La ONG Una Ventana a la Libertad denunció que los recintos penitenciarios del país, temporales o definitivos, no están aptos para recibir adecuadamente a un recién nacido, por lo que madres e hijos se encuentran en indefensión
La ONG Una Ventana a la Libertad realizó un informe especial sobre la precaria situación que enfrentan las mujeres que ingresan o quedan embarazadas en prisión.
Este documento, unido a un audiovisual, demuestra la realidad de las privadas de libertad que van a ser madres, es un nuevo llamado al órgano rector con competencia en materia de servicio penitenciario, que hasta ahora no toma los correctivos para evitar que estos hechos se repitan.
El trabajo estuvo a cargo del equipo de investigadores que integra la Unidad Audiovisual de Una Ventana a la Libertad y lleva por título: “Embarazos en prisión: Cuando la maternidad se convierte en adversidad”.
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Lo que dice la ley
El Código Orgánico Penitenciario, en el Ordinal 10 del artículo 15, establece que toda mujer que se encuentre detenida, sea cual sea su condición jurídica, debe recibir atención médica especializada durante el período de gestación, parto y lactancia, pero la realidad revela que sucede todo lo contrario.
Los investigadores constataron que dentro de los anexos femeninos de las cárceles y calabozos policiales del país ni siquiera existe un lugar especial para tener a una mujer en estado de gravidez.
En los recintos penitenciarios del país, temporales o definitivos, tampoco tienen un lugar adecuado y aséptico, en el cual se pueda atender un parto, recibir adecuadamente a un recién nacido y mucho menos amamantar a un neonato.
Entregan a sus criaturas
Ante tanta precariedad, hacinamiento e insalubridad, la detenida se ve en la obligación de entregar a su criatura recién nacida a sus familiares más cercanos.
Muchas veces es una abuela, cansada y empobrecida, la que debe asumir la responsabilidad de criar a aquel ser que acaba de llegar al mundo.
De acuerdo a la ley, todos los privados de libertad en Venezuela tienen derecho a la visita conyugal.
Las mujeres detenidas han denunciado que este precepto no se cumple en su caso, sin embargo, algunas de ellas quedan embarazas.
Se presume que los niños (as) son hijos de los hombres presos a su alrededor o de los funcionarios que las custodian.
“Muchas veces acceder a un favor sexual para tener algo de protección, comida, agua, medicamentos, cigarros o una llamada telefónica, tiene sus consecuencias”, contó una detenida.
Cuidar hasta el aspecto psicológico
Sheila Rodríguez, médico gineco-obstetra, explicó que toda mujer, desde que se entera de que ha quedado en cinta, debe recibir no solo el apoyo de su pareja y familia, sino atención médica adecuada para que el nuevo y delicado proceso no se complique y tenga un desenlace fatal.
“Lo lógico es que el embarazo sea consensuado y debidamente planificado en pareja para que este proceso no tenga un impacto negativo, incluso, en el aspecto psicológico de la mujer”, dijo la especialista.
Rodríguez advirtió que una embarazada, tenga la edad que tenga, debe ser debidamente examinada por un médico quien deberá hacer los exámenes y ecos correspondientes e indicar las medicinas y complejos vitamínicos esenciales en estos casos.
“De no ser bien atendidas, las consecuencias podrían ser mortales tanto para ellas como para el recién nacido”, advirtió Rodríguez.
11 años de prisión y dos hijas a la deriva
Una joven sentenciada a 13 años de prisión quedó embarazada dentro del recinto penitenciario donde purga condena.
En este lugar y en ningún otro se entregan preservativos ni métodos anticonceptivos.
Ella estableció una relación amorosa con otro privado de libertad y la procreación se llevó a cabo de manera consensuada.
Excepcionalmente, tuvo oportunidad de parir en un centro de salud pública y luego se le dio el beneficio de casa por cárcel para que amamantara a la recién nacida en la humilde vivienda donde viven sus familiares.
El beneficio llegó a su fin y ella debe regresar al calabozo para seguir purgando la condena. Le restan 11 años de prisión.
La recién nacida debe quedar en la humilde vivienda y alguien de la familia debe asumir su cuidado, manutención y crianza.
La abuela materna de la niña es una adulta mayor que no trabaja, es diabética y con problemas vasculares en las piernas. La abuela paterna, por su parte, tiene problemas de alcoholismo.
La tía de la recién nacida no desea asumir la responsabilidad porque ya tiene dos hijos que cuidar y mantener.
No obstante, cuando se dispuso a criar a su sobrina de 10 años, hija de su hermana detenida, surgió otro grave problema en la familia: su esposo también fue detenido y acusado de abusar sexualmente de la menor.
La infante, presuntamente abusada, ya debe tener 12 años de edad y al parecer se encuentra bajo el resguardo del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Curiosamente, ninguno de sus familiares tiene certeza de cuál fue su destino.
Ante este panorama desolador, la doctora Sheila Rodríguez, médico gineco-obstetra, hizo un llamado para evitar que este tipo de casos se sigan repitiendo.
Agregó, con severidad, que una mujer debe reconocer cuándo está o no apta para traer a un hijo al mundo, de lo contrario, es un acto de irresponsabilidad que trae consecuencias indeseables la sociedad.
