España pidió a Venezuela información sobre 14 prófugos de ETA que se refugian en el país
Durante los mandatos de Hugo Chávez y Maduro “los miembros de ETA huidos a Venezuela han gozado de la protección"
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La operación militar de EE. UU. del pasado 3 de enero para detener y sacar de Venezuela al entonces presidente Nicolás Maduro ha provocado en el país sudamericano una transición política que la justicia española quiere aprovechar.
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha librado una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a las autoridades de Caracas para que le faciliten información sobre 14 miembros de ETA huidos que supuestamente se refugian en su territorio, entre ellos Iñaki de Juana Chaos.
En su resolución, fechada el 19 de mayo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado señala que ha tomado esta decisión al considerar que el “cambio político operado recientemente en Venezuela” —en clara referencia a la llegada de Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro— “permite inferir una colaboración” de las autoridades del país sudamericano para localizar a este grupo de etarras.
El juez añade que a algunos de los miembros de ETA les constan “reclamaciones judiciales pendientes” por atentados de los primeros años de la democracia.
Hasta ahora, Venezuela ha rechazado las peticiones de colaboración, principalmente de extradición, alegando que los etarras reclamados por España se encuentran en el país amparados por un convenio bilateral de los años 80.
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¿Quiénes son?
Además de sobre De Juana, el juez pide a las autoridades judiciales venezolanas “cuanta información posean” de José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Arbe, y su pareja, María Artola Echeverría; Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Txistu; José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontan, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Olivia; Juan José Aristizábal Cortejarena, Manuel Asier Guridi Zaloña, Gari; Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal.
El magistrado pretende “poder determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista” dentro de una causa abierta en 2024 sobre el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK en sus siglas en euskera) en la que ya figuran como imputadas otras siete personas desde hace un año.
El juez señala que estos etarras supuestamente refugiados en Venezuela aparecen citados en un informe de la Guardia Civil del pasado 25 de septiembre en el que les vinculaba con el EIPK, un órgano que el instituto armado sitúa como subordinado al aparato político de la extinta organización terrorista y que esta utilizaba para realizar “un seguimiento” de los etarras asentados en terceros países y prestarles “asistencia jurídica y económica”, además de para someterlos a “control”, según detalla el magistrado.
El juez aclara que aspira a saber el “grado de responsabilidad en el seno de este colectivo” de cada uno de los 14 en una investigación sustentada en parte en el llamado archivo de ETA, más de 40.000 documentos en papel y cientos de terabytes en formato digital intervenidos a miembros de la banda armada entre 1999 y 2010 en Francia y que París remitió a España en 2018.
“El Pollo” Caravajal
El auto incluye una segunda comisión rogatoria, en este caso dirigida a EE. UU., donde se encuentra encarcelado por narcotráfico el exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, el exgeneral Hugo Armando Carvajal, El Pollo, extraditado a la justicia estadounidense por España en julio de 2023 tras ser arrestado en Madrid.
El juez pide a las autoridades de Washington que le faciliten “cuanta documentación o información se halle en el procedimiento judicial” seguido contra exmilitar venezolano “sobre los miembros de la organización terrorista ETA huidos de la justicia española residentes en Venezuela”. También que le tomen declaración como testigo, para lo cual anuncia que enviaría un “pliego de preguntas” si acceden a colaborar.
El juez concluye que la declaración de Carvajal puede servir para avalar los datos que pudiera aportar precisamente Caracas. Durante su estancia en España y para evitar su entrega a Estados Unidos, el exmilitar aseguró tener información sobre el paradero en Venezuela de presuntos miembros de ETA amparados por el régimen de Maduro e, incluso, ofreció un supuesto informe en el que aparecían datos de 17 de ellos, de los que 10 aparecen citados ahora en el auto del juez De Jorge.
Petición de la asociación de víctimas
El juez ha acordado librar ambas comisiones rogatorias —a las que se oponía la Fiscalía por considerarlas innecesarias— a petición de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), personada en esta causa como acusación popular.
En su escrito, fechado en enero semanas después de la caída de Maduro, DyJ sostenía que Venezuela es “uno de los países donde se ubica una de las mayores colonias de miembros de ETA” huidos de la justicia española. Según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional, las fuerzas de seguridad cifran en 23 los etarras en busca y captura “ubicados en distintos países”, entre los que citan al país sudamericano junto a Brasil, Cabo Verde, Cuba, Francia, México y Uruguay. Fotografías de parte de ellos aparecen en el listado de personas más buscadas que la Guardia Civil tiene en su página web.
La asociación de víctimas afirmaba en su escrito que “es notorio y conocido” que durante los mandatos de Hugo Chávez y Maduro “los miembros de ETA huidos a Venezuela han gozado de la protección por parte de las autoridades del país caribeño, haciendo inviable la puesta a disposición de estos ante la justicia española para responder por sus crímenes terroristas”.
DyJ añadía que ello se había traducido en la negativa de Caracas a atender “las múltiples peticiones de extradición que, en los últimos 25 años, se han cursado por las autoridades judiciales españolas, negando reiteradamente su colaboración en dichas entregas”. Esta actitud, recalca la asociación, ha imposibilitado que “hayan podido ser enjuiciados, habiendo prescrito en muchos de los casos, los delitos cuya participación se les atribuía”.
Era la propia asociación la que apuntaba en su escrito que la caída de Maduro invitaba “a considerar el cambio de situación política en Venezuela” como detonante de un hipotético cambio de las autoridades de Caracas que lleve a estas a “colaborar con España en la entrega de cuanta información tenga respecto de estos miembros de la organización terrorista ETA” o “cualquier otro no referido” en el escrito y que pudiera residir en el país.
En el caso de que las autoridades judiciales venezolanas finalmente faciliten los datos reclamados, DyJ aspira a que posteriormente el Gobierno de Delcy Rodríguez acuerde la “entrega y puesta a disposición de la justicia española” de los 14 etarras.
Con información de El País
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