Excomandantes de las FARC reciben condena máxima por más de 21.000 secuestros en Colombia
Los exjefes de las extintas FARC reciben condena máxima por más de 21.000 secuestros. La JEP dictó penas alternativas de ocho años a los antiguos comandantes de la guerrilla.
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Exjefes FARC reciben condena máxima por miles de secuestros cometidos durante el conflicto armado en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, junto con otros excomandantes, deberán cumplir ocho años de sanciones no privativas de libertad por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros.
Los magistrados establecieron que las penas incluirán restricciones a la movilidad y trabajos restaurativos en los territorios donde operaron, como apoyo en el desminado y colaboración en la búsqueda de desaparecidos. Se trata de la primera sentencia de este tribunal contra el antiguo Secretariado de las FARC desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
Quiénes son los condenados y qué implica la decisión
Entre los sancionados figuran Rodrigo Londoño, actual presidente del partido Comunes; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, hoy senador; Pablo Catatumbo, también congresista; Rodrigo Granda, conocido como “el canciller de las FARC”; además de Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez) y Jaime Alberto Parra, alias el Médico.
La condena máxima para estos exjefes se centra en reconocer su responsabilidad como máximos responsables del secuestro de civiles, una práctica sistemática que dejó heridas abiertas en miles de familias colombianas. Según la JEP, 21.396 víctimas fueron privadas de su libertad bajo la estrategia de financiación y control territorial de la guerrilla.
El fallo, que tardó más de siete años en materializarse, ha generado controversia en la opinión pública. Sectores críticos del Acuerdo de Paz sostienen que las penas son demasiado indulgentes frente a crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, defensores del modelo transicional resaltan que este esquema de justicia busca verdad, reparación y no repetición, más allá del castigo tradicional.
Los exjefes FARC reciben condena máxima, pero evitarán la cárcel gracias a lo pactado en La Habana. Este mecanismo, según sus impulsores, pretende garantizar la participación de los responsables en la construcción de paz y en la reparación de las víctimas.
La JEP, que tiene vigencia hasta 2037, continuará investigando otros crímenes cometidos tanto por exguerrilleros como por integrantes de la fuerza pública y actores paramilitares. Entre los casos pendientes figuran los conocidos como “falsos positivos”, en los que militares habrían presentado civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate.
La decisión judicial representa un hito en la historia reciente de Colombia. Por primera vez, los máximos líderes de la antigua guerrilla enfrentan una sanción colectiva que reconoce a miles de víctimas de secuestro. Aunque las penas no incluyen prisión, el alcance simbólico y político es significativo.
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