Familiares de militares presos en huelga de hambre denuncian graves violaciones a los DD. HH.
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A través de las redes sociales de la dirigente opositora María Corina Machado, se difundió un comunicado suscrito por más de 170 militares presos políticos recluidos en Ramo Verde, en el que denuncian las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas y exigen libertad.
«Por favor, ayúdennos a que el mundo entero sepa lo que ellos están sufriendo», escribió Machado en X.
Dijo que a estos militares «les han violado todos sus derechos humanos y garantías», y que «con inmenso coraje han decidido alzar sus voces a través del recurso más extremo: la huelga de hambre». «No están solos. Su país los acompaña exigiendo justicia y libertad», agregó.
El comunicado está fechado el 13 de noviembre de 2026 y está dirigido a las autoridades competentes. Denuncian “inobservancia y violación sistemática” de sus garantías constitucionales y del debido proceso.
Entre las irregularidades señalan que hay efectivos cuya condena expiró sin que se haya emitido la boleta de excarcelación, lo que, según el texto, configura una privación ilegítima de libertad.
Denuncian que existen expedientes sin tribunal asignado ni destino, situación que, según afirman, vulnera la garantía del juez natural. Agregan que los recursos de apelación sufren una paralización injustificada, con incumplimiento de los lapsos de la legislación procesal, penal y militar.
Anunciaron el inicio de una “protesta pacífica y colectiva de la población penal”, que, según el texto, se mantendrá de manera indefinida hasta que se constituyan mesas de trabajo y se den respuestas concretas. Aseguran que garantizarán el resguardo de las instalaciones y el respeto moral y físico a los funcionarios del penal.
Los militares piden la excarcelación inmediata de quienes cumplieron íntegramente su pena, en Ramo Verde y en otros recintos.
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Exigen también que se resuelvan los casos de tribunales derogados, entre ellos causas de tribunales de terrorismo y expedientes que han cambiado reiteradamente de órgano judicial, y que se atiendan los casos con presuntas violaciones al debido proceso desde la detención: detenciones sin orden judicial, sin flagrancia y sin investigación previa del Ministerio Público, restricciones a la defensa privada, presentaciones fuera de los lapsos del Código Orgánico Procesal Penal y “desapariciones forzosas temporales”.
Piden respeto a los lapsos de apelación y decisiones judiciales “ajustadas a derecho, sin presiones gubernamentales”, acceso a beneficios procesales como reducciones de pena por trabajo y estudio, y un canal de comunicación y verificación directa para incorporar los casos de presos políticos militares, en coordinación con familiares y defensores. Solicitan también la presencia e inspección de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales para garantizar su vida e integridad.
Plantea además que se considere conceder libertad en el exilio a quienes están presos por razones políticas, con la intervención del Gobierno de Noruega y de otros países. Para ello autorizan a la organización Héroes Anónimos a realizar los trámites.
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