Empresarios plantean reformas a la Ley del Trabajo para que Venezuela genere interés entre inversionistas
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Tito López, presidente de Conindustria, manifestó que para que lleguen las inversiones extranjeras y las industrias nacionales sean competitivas, se debe garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad, y esto pasa por actualizar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), vigente desde 2012.
López hizo el planteamiento durante un foro titulado «Reingeniería laboral en tiempos de transformación», realizado en Barquisimeto, estado Lara.
Los proponentes saben que esta materia es decisión del Ejecutivo nacional, pero realizaron propuestas en la sede de la Cámara de Industriales del estado Lara, sobre cómo debe ser la protección de la antigüedad de los trabajadores en el contexto económico actual; cómo se debe regular la relación entre trabajadores y empresas, cómo deben ser las remuneraciones de acuerdo a la competitividad y discutieron sobre la necesidad de que la inamovilidad laboral no sea generalizada para todos los sectores, porque consideran que se ha convertido en una «camisa de fuerza» para el sector privado, ya que muchas veces impide incrementar las posibilidades de contratar nuevos talentos.
Tito López indicó que las industrias del país registraron en el último trimestre 51,7% de capacidad productiva. Eso quiere decir que tienen un 48% de ociosidad.
«Esa es una capacidad disponible para que las empresas que deseen invertir en el país establezcan alianzas con el sector privado. No obstante, la seguridad jurídica juega un papel preponderante para garantizar la estabilidad de las empresas y atraer capital», recalcó. El tema de los pasivos laborales que tienen las organizaciones en Venezuela no resulta atractivo para las transnacionales.
Desde abril, el Ministerio del Trabajo discute la Lottt en una Comisión para el Diálogo Laboral, en el que participan cúpulas empresariales, Gobierno y sindicatos, pero todavía no deciden ninguna modificación. Ante eso, hay un gran debate. Entre los puntos más álgidos está el pago del salario.
Las propuestas
El doctor Iván Mirabal, especialista en derecho del trabajo y vicepresidente para Suramérica de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Sidtss), planteó que se debe ir hacia un «modelo de compensación total» o «paquete salarial», como el que tiene Estados Unidos.
«Consiste en pagar mensualmente de forma prorrateada, todos los derechos laborales establecidos en la ley dentro de un mismo rubro. Esto le genera un mayor ingreso mensual al trabajador y evita que la empresa acumule pasivos laborales a largo plazo, resultando beneficioso para ambas partes. Aunque se aplicó durante cuatro años en Venezuela, una sentencia posterior revocó el criterio y determinó que todo lo pagado mensualmente constituía salario, lo que encareció de manera sustancial las relaciones laborales», argumentó.
Su propuesta implica que conceptos como horas extras, vacaciones, utilidades y bono vacacional se calculen y se paguen cada mes. «Por ejemplo, un trabajador con un salario base de $500 podría percibir $800 mensuales al sumar el prorrateo de sus beneficios. El empleador cumple anticipadamente con sus obligaciones de ley y el trabajador recibe un mayor ingreso corriente», resaltó.
También habló sobre las prestaciones sociales en Venezuela, uno de los temas más sensibles en materia de derecho laboral, porque por un lado están establecidas en el artículo 92 de la Constitución, que señala que todos los trabajadores «tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata».
Pero en la práctica, la indemnización por antigüedad «no se está cumpliendo como establece la ley», porque el Ejecutivo nacional no ajusta el salario mínimo desde 2022 y lo mantiene en Bs. 130, equivalente a $15 centavos. «Si las prestaciones se pagan sobre esa base, no sirven para nada», exclamó Mirabal.
Resaltó que, en el caso del sector privado, desde 2017 han venido estableciendo modos de pago a sus trabajadores, al valor del dólar oficial, dólar paralelo, pagos en divisas en efectivo o a la tasa del euro para retener al talento humano, pero sin que repercuta en las prestaciones sociales; sin embargo, como no hay una reforma, existe un riesgo latente: Que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condene a pagar en la misma moneda en que se otorgan los pagos.
Considera que las prestaciones sociales deberían seguir protegiendo al trabajador y recompensando su antigüedad, pero al mismo tiempo ser eficazmente previsibles para los costos del empleador. Dijo que el país debería analizar la Ley 50 de 1990 en Colombia (Sistema de Cesantía). «Allí se prevé un pago anual depositado en la cuenta individual del trabajador. Ese monto no se recalcula a futuro; queda depositado y el trabajador puede hacer retiros parciales para fines específicos, como vivienda. El fondo definitivo se entrega al terminar la relación laboral».
Contratos colectivos
Tanto Tito López, presidente de Conindustria, como César Carballo, decano de la Facultad de Derecho de la UCAB, defendieron el planteamiento de que cada empresa, según su tamaño y realidad económica, debería tener libertad de discutir los contratos colectivos.
«Soy enemigo de los contratos colectivos unilaterales. El sector empresarial se divide en tres: pequeña, mediana y gran empresa…Con los excesivos pagos de tributos, las fallas eléctricas y todas las vicisitudes diarias, ¿cómo puede una pequeña organización sumarse a un contrato colectivo estructurado bajo los números que marcan las grandes industrias?, eso debe discutirse por separado», indicó el representante gremial.
Carballo agregó que la negociación colectiva por sector, pasa por alto las diferencias operativas y financieras entre cada empresa. «La negociación por empresa permite adaptar las condiciones de trabajo a la realidad específica».+
Inamovilidad laboral
Marieta Jerak, presidente de la Fundación Educación e Innovación Industrial (Fundei), Capítulo Lara y directora de la Cámara de Industriales del estado Lara (Cilara), sugirió que en Venezuela se revise el decreto de inamovilidad laboral, que se renueva cada año y en teoría lo que busca es proteger a los trabajadores ante la discriminación o despidos injustificados. Pero con el tiempo, se ha convertido para las empresas en una «camisa de fuerza» que distorsiona las relaciones de trabajo.
«Aquellos colaboradores que no aportan valor a una empresa no deberían permanecer, pero con quienes sí aportan hacemos todo lo posible, con las herramientas que tenemos para que se queden y contribuyan al crecimiento organizacional…Desde la perspectiva de Recursos Humanos, esto se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Dentro de las organizaciones ocurre con frecuencia que un gerente de área técnica nos aborda diciendo: «¿qué hacemos con este trabajador? A ver cómo lo resolvemos, porque no puedo tenerlo más». Y nosotros tenemos que responder: «Entra dentro de la protección de la inamovilidad». Fíjense la ironía: terminamos invirtiendo dinero en mantener a alguien que no rinde«, exclamó.
Alega que en Venezuela se requiere un cambio cultural sobre cómo se concibe el hecho social del trabajo. «No planteamos la eliminación absoluta de la protección laboral, pues existen circunstancias particulares que requieren tutela legal; lo que criticamos es su generalización como una camisa de fuerza que impide la movilidad funcional de los equipos de trabajo y penaliza el desempeño dentro de las empresas», refirió.
La primera inamovilidad laboral se decretó originalmente en abril de 2002, en el gobierno del expresidente Chávez (bajo el Decreto N° 1.739).
Piden marco regulatorio para el teletrabajo
El mundo digital avanza y Venezuela es el único país de Latinoamérica que no tiene una legislación específica sobre teletrabajo. En la actualización de la Ley Orgánica del Trabajo hace falta discutir ese marco regulatorio. Así lo planteó César Carballo, decano de la Facultad de Derecho de la UCAB, durante el foro «Reingeniería laboral en tiempos de transformación», realizado en la Cámara de Industriales del estado Lara.
«Por primera vez en nuestra historia laboral, caracterizada por la hiperregulación de todos los fenómenos del trabajo, nos encontramos ante un espacio de desregulación. Aunque produce temor separarse de la costumbre de que el Ejecutivo o el Legislativo dicten cómo regular cada relación de trabajo, la ausencia de una norma estatal permite que sean los propios actores, a través de acuerdos con los trabajadores, contratos individuales y convenios colectivos, quienes creen sus propias reglas rescatando la libertad de negociación», expresó.
Carballo sostiene que esto demuestra que las realidades laborales no se detienen a esperar por una ley. Las empresas y los trabajadores han podido adoptar el teletrabajo, pero la idea debe ser adelantarse, y generar marcos autorregulados que se adapten a la realidad social y económica de Venezuela.
Temen a estatizaciones
Tito López, presidente de Conindustria, indicó que hay dos razones por las que las inversiones extranjeras no terminan de ingresar: porque alegan que no hay seguridad jurídica que las blinde y porque sigue latente el temor a las estatizaciones de la propiedad privada.
«Más de 902 empresas fueron tomadas y expropiadas, y muchas de ellas no se han devuelto o privatizado a sus antiguos dueños; por lo tanto, se desconoce el pasivo laboral que acumulan…Los sindicatos deben dar un paso hacia un sindicalismo moderno, ya estamos cansados de confrontación», señaló.
Con información de la prensa de Lara
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