin pasiones que separe la evidente oportunidad técnica del histórico de desidia que convirtió a Tocoma en un monumento a la corrupción, en verdadero "elefante rojo" tras dos décadas de parálisis.
Si el contenido de dicho acuerdo es el que está haciendo correr el interinato, hay que reconocer que este esquema plantea un blindaje corporativo e institucional inédito y plausible, que no hubiese sido posible sin la irreductible presión de la administración estadounidense que tutela actualmente Venezuela, por un lado.
Y por otro lado, IMPSA ya no es la golpeada firma argentina del pasado dirigida por más de 100 años por los Pescarmona; hoy opera bajo el control del Fondo Norteamericano Industrial (IAF) y con el crucial paraguas legal de las licencias 48A y 49A de la OFAC.
Este giro geopolítico iniciado el 3 de enero, permite algo que parecía imposible: movilizar componentes clave varados en almacenes de Alemania, Paraguay o EE. UU., y estructurar un fideicomiso en suelo estadounidense con fondos liberados del Estado venezolano (estimados inicialmente entre 80 y 150 millones de dólares para la Fase I de 19 meses). Que IMPSA cobre estrictamente por cada hito ejecutado y auditado, sin anticipos, descarta el riesgo de impago y desvío de recursos.
Hasta ahí, el papel aguanta todo. El verdadero peligro no está ni estará en Washington ni en Mendoza, sino en los pasillos de CORPOELEC.
Los términos del acuerdo firmado por el Ejecutivo parecieran el adendo de un contrato de contingencia que transfiere a la estatal venezolana una responsabilidad civil y estructural para la que hoy no tiene músculo propio.
El consorcio original OIV dejó la obra civil a un 90%, con reportes de valuaciones con alta reconsideración de precios que en algunos casos no cobraron, pero también con graves dudas sobre las obras, donde algunos profesionales de Corpoelec para ese entonces se inhibieron por los hallazgos de fisuras en las estructuras de concreto de la presa y otros detalles a los que hay que ponerles el ojo y que sumados a una década de abandono, pasan factura.
En todo caso, CORPOELEC debe ahora subcontratar la remoción de sedimentos, reparar el concreto deteriorado y sellar filtraciones en la presa para que IMPSA pueda vestir las turbinas.
Algunos expertos han indicado el nombre de la nacional Vinccler, propiedad de la familia Clerico, que fue dirigida hasta hace poco por Juan Francisco Clérico, quien falleció el pasado marzo 2026, pero que, por su reconocida trayectoria de más de 60 años, surge como el único candidato lógico para esta tarea por su manejo de los planos originales.
A esto se suma el drama autoinfligido de la Subestación Tocoma 400 kV. Esta infraestructura, diseñada originalmente por la firma española TSK con tecnología Siemens, fue desvalijada y canibalizada por la propia CORPOELEC para apagar fuegos en otras regiones, sufriendo además el azote del hampa común.
Recomponer sus sistemas de protección digital, tableros y cableado de control es una labor titánica. Si la estatal se retrasa en entregar la obra civil o la subestación, IMPSA simplemente activará las cláusulas de paralización por causas imputables al contratante, y los escasos fondos internacionales se irán en pagar penalizaciones en lugar de encender turbinas.
Para paliar su evidente debilidad y negligente gestión desde que fue creada, se ha propuesto la creación de un Consejo Consultivo Senior integrado por 25 o 40 ingenieros históricos de la "época dorada" de EDELCA, con certeza y evidencia de ello, está en las redes sociales y medios de comunicación. Es producto de la propuesta que hicimos en nombre de la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela RIPSENV hace ya algunos meses.
Y estos expertos son los mismos profesionales que demostraron eficiencia al inaugurar Caruachi en 2006 bajo el costo previsto de 2.300 millones de dólares} (y que hoy siguen sincronizadas todas sus unidades entregando casi 1.200 MW).
Pero esta propuesta de consultoría de alto nivel devela una crisis más profunda: la brecha generacional. En el país apenas quedan unos 140 de estos "sobrevivientes", cuyas edades oscilan entre los 65 y 85 años. No hay una generación intermedia de relevo.
El conocimiento técnico del SEN está envejeciendo y desapareciendo en un vacío institucional.
Pero supongamos que el cronograma de 4 o 5 años se cumple, que la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) recién aprobada en primera discusión por la AN atrae los 900 o 2.000 millones de dólares necesarios para el 100% de la obra a través de contratos de riesgo compartido, y que las turbinas finalmente giran. Llegamos entonces al verdadero cuello de botella: la transmisión.
La generación no puede analizarse de forma aislada. Inyectar 2.400 MW adicionales al nodo del Caroní sin ejecutar de forma simultánea inversiones agresivas en la columna vertebral del SEN, Ala red de Alta Tensión es un sinsentido técnico.
El SEN viola diariamente sus límites físicos de transporte, forzando la transmisión de enormes bloques de potencia activa y reactiva a distancias kilométricas, lo que degrada los perfiles de voltaje y expone al país a un apagón sistémico ante cualquier oscilación en nodos críticos, que traducidos al buen criollo para nuestros paisanos, visualmente se evidencia cuando vemos por ejemplo: que las líneas entre esas grandes torres de transmisión se longuean o chinchorrean.
Para que Tocoma no sea un nuevo "elefante blanco" o del color que le pongan, es obligatorio y urgente restaurar el Tercer Circuito de la Línea de 765 kV, modernizar los patios de transmisión en las subestaciones de despacho y acometer la compensación reactiva en la Subestación San Gerónimo (reactores shunt y bancos de capacitores).
De lo contrario, nos enfrentaremos al fenómeno físico del confinamiento de generación. Sin autopistas eléctricas operativas, la energía de Tocoma se quedará atrapada en el sur.
La planta se degradará operativamente a una costosa "Reserva Rodante Estratégica" de Guri; servirá como un amortiguador local para estabilizar frecuencia y voltajes en la Región Guayana, pero su impacto en el consumidor final del centro, los Andes o el Zulia será prácticamente nulo. La mejora apenas se sentirá discretamente en el oriente.
Terminar Tocoma es una decisión sensata y técnicamente obligada tras la milmillonaria inversión inicial; el país no puede permitirse dejar morir su novena central hidroeléctrica. Pero la honestidad técnica nos obliga a advertir que el éxito no se decreta con la firma de un acuerdo, memorándum de intención o adendum.
Si la política sigue concentrando la propaganda en las salas de máquinas de Guayana mientras ignora el deterioro de las líneas de transmisión y la agonía institucional de CORPOELEC, la luz de Tocoma terminará confinada en el sur, dejando al resto de Venezuela exactamente en la misma oscuridad.
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