Expertos aclaran: NO ES FLEXIBILIZACIÓN de las SANCIONES, es CONTROL de EE.UU.
Asdrúbal Oliveros y José Vicente Carrasquero
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Finalmente, se concretó lo que hace algunos días dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en relación con que su gobierno “levantaría algunas sanciones” que permitirían el manejo de la industria petrolera, según el acuerdo entre la presidencia encargada y Donald Trump.
No obstante, una vez que se conoció la Licencia 46 emitida por la OFAC, los expertos aclaran que no es “una flexibilización de las sanciones”, sino que las mismas son más estrictas, puesto que EE. UU. asume el control prácticamente en su totalidad de la industria petrolera venezolana, lo que se complementa con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sancionada por la Asamblea Nacional.
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Los alcances, según Asdrúbal Oliveros
En este sentido, el economista Adrúbal Oliveros explica que “el hecho más significativo es que la Licencia General 46, que autoriza a empresas estadounidenses a producir, levantar, transportar y comercializar crudo y productos petroleros venezolanos, desde una perspectiva estrictamente económica, esta licencia mejora de forma tangible los términos de comercialización del crudo venezolano”.
La misma “reduce los descuentos asociados al riesgo sancionatorio, disminuye costos logísticos y financieros, y mejora el flujo de caja del sector petrolero, incluso en un entorno de precios internacionales relativamente contenidos”.
Sin embargo, Oliveros advierte que “conviene evitar lecturas excesivamente optimistas. La arquitectura financiera de la licencia es tan importante como la autorización operativa. Los ingresos derivados de estas operaciones deberán canalizarse a través de fideicomisos bajo control de Estados Unidos, con restricciones explícitas sobre su uso”.
A su juicio, “este diseño introduce altos niveles de trazabilidad y supervisión, limita la discrecionalidad y reduce el riesgo de monetización indirecta de los recursos. Desde el punto de vista macroeconómico, esto implica que el impacto fiscal y monetario inmediato será acotado, pero positivo para la trayectoria de la tasa de cambio y la inflación, pues con una inyección planificada y menos discrecional, la oferta de divisas será más eficiente para eliminar distorsiones como la brecha cambiaria”.
Agrega que, en paralelo, la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, con modificaciones relevantes respecto a su primera discusión —especialmente en materia tributaria—, envía una señal positiva en términos de incentivos a la inversión privada. No obstante, sus efectos sobre los niveles de producción serán graduales y dependerán de la estabilidad del marco regulatorio, de la seguridad jurídica y de la coherencia con el esquema sancionatorio vigente".
El espacio aéreo
Oliveros añade a su análisis la reapertura del espacio aéreo, que tiene “impactos positivos sobre conectividad, transporte y turismo, y los avances en el diseño de un nuevo régimen de subastas en el mercado cambiario. Este último elemento es particularmente relevante: si se implementa de forma consistente, puede contribuir a una formación de precios más ordenada y a una reducción de la volatilidad cambiaria, uno de los principales factores de inestabilidad macroeconómica en los últimos años”.
Transición
El economista piensa que, en conjunto, lo que emerge es un escenario de transición. Hay avances concretos, pero también restricciones claras. El impacto macroeconómico de estas medidas dependerá de su sostenibilidad en el tiempo, de la coherencia entre la política petrolera, fiscal y cambiaria, y, sobre todo, de su capacidad para generar certidumbre y anclar expectativas. Sin ese anclaje, cualquier mejora en flujos o ingresos corre el riesgo de ser transitoria".
Finalmente, dice que “la economía venezolana no está ante un punto de llegada, sino ante una fase delicada de reconfiguración o reseteo. Leer correctamente esta transición será clave para la toma de decisiones, tanto del sector público como del privado”.
José Vicente Carrasquero, otro modelo de sanciones
Por su parte, el analista José Vicente Carrasquero aclara que no se trata de un “levantamiento de sanciones”, porque “no lo es”
Dice que la Licencia 46 “marca más bien otro modelo de sanciones, pues ya no se trata solo de prohibir, sino de regular, vigilar y controlar cada movimiento del petróleo venezolano cuando participa una empresa establecida en EE. UU.”.
Considera que “la clave es que las sanciones siguen vigentes, pero Washington autoriza ciertas operaciones bajo condiciones durísimas: contratos sometidos a ley estadounidense, pagos vigilados que no pueden llegar al régimen, cero operaciones con Rusia, Irán o Cuba, reportes obligatorios cada 90 días y prohibición de pagos en oro o cripto”.
En otras palabras, destaca que “no es un alivio, no es normalización, sino ”supervisión total".
Concluye afirmando que el gobierno de Delcy Rodríguez “no recibe control, no recibe dinero directo y queda atrapado en un sistema donde cada barril legal debe pasar por los ojos de Washington. Este no es el fin de las sanciones: es la versión 2.0, pensada para cortar mafias, controlar flujos y evitar que la opacidad petrolera siga financiando a quienes han destruido al país”.

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