Fiscalía de Colombia captura cinco policías por presunto contrabando en zona de frontera con Venezuela
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Cinco agentes activos de la Policía Nacional de Colombia, un funcionario de tránsito y dos civiles fueron asegurados por su presunta participación en una red de contrabando en zona de frontera con Venezuela, específicamente en el corregimiento La Parada, municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander.
Según la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían participado entre enero de 2023 y junio de 2024 en actividades ilícitas que facilitaban el ingreso irregular de mercancía y personas desde territorio venezolano a través de pasos informales conocidos como trochas.
Exigencias económicas a cambio de paso irregular
Las pruebas recabadas revelan que los funcionarios exigían dinero a ciudadanos extranjeros y contrabandistas para permitir el paso de productos ilegales y vehículos con placas venezolanas no autorizadas para circular en Colombia. Además, estarían involucrados en el tráfico irregular de personas que cruzaban sin cumplir con los requisitos migratorios establecidos.
Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó cargos por concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, prevaricato por omisión y tráfico de migrantes, según la supuesta responsabilidad de cada involucrado.
Los señalados son los subintendentes Pedro Javier Méndez Mendoza y Harold Alfredo Gómez Rivero; los patrulleros Wilson Miguel Caicedo Fernández, Alexander Rojas Torres y Pedro José Mayorga Albarracín; el agente de tránsito Hever Hernán Botero Camargo; y los particulares Álvaro Sarmiento Melo y Élber Mauricio Pérez Vergel.
El juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los cinco policías. Los otros tres imputados seguirán vinculados al proceso judicial, pero sin reclusión preventiva.
Incautación de medicamentos ilegales en el operativo
Durante las diligencias fue capturado en flagrancia Julio César Guerrero Ortiz, quien tenía en su poder medicamentos de alto costo para tratar enfermedades graves como cáncer y diabetes, sin autorización para almacenarlos ni comercializarlos. Además, no cumplían con las condiciones de conservación exigidas por las autoridades sanitarias.
A Guerrero Ortiz se le imputaron los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, y enajenación ilegal de medicamentos. El juez le impuso medida de aseguramiento domiciliaria.
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