EL GUISO ELÉCTRICO QUE APAGÓ A VENEZUELA Y BETANCOURT, EL ROSTRO QUE EMERGE DE LA OSCURIDAD
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Por: Jorge Pérez
La oscuridad que hoy castiga a las familias venezolanas con racionamientos brutales de 8 a 10 horas diarias no es una fatalidad técnica ni producto de conspiraciones, ni de saboteos, iguanas o rayos perpendiculares: es el resultado matemático de la corrupción más voraz que haya conocido la historia republicana de Venezuela. Cada corte de luz en el Zulia, en los Andes, en Carabobo o en Oriente, en el más recóndito lugar de Venezuela tiene nombres, apellidos, sobreprecios y contratos incumplidos.
El sector eléctrico nacional ha sido el festín predilecto de la cleptocracia gobernante. La lista de monumentos a la impunidad es abrumadora: el elefante rojo de la Central Hidroeléctrica Tocoma, un desfalco superior a los 9.000 millones de dólares repartido entre IMPSA y el referente corrupto de América, Odebrecht donde se prometieron más de 2.100 MW que jamás sincronizaron; las fallidas contrataciones bajo el opaco convenio Cuba-Venezuela para rehabilitar Planta Centro mediante dudosas subcontrataciones checas que solo dejaron chatarra; o la estafa eólica de La Guajira, donde molinos oxidados y en el suelo atestiguan el saqueo de recursos sin haber aportado un solo vatio continuo al sistema interconectado, por mencionar apenas algunos que equivalen a Miles de millones de dólares.
Sin embargo, en la cima de este esquema de saqueo destaca con luz propia el monumental «guiso» de Alejandro Betancourt y Derwick Associates durante la llamada emergencia eléctrica (2009–2012). Con contratos otorgados a dedo que sumaron más de 5.200 MW por un valor reportado de 7.284 millones de dólares —y un sobreprecio que superó los 5.700 millones—, el país compró turbinas con sobreprecios astronómicos, muchas usadas o inadecuadas, que hoy yacen en el abandono, en verdaderos cementerios.
La radiografía técnica de esas 12 plantas es desoladora: Guatire-Guarenas (156 MW), inoperativa; el complejo La Raisa en los Valles del Tuy (~675 MW), apenas en una operatividad marginal del 10%; Charallave (136 MW) y Picure (170 MW), convertidas en chatarra; Barinas I (182 MW), San Timoteo (100 MW) y la autogeneración de Sidor (440 MW), totalmente fuera de servicio; mientras que los bloques prometidos para PDVSA en Furrial y Morichal (1.354 MW) se extinguieron por falta de mantenimiento e infraestructura de gas en menos tiempo del que "canta un gallo". En total, más de 3.400 MW de capacidad base instalada cuya disponibilidad real no alcanza ni el 8%.
La paradoja es indignante: el déficit que hoy asfixia a Venezuela oscila exactamente entre 3.000 y 3.800 MW. Es decir, la cantidad de energía que hoy le falta al país para erradicar los apagones es idéntica a la que Alejandro Betancourt cobró a precio de oro y jamás entregó en despacho confiable.
Si esas plantas estuviesen operativas en las colas del sistema, la reciente salida de 1.200 MW en el Caroní —por la falla del 29 de agosto en la Unidad 17 y la cavitación en la Unidad 15 de Guri— no tendría a las regiones al borde del colapso.
Lejos de rendir cuentas ante los tribunales y frente a un pueblo que protesta a oscuras, el artífice de aquel desfalco muta hoy de operador eléctrico a actor petrolero "clave". A través de empresa de maletín como North American Blue Energy Partners (NABEP), registrada en paraísos fiscales y lavada de cara bajo pretendidos amparos y licencias foráneas, Betancourt pretende erigirse en salvador energético de la misma nación a la que ayudó a apagar.
Venezuela no puede normalizar el cinismo ni aceptar el reciclaje de promesas vacías, bajo el manto de la opacidad y del oscurantismo que hoy tiene a Venezuela apagada y enferma física, psicológica y económicamente.
Desde nuestra pericia y larga experiencia en el SEN lo sostenemos con rigor de ingeniería y solvencia moral: la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional no vendrá de la mano de quienes lo desfalcaron, sino de una auditoría forense implacable, de la erradicación de estos guisos históricos y de un plan maestro a 25 años cuya primera fase sin duda sea PLEENA (Plan de Emergencia Eléctrica Nacional) bien estructurado, conducido por profesionales y técnicos íntegros con el acompañamiento de un Consejo de Expertos que devuelvan, de una vez por todas, la luz y la dignidad a nuestro país.
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